5 de noviembre de 2014
alcalorpolitico.com
Preocupados por la creciente irritación y movilización social que cada vez cobra más fuerza en la República Mexicana y con repercusiones en el extranjero por el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que a casi 40 días de su desaparición forzada aún no pueden ser hallados vivos ni muertos por las Procuradurías y fuerzas de seguridad de la Federación y del estado de Guerrero, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, al unísono, en sendos comunicados y pronunciamientos por separado difundidos este domingo 2 de noviembre, pidieron unir fuerzas a fin de frenar la violencia en el país; impulsar un nuevo acuerdo nacional para redireccionar y construir una “auténtica” política de Estado en materia de seguridad, con visión de largo plazo, así como combatir a fondo la corrupción.
Este lunes 3, el presidente Peña Nieto se sumó al llamado de los líderes de las tres principales fuerzas partidistas y anunció que antes de viajar a China convocará a la representación del Estado mexicano, a los partidos políticos y las organizaciones civiles para firmar un acuerdo en materia de seguridad y evitar hechos como los de Iguala. El mandatario mexicano puntualizó que el tema de la seguridad compete a todos, no sólo al gobierno federal, por lo que independientemente de las investigaciones que se realizan por el caso de la desaparición de 43 normalistas, se deben emprender otras acciones en conjunto. “Dar la bienvenida a los posicionamientos que han expresado los partidos políticos y representantes de la sociedad civil por los hechos ocurridos en Iguala para que unamos esfuerzos en favor del Estado de Derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”, dijo en el acto protocolario de los reglamentos de la reforma energética.
Todo hace suponer que esta iniciativa ha sido impulsada desde la Presidencia de la República para amortiguar las críticas hacia Peña Nieto, quien ha sido cuestionado por viajar a China y Australia mientras el país sigue convulsionado por la desaparición de los normalistas. Y es que habría que preguntar si deveras, para evitar en el futuro otros casos como el de Iguala, es necesario firmar pactos o acuerdos para que cada gobernante, procurador de justicia, jefe policiaco o militar cumpla cabal y oportunamente con su deber legal, pues dicha tragedia evidenció no sólo la complicidad e impunidad de las autoridades municipales con un cártel de la delincuencia organizada (Guerreros Unidos) sino también la omisión de altos funcionarios del gobierno del estado –que inclusive facilitaron la huida del alcalde José Luis Abarca y su esposa, detenidos la madrugada de ayer en el Distrito Federal–, así como la negligencia de la Procuraduría General de la República, ya que desde el 12 de junio pasado había iniciado una averiguación previa formal contra el ex munícipe perredista, por el secuestro del líder social Arturo Hernández Cardona, pero la PGR no actuó sino hasta después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según documentos judiciales, la Fiscalía de Guerrero remitió en esa fecha los tres tomos de la averiguación previa HID/SC/01/0758/2013, para que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se hiciera a cargo de la indagatoria contra el ex presidente municipal, pero la dependencia federal fue pasiva.
La Subprocuraduría, a cargo aún de Rodrigo Archundia, inició la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, por el delito de secuestro en agravio de Hernández Cardona, Nicolás Mendoza Villa, el maestro Gregorio Dante Cervantes, Efraín Amates Luna, Félix Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado y Ángel Román Ramírez, miembros de la organización cívica Unión Popular. Dichos documentos son parte de la causa penal 100/2014 del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, en la que precisamente se ordenó la aprehensión de Abarca y de 23 policías y presuntos narcotraficantes.
El procurador Jesús Murillo Karam declaró hace unos días que cuando revisó si había una indagatoria por este caso, ubicó la averiguación en la Procuraduría de Guerrero y que ello le resultó suficiente porque ya se investigaba en el fuero común. Pero lo cierto es que la averiguación existía desde mediados de año y algunas fuentes federales afirmaron que desde agosto la PGR ya tenía los elementos suficientes para actuar contra Abarca por el caso de los activistas, pero no procedió a solicitar su aprehensión sino hasta el 17 de octubre. La orden de aprehensión librada contra el alcalde con licencia corresponde de hecho a esa averiguación previa que inició la SEIDO desde el 12 de junio.
Pero de este caso tampoco se salvan las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, pues ni el CISEN ni el aparato de inteligencia militar funcionaron oportunamente. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, por ejemplo, dijo la semana anterior que pidió al ex gobernador Ángel Aguirre que vigilara a Abarca para evitar que huyera, pues reiteró que su caso era del fuero común, aunque el Juzgado ordenó la captura del ex edil por delincuencia organizada, el secuestro de Hernández Cardona y sus compañeros, registrado en mayo de 2013 en Iguala, así como por el homicidio del regidor Justino Carbajal Salgado, registrado el 8 de marzo de 2013
Y, en cuanto a la SEDENA, Salvador Bravo Bárcenas, director de la Policía de Cocula, declaró ante la PGR que el comandante César Nava González, uno de los responsables de entregar a los 43 normalistas de Ayotzinapa a los Guerreros Unidos, fue detenido en agosto de 2013 por elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, pero que inexplicablemente lo dejaron en libertad ese mismo día. Nava fue acusado por Bravo de usar municiones que no eran de la Policía y de arrebatarle el control de la corporación mediante amenazas. Sin embargo, a las pocas horas regresó a sus actividades como subdirector de la Policía municipal. Según relató Bravo Bárcenas a la SEIDO el pasado 15 de octubre, en menos de año y medio Nava infiltró y logró poner a la Policía de Cocula al servicio del crimen organizado, y que el Ejército fue enterado pero no actuó.
