Ante el descrédito popular en que han caído últimamente los gobernantes de los distintos partidos políticos –que van desde los famosos “moches” que institucionalizaron los legisladores federales del PAN hasta el fraude de la Línea 12 del Metro que salpicó a la administración perredista de Marcelo Ebrard, y los escándalos recién destapados en el régimen del presidente Enrique Peña Nieto, que obligaron al mandatario priista no sólo a cancelar la licitación del tren rápido México-Querétaro sino también a que su esposa Angélica Rivera diera explicaciones públicas y se deshiciera de la llamada “Casa Blanca” por un supuesto conflicto de interés–, este martes 9 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, le puso el cascabel al gato al ordenar a todos los funcionarios de su gabinete que hagan pública su declaración patrimonial.
 
El mandatario capitalino dio la orden ayer durante la presentación del “Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Prevención y Combate a la Corrupción de la Ciudad de México”.
 
“Instruyo a los miembros de mi gabinete legal, para que en el marco de la ley y a la brevedad, presenten las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales a la Contraloría. Todo el Gabinete sin excepción. Quien no lo quiera hacer, pues ya conoce cuál será la decisión del Jefe de Gobierno”, advirtió.
 

El tema, según explicó posteriormente Mancera, fue hablado también con los Jefes Delegacionales y decidieron por unanimidad secundar la iniciativa, así como hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
 
Ojalá que este buen ejemplo del perredista que gobierna la Ciudad de México cundiera en el resto del país y fuera retomada por los gobernadores del PRI, PAN y PRD.
 
La semana anterior comentábamos aquí, en este mismo espacio periodístico, lo dicho por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante la conferencia de prensa convocada el pasado martes 2 en las instalaciones del velódromo. En esa ocasión, aunque los representantes de los medios de comunicación fueron invitados para informarles sobre otro tema muy distinto y distante, el jefe del Ejecutivo del estado tuvo que responder sobre las aspiraciones políticas de algunos de sus colaboradores que ya comen ansias por ser postulados a la diputación federal para el año próximo.
 

“No, no me han presentado hasta ahora ninguna renuncia mis colaboradores. ¿Que si me han comentado? Sí, sí hemos comentado, como lo hacemos de manera permanente, acerca del panorama político, social y económico, y en algunos casos me han comentado su deseo, trayectoria política y futuro”, comentó para luego precisar que la definición de estas candidaturas no es una facultad suya sino de la dirigencia de su partido, el PRI.
 
No obstante, Duarte de Ochoa dijo que se mantendría atento a los tiempos que marque el Revolucionario Institucional y a la normatividad que exija. Y luego expresó: “Lo que sí les he dicho a todos los que quieran participar es que tienen que ser muy pulcros en lo que tiene que ver con su desarrollo, su participación, cumplir puntualmente con lo que establece la normatividad para evitar cualquier situación que pueda afectar su participación y la propia imagen del gobierno”.
 
Sin embargo, ante el manifiesto hartazgo ciudadano por tanto abuso, impunidad y corrupción, tal pareciera que el solo llamado del mandatario veracruzano a una obligada pulcritud no sería suficiente para sus colaboradores, muy cuestionados en su mayoría por su acelerado e inexplicable enriquecimiento.
 

Otros más, como los secretarios de Protección Civil, Nohemí Guzmán Lagunes, y de Educación, Adolfo Mota Hernández, ya tienen en su contra sendas denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de precampaña y por el presunto uso de recursos públicos para su promoción personal.
 
Así que haría bien el gobernador Javier Duarte en secundar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que además de exigirles pulcritud en su comportamiento como servidores públicos les ordene transparentar todos los bienes patrimoniales que han adquirido en los últimos diez años, lapso en que muchos de ellos ocuparon cargos relevantes, primero en la administración del gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y luego en la presente gestión duartista, amasando cuantiosas e inexplicables fortunas.
 
Sería una buena decisión del mandatario estatal priista que además políticamente blindaría de toda duda y sospecha a sus colaboradores que antes de que finalice este año habrán de renunciar a sus puestos en el gobierno del estado para estar en condiciones legales de contender en el proceso interno del PRI como precandidatos a la diputación federal.
 

¿O con qué cara irá el secretario de Desarrollo Social, Jorge Carvallo Delfín, a solicitar primero el voto de la militancia priista del distrito electoral federal de San Andrés Tuxtla, cuando su propio padre, Jorge Carvallo Hernández, ha sido el principal crítico del súbito enriquecimiento de su hijo a partir de que llegó a Veracruz en el gobierno de Herrera Beltrán?
 
Y en esa misma situación, tan incómoda como cuestionable, se ubicarían también otros aspirantes a candidatos priistas, como el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Gabriel Deantes Ramos, que pretende ser nominado por ¡Zongolica!, y el ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar Spinoso Carrera, quien se perfila por el distrito de Martínez de la Torre, no obstante que ambos fueron cesados y linchados mediáticamente hace apenas nueve meses.