3 de noviembre de 2014
alcalorpolitico.com
Hace más de cuatro meses ocurrió un hecho que en los medios informativos de Veracruz pasó prácticamente desapercibido: Albino Quintero Meraz, (a) “Don Beto” o “El Orejón”, abandonó el Penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que un juzgado federal del DF lo condenara el pasado 12 de junio a 12 años de prisión, pena que el narcotraficante ya había cumplido desde dos semanas antes del fallo judicial.
No obstante, si bien está libre, en breve Quintero podría ser perseguido de nueva cuenta debido a que la PGR apeló sus sentencias y los tribunales unitarios podrían modificarlas.
“Don Beto”, uno de los capos del Cártel de Juárez, se estableció en Veracruz recién iniciado el sexenio del gobernador Patricio Chirinos. En 1993 tuvo que dejar la plaza de San Luis Río Colorado, Sonora, y trasladarse al puerto jarocho porque los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, le habían puesto precio a su cabeza.
Durante todo el sexenio de Chirinos y parte de la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco (del cual inclusive llegó a ser vecino en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río), Quintero fue el principal operador del trasiego de la droga en la entidad; tenía bajo su control y en aparente paz al estado porque servía de enlace a los cárteles de Juárez y del Golfo –antes de que se escindieran “Los Zetas”–, así como al de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El 10 de enero de 2002, ya en el régimen alemanista, Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, se reunió en su casa de Matamoros con Quintero, quien a pesar de ser el operador en Veracruz de la organización juarense le pidió apoyo para cuidar y abastecer de combustible a unos aviones cargados de cocaína que harían una escala en Tierra Blanca. Las aeronaves, según declaró Albino a la PGR, aterrizaron “en un camino de terracería de Pemex”. El capo reveló que este mismo operativo lo hizo sólo “dos o tres veces”, pues fue aprehendido cuatro meses después en el puerto jarocho, por el Ejército.
A Quintero Meraz le atribuyen haber concertado también la fuga de Guzmán Loera del reclusorio federal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. Hace diez años, en 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Miguel Ángel Yunes Linares con Quintero Meraz, con base en declaraciones de testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el ex secretario de Gobierno de Chirinos habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”.
Yunes, aspirante a gobernador por el PAN, habría permitido en el sexenio chirinista, entre diciembre de 1992 y a mediados de 1997, el establecimiento de un corredor para el trasiego aéreo y terrestre de toneladas de cocaína, según reveló un informe “confidencial” del extinto comandante de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong –asesinado en julio de 2002, dos meses después de la detención de Quintero Meraz–, dirigido a la Coordinación General de la UEDO-PGR, fechado el 26 de octubre de 2001, en el cual se detalla: “A finales de 1995 Albino Quintero Meraz arregló su arribo y operación en Veracruz con el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares mediante la entrega de 10 millones de dólares...”.
Esta relación habría quedado inmortalizada incluso en un corrido de “Los Tucanes” de Tijuana, donde se menciona cómo Quintero “compró” la plaza en esta cantidad.
Posteriormente, Joaquín Legarreta, Asistente y Agente Especial de la DEA, en noviembre de 2001 dirigió una misiva al comandante Ventura para advertirle: “Existe una gran preocupación en la oficina de la DEA en la Ciudad de México, en virtud de que la organización de narcotraficantes que encabeza Albino Quintero continúa permeando las esferas de gobierno... las investigaciones que en forma conjunta realizamos obligan a iniciar un proceso con orden de arresto en contra del individuo Miguel Ángel Yunes Linares (dadas) sus constantes reuniones con fines delictivos con los Barones de la droga: su paso por el gobierno de Veracruz y actualmente en el Gobierno Federal lo ubica con un potencial que debe ser de inmediato frenado”.
En la averiguación previa 1226/MPFEADS/98 se citan las declaraciones del ex chofer de Albino Quintero y testigo protegido, Gildardo Muñoz Hernández, quien aseguró que Yunes Linares asistía a los cónclaves de su jefe con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, en el yate “Ashley” en Cancún. De igual forma, el también testigo protegido Carlos Alberto Treviño Escobar (cuya clave de testigo es “Sergio”) señaló que entre “los funcionarios que protegen a Albino están el que era gobernador, Patricio Chirinos; el que era Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes. A éstos se les entregó por la plaza 15 millones de dólares”.
Treviño Escobar agregó que Quintero recibió ayuda de Yunes cuando fue denunciado por la compra sospechosa de una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, muy cercana a la de Alemán Velasco. Según versión del testigo protegido, la denuncia no prosperó debido a la presunta intervención de Yunes.
Así que la podredumbre que ha aflorado en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas y las complicidades de gobernantes perredistas y policías municipales de Guerrero con la delincuencia organizada no es privativa de una región del país ni de un solo partido político. A ver si en la sucesión estatal de 2016 los veracruzanos no pierden la memoria.
