Ahora que el estado de Guerrero se ha incendiado políticamente por los reclamos de la enardecida comunidad normalista que exige el esclarecimiento y aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde hace tres semanas, de manera reactiva los dirigentes nacionales de varios partidos políticos han propuesto blindar la selección de candidatos para evitar la repetición de hechos como los que llevaron a la postulación del ahora prófugo alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca.
 
En Veracruz, hasta el dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Gonzalo Guízar Valladares, anunció que someterán a sus próximos candidatos a la diputación federal a rigurosos exámenes de confiabilidad ante la PGR y la Procuraduría de Justicia del Estado para evitar cualquier tipo de infiltraciones dudosas. “Vamos a hacer una exhaustiva investigación de perfiles, que no estén vinculados por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia a la delincuencia organizada, a actos indeseables de la política como es la corrupción”, declaró este martes 14 el político sureño, quien anteriormente militó en el PRI y en el PAN, y al cual se le ha cuestionado en los últimos procesos electorales locales por proteger a familiares cercanos implicados en presuntos actos delictuosos.
 
Pero lo cierto es que esta buena intención de los líderes partidistas carece de soporte legal y procedimental, por lo que también se presta a otro tipo de ocurrencias, como la del diputado del PVEM, Arturo Escobar y Vega, quien dijo que entregarían a la PGR el padrón de sus militantes para que sean certificados. Sólo que su nómina es de un millón 50 mil afiliados.  
 

La ley establece que, al solicitar registro de sus candidatos, cada partido debe proporcionar, para propietarios y suplentes: nombre; lugar y fecha de nacimiento; domicilio y tiempo de residencia en el mismo; ocupación; clave de la credencial para votar y el cargo para el que se les postula. Pero con esos datos es prácticamente imposible que la autoridad electoral pueda verificar la inexistencia de vínculos con la delincuencia organizada o desorganizada. El INE y los institutos locales electorales tendrían que pedir más información de los candidatos, por ejemplo, un currículum vitae con los antecedentes laborales y políticos; también podría reimplantarse el requisito de presentar carta de no antecedentes penales, o en su caso, una declaración, bajo protesta de decir verdad, de no tenerlos, o de no estar sujeto a proceso penal; sin embargo, la dificultad es que el INE no puede ir más allá de lo que establece la ley, la cual se basa en este terreno en dos principios: la buena fe y la presunción de inocencia. Si un candidato se niega a proporcionar información adicional a la establecida por la LGIPE y por ello se le niega el registro, seguramente ganaría la impugnación ante los tribunales electorales.
 
Jorge Alcocer, experto en temas electorales, sugiere que para este blindaje electoral la única vía sería pactar un acuerdo entre todos los partidos, que diera base al INE y a los institutos estatales para recibir y verificar la entrega de información adicional de cada candidato, de tal forma que, en caso de incumplimiento, sean los partidos quienes subsanen la omisión, o cancelen la solicitud de registro, ya que reformar la ley a estas alturas es legalmente imposible porque el proceso electoral está en marcha.
 
Además, el politólogo advierte que otro problema es la dimensión del universo a cubrir: en 2015 habrá, por partido, 300 fórmulas de candidatos a diputados federales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional (plurinominales), que en total sumarían mil por partido considerando que es un propietario con su respectivo suplente. Actualmente son 10 partidos políticos con registro ante el INE, por lo que la cifra global sería de 10 mil candidatos a verificar. A dicha cantidad habría que sumar otros 90 abanderados a las gubernaturas de 9 estados; más 641 fórmulas de candidatos a diputados locales en las 17 entidades con elección concurrente, lo que daría alrededor de 12 mil 800 contendientes, sin considerar los aspirantes postulados por los partidos con registro local.
 

Por si ello fuera poco, también habrá elección de ayuntamientos en 993 municipios de 16 estados. Si solo se verificara a los candidatos a alcalde, sin contar a los síndicos y regidores que completan las planillas, el universo potencial a verificar sería de 9 mil 930, más los 160 candidatos a jefes delegacionales en el Distrito Federal. Considerando un promedio de 12 candidatos, sin suplentes, por planilla para los ayuntamientos, el número por verificar podría llegar a más de 120 mil.
 
En total, el número de expedientes de candidatos a verificar en el nivel nacional superaría los 142 mil. ¿Qué autoridad, con qué elementos y en qué plazo podrían cumplir con esta complicadísima tarea?, plantea Alcocer. Y es que apunta que el plazo de registro de candidatos a diputados federales es del 22 al 29 de marzo de 2015, y que para el 4 de abril están previstas las sesiones de los consejos del INE para aprobar los registros, por lo que las autoridades sólo dispondrían de cinco días para verificar 10 mil expedientes.
 
El ex subsecretario de la SEGOB refiere que en el pasado reciente, el IFE tuvo alguna experiencia con la verificación de “personas políticamente expuestas”, y que en el INE el futuro sistema de fiscalización en línea, con la colaboración de la Secretaría de Hacienda, bien podría ayudar a la prevención y detección de anomalías por partidos y candidatos. A ver cómo se echan este trompo a la uña que, por ahora, pareciera ser una mera “jalada”, pues en Guerrero todo mundo sabía desde hacía más de un año los crímenes del alcalde de Iguala y sus nexos con la delincuencia organizada, pero ni la Procuraduría local ni la PGR hicieron oportunamente nada, hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.