¿Deveras se necesitará firmar un acuerdo para que cada instancia ministerial, policiaca, militar o de seguridad nacional cumpla cabalmente con su deber legal tope donde tope?
Este lunes 3, el presidente Peña Nieto se sumó al llamado de los líderes de las tres principales fuerzas partidistas y anunció que antes de viajar a China convocará a la representación del Estado mexicano, a los partidos políticos y las organizaciones civiles para firmar un acuerdo en materia de seguridad y evitar hechos como los de Iguala. El mandatario mexicano puntualizó que el tema de la seguridad compete a todos, no sólo al gobierno federal, por lo que independientemente de las investigaciones que se realizan por el caso de la desaparición de 43 normalistas, se deben emprender otras acciones en conjunto. “Dar la bienvenida a los posicionamientos que han expresado los partidos políticos y representantes de la sociedad civil por los hechos ocurridos en Iguala para que unamos esfuerzos en favor del Estado de Derecho, combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad”, dijo en el acto protocolario de los reglamentos de la reforma energética.
Todo hace suponer que esta iniciativa ha sido impulsada desde la Presidencia de la República para amortiguar las críticas hacia Peña Nieto, quien ha sido cuestionado por viajar a China y Australia mientras el país sigue convulsionado por la desaparición de los normalistas. Y es que habría que preguntar si deveras, para evitar en el futuro otros casos como el de Iguala, es necesario firmar pactos o acuerdos para que cada gobernante, procurador de justicia, jefe policiaco o militar cumpla cabal y oportunamente con su deber legal, pues dicha tragedia evidenció no sólo la complicidad e impunidad de las autoridades municipales con un cártel de la delincuencia organizada (Guerreros Unidos) sino también la omisión de altos funcionarios del gobierno del estado –que inclusive facilitaron la huida del alcalde José Luis Abarca y su esposa, detenidos la madrugada de ayer en el Distrito Federal–, así como la negligencia de la Procuraduría General de la República, ya que desde el 12 de junio pasado había iniciado una averiguación previa formal contra el ex munícipe perredista, por el secuestro del líder social Arturo Hernández Cardona, pero la PGR no actuó sino hasta después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según documentos judiciales, la Fiscalía de Guerrero remitió en esa fecha los tres tomos de la averiguación previa HID/SC/01/0758/2013, para que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada se hiciera a cargo de la indagatoria contra el ex presidente municipal, pero la dependencia federal fue pasiva.
La Subprocuraduría, a cargo aún de Rodrigo Archundia, inició la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, por el delito de secuestro en agravio de Hernández Cardona, Nicolás Mendoza Villa, el maestro Gregorio Dante Cervantes, Efraín Amates Luna, Félix Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado y Ángel Román Ramírez, miembros de la organización cívica Unión Popular. Dichos documentos son parte de la causa penal 100/2014 del Juzgado Primero de Distrito de Matamoros, en la que precisamente se ordenó la aprehensión de Abarca y de 23 policías y presuntos narcotraficantes.
El procurador Jesús Murillo Karam declaró hace unos días que cuando revisó si había una indagatoria por este caso, ubicó la averiguación en la Procuraduría de Guerrero y que ello le resultó suficiente porque ya se investigaba en el fuero común. Pero lo cierto es que la averiguación existía desde mediados de año y algunas fuentes federales afirmaron que desde agosto la PGR ya tenía los elementos suficientes para actuar contra Abarca por el caso de los activistas, pero no procedió a solicitar su aprehensión sino hasta el 17 de octubre. La orden de aprehensión librada contra el alcalde con licencia corresponde de hecho a esa averiguación previa que inició la SEIDO desde el 12 de junio.
Pero de este caso tampoco se salvan las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, pues ni el CISEN ni el aparato de inteligencia militar funcionaron oportunamente. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, por ejemplo, dijo la semana anterior que pidió al ex gobernador Ángel Aguirre que vigilara a Abarca para evitar que huyera, pues reiteró que su caso era del fuero común, aunque el Juzgado ordenó la captura del ex edil por delincuencia organizada, el secuestro de Hernández Cardona y sus compañeros, registrado en mayo de 2013 en Iguala, así como por el homicidio del regidor Justino Carbajal Salgado, registrado el 8 de marzo de 2013
Y, en cuanto a la SEDENA, Salvador Bravo Bárcenas, director de la Policía de Cocula, declaró ante la PGR que el comandante César Nava González, uno de los responsables de entregar a los 43 normalistas de Ayotzinapa a los Guerreros Unidos, fue detenido en agosto de 2013 por elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala, pero que inexplicablemente lo dejaron en libertad ese mismo día. Nava fue acusado por Bravo de usar municiones que no eran de la Policía y de arrebatarle el control de la corporación mediante amenazas. Sin embargo, a las pocas horas regresó a sus actividades como subdirector de la Policía municipal. Según relató Bravo Bárcenas a la SEIDO el pasado 15 de octubre, en menos de año y medio Nava infiltró y logró poner a la Policía de Cocula al servicio del crimen organizado, y que el Ejército fue enterado pero no actuó.
¿Deveras se necesitará firmar un acuerdo para que cada instancia ministerial, policiaca, militar o de seguridad nacional cumpla cabalmente con su deber legal tope donde tope?