No obstante, si bien está libre, en breve Quintero podría ser perseguido de nueva cuenta debido a que la PGR apeló sus sentencias y los tribunales unitarios podrían modificarlas.
“Don Beto”, uno de los capos del Cártel de Juárez, se estableció en Veracruz recién iniciado el sexenio del gobernador Patricio Chirinos. En 1993 tuvo que dejar la plaza de San Luis Río Colorado, Sonora, y trasladarse al puerto jarocho porque los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, le habían puesto precio a su cabeza.
Durante todo el sexenio de Chirinos y parte de la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco (del cual inclusive llegó a ser vecino en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río), Quintero fue el principal operador del trasiego de la droga en la entidad; tenía bajo su control y en aparente paz al estado porque servía de enlace a los cárteles de Juárez y del Golfo –antes de que se escindieran “Los Zetas”–, así como al de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El 10 de enero de 2002, ya en el régimen alemanista, Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, se reunió en su casa de Matamoros con Quintero, quien a pesar de ser el operador en Veracruz de la organización juarense le pidió apoyo para cuidar y abastecer de combustible a unos aviones cargados de cocaína que harían una escala en Tierra Blanca. Las aeronaves, según declaró Albino a la PGR, aterrizaron “en un camino de terracería de Pemex”. El capo reveló que este mismo operativo lo hizo sólo “dos o tres veces”, pues fue aprehendido cuatro meses después en el puerto jarocho, por el Ejército.
A Quintero Meraz le atribuyen haber concertado también la fuga de Guzmán Loera del reclusorio federal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. Hace diez años, en 2004, la revista “Proceso” estableció el presunto nexo de Miguel Ángel Yunes Linares con Quintero Meraz, con base en declaraciones de testigos protegidos y documentos de la Drug Enforcement Administration (DEA). Según versiones periodísticas, entre 1995 y 1996 el ex secretario de Gobierno de Chirinos habría recibido hasta 15 millones de dólares del narcotraficante como pago por “protección”.
Yunes, aspirante a gobernador por el PAN, habría permitido en el sexenio chirinista, entre diciembre de 1992 y a mediados de 1997, el establecimiento de un corredor para el trasiego aéreo y terrestre de toneladas de cocaína, según reveló un informe “confidencial” del extinto comandante de la AFI, Juan Carlos Ventura Moussong –asesinado en julio de 2002, dos meses después de la detención de Quintero Meraz–, dirigido a la Coordinación General de la UEDO-PGR, fechado el 26 de octubre de 2001, en el cual se detalla: “A finales de 1995 Albino Quintero Meraz arregló su arribo y operación en Veracruz con el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares mediante la entrega de 10 millones de dólares...”.
Esta relación habría quedado inmortalizada incluso en un corrido de “Los Tucanes” de Tijuana, donde se menciona cómo Quintero “compró” la plaza en esta cantidad.
Posteriormente, Joaquín Legarreta, Asistente y Agente Especial de la DEA, en noviembre de 2001 dirigió una misiva al comandante Ventura para advertirle: “Existe una gran preocupación en la oficina de la DEA en la Ciudad de México, en virtud de que la organización de narcotraficantes que encabeza Albino Quintero continúa permeando las esferas de gobierno... las investigaciones que en forma conjunta realizamos obligan a iniciar un proceso con orden de arresto en contra del individuo Miguel Ángel Yunes Linares (dadas) sus constantes reuniones con fines delictivos con los Barones de la droga: su paso por el gobierno de Veracruz y actualmente en el Gobierno Federal lo ubica con un potencial que debe ser de inmediato frenado”.
En la averiguación previa 1226/MPFEADS/98 se citan las declaraciones del ex chofer de Albino Quintero y testigo protegido, Gildardo Muñoz Hernández, quien aseguró que Yunes Linares asistía a los cónclaves de su jefe con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, en el yate “Ashley” en Cancún. De igual forma, el también testigo protegido Carlos Alberto Treviño Escobar (cuya clave de testigo es “Sergio”) señaló que entre “los funcionarios que protegen a Albino están el que era gobernador, Patricio Chirinos; el que era Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes. A éstos se les entregó por la plaza 15 millones de dólares”.
Treviño Escobar agregó que Quintero recibió ayuda de Yunes cuando fue denunciado por la compra sospechosa de una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río, muy cercana a la de Alemán Velasco. Según versión del testigo protegido, la denuncia no prosperó debido a la presunta intervención de Yunes.
Así que la podredumbre que ha aflorado en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas y las complicidades de gobernantes perredistas y policías municipales de Guerrero con la delincuencia organizada no es privativa de una región del país ni de un solo partido político. A ver si en la sucesión estatal de 2016 los veracruzanos no pierden la memoria.