16 de octubre de 2014
alcalorpolitico.com
Una semana después del levantamiento armado del EZLN en Chiapas, a principios de enero de 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari tuvo que destituir de la Secretaría de Gobernación a su primo político, el ex gobernador chiapaneco José Patrocinio González Garrido, quien un año antes había sustituido al ex mandatario veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios, el cual fue sacado del gabinete salinista en 1993 por haber manifestado desde entonces sus aspiraciones por la candidatura priista a la Presidencia de la República.
Para sofocar el conflicto armado en el sureste mexicano, Salinas declaró de inmediato el cese unilateral del fuego, replegó al Ejército Mexicano y designó al canciller Manuel Camacho Solís como Comisionado para la Paz. Su determinación y prontitud para actuar en Chiapas fue motivada obviamente por el deterioro de su buena imagen ganada ante la comunidad internacional tanto por la serie de reformas constitucionales promovidas como por el Tratado de Libre Comercio para América del Norte que apenas el año anterior había firmado con los gobernantes de Estados Unidos y Canadá, lo que le hizo ganar reconocimiento mundial como el gran modernizador de México.
Con una crisis política diferente pero de similares efectos desgastantes –no sólo por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, sino también por los 22 presuntos delincuentes ejecutados por el Ejército en Tlatlaya, Estado de México, que inicialmente se quiso encubrir de manera oficial como un “enfrentamiento”– todo mundo esperaba una pronta y contundente reacción del presidente Enrique Peña Nieto, pero ésta es la hora en que el mandatario mexicano no logra pasar del discurso a la acción.
Desde el pasado 30 de septiembre, cuando exigió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, asumir su responsabilidad ante la violencia que impera en su estado, el presidente Peña no ha dejado de hablar sobre el caso Iguala. Anteayer, martes 14, al presidir la asamblea general del IMSS, el mexiquense arrancó su mensaje lamentando lo ocurrido el lunes en Chilpancingo, donde normalistas prendieron fuego al Palacio de Gobierno.
“La Procuraduría (General de la República) tiene a su cargo esta investigación y cuenta con el absoluto respaldo de todas las instituciones que forman el Gabinete de Seguridad Pública para cumplimentar la tarea que le ha sido confiada. Y yo espero que a la brevedad podamos dar los resultados y dar todo el esclarecimiento de estos hechos, ya que la sociedad demanda justicia ante los mismos”, expresó Peña Nieto, quien remarcó, otra vez, que “este es un tema que, sin duda, llevará al Estado mexicano, en su conjunto, a tomar acción, a tomar medidas que permitan evitar que eventos, como el ocurrido en Iguala, se vuelvan a repetir”.
Pero la desaparición de los 43 normalistas ya va para tres semanas. Además, desde hace más de un año, los titulares de la PGR y de la Secretaría de Gobernación fueron alertados acerca de los crímenes y secuestros atribuidos al alcalde prófugo de Iguala, así como de los nexos que el munícipe, su esposa, sus suegros y sus cuñados tenían desde el sexenio anterior con el cártel delos Beltrán Leyva, cuyo dinero “lavaban” a través de una plaza comercial y la compraventa de bienes raíces. De ese grupo delincuencial se escindió y formó la nueva célula criminal conocida como “Guerreros Unidos”, a cuyos sicarios, presuntamente, fueron entregados los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por narcopolicías municipales de Iguala y Cocula.
Ayer, miércoles 15, el procurador Jesús Murillo Karam y el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, debieron comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para informar a diputados y senadores sobre este caso de los normalistas desaparecidos. También fue citado Eugenio Imaz, director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), una instancia dependiente de Gobernación que debió dar seguimiento puntual a lo que el líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, y su esposa, la senadora Dolores Padierna, denunciaron oportunamente desde a mediados de 2013, al implicar al ahora alcalde prófugo José Luis Abarca en el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular.
¿O a poco era simple coincidencia que durante el primer año de gobierno de Abarca, los homicidios dolosos hayan aumentado 15 por ciento en el municipio de Iguala? Y es que de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación, en 2012 se registraron 93 asesinatos de ese tipo, cifra que creció a 107 al año siguiente.
¿Cómo generar confianza en la ciudadanía para que ésta denuncie ante la Federación a policías municipales, alcaldes, funcionarios, jefes policiacos y gobernantes estatales que estén coludidos con la delincuencia organizada, si ni la PGR ni la SEGOB van a proceder? ¿Así cuándo va a disminuir la inseguridad y la violencia originada por las bandas criminales?
Por eso no ha sido casual que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN respaldara la noche de este martes la propuesta de su bancada en el Senado para solicitar no sólo la desaparición de poderes en el estado de Guerrero sino que además exigiera al presidente Peña Nieto la remoción del procurador Murillo Karam, por su omisión al no investigar los crímenes cometidos en Iguala desde 2013. Sólo les faltó incluir a Osorio Chong, encargado de la seguridad nacional y quien también fue advertido a tiempo sobre el mismo caso.
