10 de febrero de 2015
alcalorpolitico.com
Este lunes 9, Yolanda Gutiérrez Carlín rindió protesta formal como secretaria de Protección Civil del estado, un cargo al que hace 23 días se daba como un hecho la llegada de Jorge Moreno Salinas, otro político muy allegado al senador priista Héctor Yunes Landa, fuerte aspirante a la gubernatura.
Sin embargo, el sábado 17 de enero, en la comida de Alianza Generacional realizada en el puerto de Veracruz, el propio Yunes Landa anunció a los cientos de simpatizantes ahí reunidos que Moreno Salinas no asumiría dicho cargo.
“En los días recientes diversos medios de comunicación han difundido la versión de (que) uno de los más destacados aliancistas de nuestro estado: mi compadre, mi amigo, mi hermano, Jorge Moreno Salinas, asumirá el cargo de Secretario de Protección Civil en nuestra entidad. Quiero precisar, sin mayor detalle, que Jorge no rendirá protesta a cargo alguno, al menos en el próximo año, 10 meses y 13 días. Y que desde la sociedad civil seguirá construyendo el relevo institucional de Veracruz”, expresó el aspirante a la gubernatura, quien por esos días protagonizaba una fuerte confrontación pública con el gobernador Javier Duarte por la iniciativa de reforma política-electoral que el mandatario veracruzano propuso al Congreso local para que en 2016 se elija por única vez a un gobernador de dos años.
Como en aquella comida regional de Alianza Generacional el senador Yunes Landa se abstuvo de dar “mayor detalle” de por qué decidió que Moreno Salinas no aceptara dicho cargo en el gabinete duartista, ahora la llegada de Gutiérrez Carlín a la administración estatal ha desatado diversas especulaciones, dado que la ex directora de la CAEV es otra destacada “aliancista” que políticamente le ha apostado a Héctor Yunes desde la sucesión de 2010, cuando el ex subsecretario de Gobierno fue desplazado por el entonces gobernador Fidel Herrera para imponer a Duarte de Ochoa.
¿Ya habrá pactado Yunes Landa con Javier Duarte? ¿O a poco Yolanda Gutiérrez se fue por la “libre” sin consultar a su “aliado” el senador, quien casualmente preside la Comisión de Protección Civil en la Cámara alta del Congreso de la Unión? El que debe estar “loco” de contento debe ser Moreno Salinas, quien por un berrinche de su temperamental “amigo”, “compadre” y “hermano” sigue en la banca esperando pacientemente su turno al bat en la nómina gubernamental. Ojalá Héctor Yunes corresponda a su lealtad y le cumpla dentro de un año, nueve meses y 19 días, si acaso llegara a suceder a Duarte.
LA BATALLA DE PEPE LIMA
Por cierto, hablando del Senado de la República: el que actualmente protagoniza una cruenta batalla legal es el abogado nativo de Tamiahua, José Lima Cobos, quien de manera injustificada no fue ratificado por la Cámara alta del Congreso de la Unión y, por ende, ha sido injustamente suspendido como Magistrado Agrario en el distrito 40, con residencia en la ciudad San Andrés Tuxtla, razón por la que ha promovido sendos juicios de amparo.
Precisamente, por considerar que se le conculcan sus derechos, Lima Cobos acaba de interponer ante el H. Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito un Recurso de Revisión sobre el Expediente de Amparo número 1285/2014 en contra de la resolución dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito por el que se le niega la suspensión definitiva notificada el 18 de enero del año en curso para que no continúe en el desempeño de sus funciones.
En su alegato jurídico, Pepe Lima expone que le causa agravio que se afirme que la suspensión que se solicita paralice los efectos del nombramiento para continuar en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, que implicaría la prolongación de su cargo de magistrado que era por 6 años “y que se ha prolongado por negligencia o apatía a más de 12 años, lo que es contrario, pues de otra suerte se permite que la arbitrariedad de la autoridad responsable se perpetúe o se prolongue a plazo tal, que mantiene al suscrito en la incertidumbre e inseguridad jurídica, pues con el retraso se impide que se alcance la inamovilidad cuando la Suprema Corte ha precisado que la ratificación del magistrado no puede estar sujeta a la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda esta tarea, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales que debe prevalecer en el ejercicio libre y responsable del juzgador, quien únicamente está sometido al imperio de la ley y no al capricho o a la negligencia de quienes están obligados a cumplir con el respeto a la ley (...)”
