Ante los aberrantes sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, no estaría mal que los gobernadores y alcaldes de otras entidades del país pusieran sus barbas a remojar porque ante la crisis política que ha detonado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que ha desacreditado mundialmente a su administración, el presidente Enrique Peña Nieto estaría por apretar tuercas en los otros dos niveles de gobierno, cuya debilidad institucional ha prohijado las complicidades de sus funcionarios con grupos criminales.
 
Y es que este jueves 16, en Xochitepec, Morelos, donde inauguró el Foro Internacional Alternativas Verdes, Peña Nieto anunció que más tarde se reuniría con su Gabinete de Seguridad para evaluar los avances de la investigación sobre la desaparición de los normalistas en Iguala, y tras agradecer públicamente la solidaridad que le han mostrado los gobernadores, insistió que esta trágica situación representa un gran reto para su régimen, pero también para el Estado en su conjunto, pues dijo que deben definirse tareas para fortalecer la institucionalidad de los municipios.
 
“El Estado en su conjunto deberá definir cuáles serán los mecanismos, las políticas, el marco normativo que impulsaremos para que los órdenes municipales, especialmente, cuenten con mayor fortaleza institucional”, señaló el Presidente ante el mandatario anfitrión, el morelense Graco Ramírez, y de los gobernadores de Puebla e Hidalgo, y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahí presentes.
 

En Veracruz, por ejemplo, se sabe al menos del caso de un alcalde priista de un municipio muy cercano a Xalapa, que a principios de este año se confrontó fuertemente con el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, por haber incorporado en la policía municipal a elementos que habían sido despedidos de la SSP porque se les comprobó –y presuntamente hasta ellos mismos lo reconocieron– que estaban al servicio de un poderoso grupo delictivo.
 
Son los mismos policías que recientemente fueron implicados y detenidos por el secuestro, tortura y ejecución de un relevante funcionario municipal que le había sido impuesto al alcalde por un ex gobernador que todavía ejerce gran influencia transexenal.
 
Y es que, con todos los indicios que existen –incluidos los señalamientos que presuntamente habrían hecho en contra del edil los policías municipales en su declaración ministerial–, no se entiende aún cómo es que la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha procedido y solicitado al Congreso local el desafuero del munícipe.
 

Este jueves, ante el emplazamiento público que le hizo la dirigencia nacional de su partido, el PRD, para que tome una decisión a la brevedad sobre su permanencia en el cargo, el gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tuvo que separar de la Secretaría de Salud a Lázaro Mazón Alonso, uno de sus delfines para sucederlo en la gubernatura, el cual será investigado por sus supuestos nexos con el alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
 
Y ayer mismo también, como por arte de magia, agentes de la Policía Ministerial del estado detuvieron en Acapulco al ex panista Aldy Manuel González Rodríguez, acusado de la muerte del secretario general del PAN en la entidad, Braulio Zaragoza Maganda Villanueva. El ex militante del partido blanquiazul fue aprehendido junto con su hermano Eder González.
 
El pasado 28 de septiembre, dos días después de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, un hombre en solitario ejecutó a Maganda Villanueva de tres impactos por la espalda cuando se encontraba al interior del restaurante del hotel El Mirador, frente a la Quebrada en el Acapulco Tradicional.
 

A González Rodríguez ya se le había acusado anteriormente del asesinato en el año 2007 del diputado panista Jorge Bajos Valverde, en el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, también del PRD.
 
Durante 4 años estuvo en prisión pero al cambio de administración estatal, con la llegada de Ángel Aguirre Rivero, el ex panista salió en libertad.
 
Quién sabe hasta dónde lo dejen o se atreva a llegar el presidente Peña Nieto, pero lo cierto es que de seguir consintiendo estas complicidades en los gobiernos estatales y municipales, muy difícilmente va a disminuir la inseguridad y la violencia de las bandas criminales.
 

PEÑA EN POZA RICA
 
Que ahora sí, este lunes 20, en Poza Rica, estará el presidente Enrique Peña Nieto para relanzar el programa “Prospera” que recién sustituyó a “Oportunidades”. La visita presidencial fue confirmada por Alberto Amador Leal, delegado de la Secretaría de Gobernación en el estado, quien supuestamente reporta a la SEGOB todas las situaciones graves que a veces ocurren en la entidad. Por cierto, su jefe, Miguel Ángel Osorio Chong, estará el día siguiente, martes 21, en el puerto de Veracruz para apadrinar en un súper evento en la Macro Plaza del Malecón a la nueva Fuerza Civil del estado, una corporación policíaca de élite que por ahora iniciará con 2 mil elementos bien armados y mejor capacitados, supuestamente.
 
AGUSTÍN ACOSTA
 

El prestigiado abogado Agustín Acosta Azcón participará este viernes por la tarde como conferencista magistral en los trabajos del Diplomado en “Gobernabilidad Democrática y Construcción de Ciudadanía”, que realizan conjuntamente la Secretaría de Gobierno y la Universidad Veracruzana. La presentación del hijo del ex gobernador Agustín Acosta Lagunes, quien recientemente cobró notoriedad por la exitosa defensa legal que hizo de la ciudadana francesa Florence Cassez, la cual fue encarcelada en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón al implicársele con una banda de secuestradores, lo que inclusive motivó un conflicto diplomático con el gobierno galo, tendrá lugar en la USBI-Xalapa.