Para sofocar el conflicto armado en el sureste mexicano, Salinas declaró de inmediato el cese unilateral del fuego, replegó al Ejército Mexicano y designó al canciller Manuel Camacho Solís como Comisionado para la Paz. Su determinación y prontitud para actuar en Chiapas fue motivada obviamente por el deterioro de su buena imagen ganada ante la comunidad internacional tanto por la serie de reformas constitucionales promovidas como por el Tratado de Libre Comercio para América del Norte que apenas el año anterior había firmado con los gobernantes de Estados Unidos y Canadá, lo que le hizo ganar reconocimiento mundial como el gran modernizador de México.
Con una crisis política diferente pero de similares efectos desgastantes –no sólo por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, sino también por los 22 presuntos delincuentes ejecutados por el Ejército en Tlatlaya, Estado de México, que inicialmente se quiso encubrir de manera oficial como un “enfrentamiento”– todo mundo esperaba una pronta y contundente reacción del presidente Enrique Peña Nieto, pero ésta es la hora en que el mandatario mexicano no logra pasar del discurso a la acción.
Desde el pasado 30 de septiembre, cuando exigió al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, asumir su responsabilidad ante la violencia que impera en su estado, el presidente Peña no ha dejado de hablar sobre el caso Iguala. Anteayer, martes 14, al presidir la asamblea general del IMSS, el mexiquense arrancó su mensaje lamentando lo ocurrido el lunes en Chilpancingo, donde normalistas prendieron fuego al Palacio de Gobierno.
“La Procuraduría (General de la República) tiene a su cargo esta investigación y cuenta con el absoluto respaldo de todas las instituciones que forman el Gabinete de Seguridad Pública para cumplimentar la tarea que le ha sido confiada. Y yo espero que a la brevedad podamos dar los resultados y dar todo el esclarecimiento de estos hechos, ya que la sociedad demanda justicia ante los mismos”, expresó Peña Nieto, quien remarcó, otra vez, que “este es un tema que, sin duda, llevará al Estado mexicano, en su conjunto, a tomar acción, a tomar medidas que permitan evitar que eventos, como el ocurrido en Iguala, se vuelvan a repetir”.
Pero la desaparición de los 43 normalistas ya va para tres semanas. Además, desde hace más de un año, los titulares de la PGR y de la Secretaría de Gobernación fueron alertados acerca de los crímenes y secuestros atribuidos al alcalde prófugo de Iguala, así como de los nexos que el munícipe, su esposa, sus suegros y sus cuñados tenían desde el sexenio anterior con el cártel delos Beltrán Leyva, cuyo dinero “lavaban” a través de una plaza comercial y la compraventa de bienes raíces. De ese grupo delincuencial se escindió y formó la nueva célula criminal conocida como “Guerreros Unidos”, a cuyos sicarios, presuntamente, fueron entregados los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa por narcopolicías municipales de Iguala y Cocula.
Ayer, miércoles 15, el procurador Jesús Murillo Karam y el titular de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, debieron comparecer ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para informar a diputados y senadores sobre este caso de los normalistas desaparecidos. También fue citado Eugenio Imaz, director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen), una instancia dependiente de Gobernación que debió dar seguimiento puntual a lo que el líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, y su esposa, la senadora Dolores Padierna, denunciaron oportunamente desde a mediados de 2013, al implicar al ahora alcalde prófugo José Luis Abarca en el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular.
¿O a poco era simple coincidencia que durante el primer año de gobierno de Abarca, los homicidios dolosos hayan aumentado 15 por ciento en el municipio de Iguala? Y es que de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación, en 2012 se registraron 93 asesinatos de ese tipo, cifra que creció a 107 al año siguiente.
¿Cómo generar confianza en la ciudadanía para que ésta denuncie ante la Federación a policías municipales, alcaldes, funcionarios, jefes policiacos y gobernantes estatales que estén coludidos con la delincuencia organizada, si ni la PGR ni la SEGOB van a proceder? ¿Así cuándo va a disminuir la inseguridad y la violencia originada por las bandas criminales?
Por eso no ha sido casual que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN respaldara la noche de este martes la propuesta de su bancada en el Senado para solicitar no sólo la desaparición de poderes en el estado de Guerrero sino que además exigiera al presidente Peña Nieto la remoción del procurador Murillo Karam, por su omisión al no investigar los crímenes cometidos en Iguala desde 2013. Sólo les faltó incluir a Osorio Chong, encargado de la seguridad nacional y quien también fue advertido a tiempo sobre el mismo caso.