Y refiere que “el amparo 804/2012 –el primer recurso legal que interpuso y que hasta la fecha no ha sido plenamente resuelto ni ejecutado– es elocuente en su contenido y análisis para acreditar la apariencia del buen derecho al no probarse, por parte del Senado, que haya incurrido en alguna conducta grave que empañe mi prestigio y que continué ejerciendo mis funciones…” Además puntualiza que “la apariencia del buen derecho y el interés social no se estudia de manera detallada en cuanto al acto reclamado como negativo, porque se rehúsa la ratificación”, y que “no se pondera que este nuevo acto proviene de un amparo ejecutoriado que tendría que determinar la autoridad amparadora”, por lo que no procede su destitución “hasta que esto se determine en definitiva”.
Sin embargo, el sábado 17 de enero, en la comida de Alianza Generacional realizada en el puerto de Veracruz, el propio Yunes Landa anunció a los cientos de simpatizantes ahí reunidos que Moreno Salinas no asumiría dicho cargo.
“En los días recientes diversos medios de comunicación han difundido la versión de (que) uno de los más destacados aliancistas de nuestro estado: mi compadre, mi amigo, mi hermano, Jorge Moreno Salinas, asumirá el cargo de Secretario de Protección Civil en nuestra entidad. Quiero precisar, sin mayor detalle, que Jorge no rendirá protesta a cargo alguno, al menos en el próximo año, 10 meses y 13 días. Y que desde la sociedad civil seguirá construyendo el relevo institucional de Veracruz”, expresó el aspirante a la gubernatura, quien por esos días protagonizaba una fuerte confrontación pública con el gobernador Javier Duarte por la iniciativa de reforma política-electoral que el mandatario veracruzano propuso al Congreso local para que en 2016 se elija por única vez a un gobernador de dos años.
Como en aquella comida regional de Alianza Generacional el senador Yunes Landa se abstuvo de dar “mayor detalle” de por qué decidió que Moreno Salinas no aceptara dicho cargo en el gabinete duartista, ahora la llegada de Gutiérrez Carlín a la administración estatal ha desatado diversas especulaciones, dado que la ex directora de la CAEV es otra destacada “aliancista” que políticamente le ha apostado a Héctor Yunes desde la sucesión de 2010, cuando el ex subsecretario de Gobierno fue desplazado por el entonces gobernador Fidel Herrera para imponer a Duarte de Ochoa.
¿Ya habrá pactado Yunes Landa con Javier Duarte? ¿O a poco Yolanda Gutiérrez se fue por la “libre” sin consultar a su “aliado” el senador, quien casualmente preside la Comisión de Protección Civil en la Cámara alta del Congreso de la Unión? El que debe estar “loco” de contento debe ser Moreno Salinas, quien por un berrinche de su temperamental “amigo”, “compadre” y “hermano” sigue en la banca esperando pacientemente su turno al bat en la nómina gubernamental. Ojalá Héctor Yunes corresponda a su lealtad y le cumpla dentro de un año, nueve meses y 19 días, si acaso llegara a suceder a Duarte.
LA BATALLA DE PEPE LIMA
Por cierto, hablando del Senado de la República: el que actualmente protagoniza una cruenta batalla legal es el abogado nativo de Tamiahua, José Lima Cobos, quien de manera injustificada no fue ratificado por la Cámara alta del Congreso de la Unión y, por ende, ha sido injustamente suspendido como Magistrado Agrario en el distrito 40, con residencia en la ciudad San Andrés Tuxtla, razón por la que ha promovido sendos juicios de amparo.
Precisamente, por considerar que se le conculcan sus derechos, Lima Cobos acaba de interponer ante el H. Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito un Recurso de Revisión sobre el Expediente de Amparo número 1285/2014 en contra de la resolución dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito por el que se le niega la suspensión definitiva notificada el 18 de enero del año en curso para que no continúe en el desempeño de sus funciones.
En su alegato jurídico, Pepe Lima expone que le causa agravio que se afirme que la suspensión que se solicita paralice los efectos del nombramiento para continuar en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, que implicaría la prolongación de su cargo de magistrado que era por 6 años “y que se ha prolongado por negligencia o apatía a más de 12 años, lo que es contrario, pues de otra suerte se permite que la arbitrariedad de la autoridad responsable se perpetúe o se prolongue a plazo tal, que mantiene al suscrito en la incertidumbre e inseguridad jurídica, pues con el retraso se impide que se alcance la inamovilidad cuando la Suprema Corte ha precisado que la ratificación del magistrado no puede estar sujeta a la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda esta tarea, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales que debe prevalecer en el ejercicio libre y responsable del juzgador, quien únicamente está sometido al imperio de la ley y no al capricho o a la negligencia de quienes están obligados a cumplir con el respeto a la ley (...)”
Y refiere que “el amparo 804/2012 –el primer recurso legal que interpuso y que hasta la fecha no ha sido plenamente resuelto ni ejecutado– es elocuente en su contenido y análisis para acreditar la apariencia del buen derecho al no probarse, por parte del Senado, que haya incurrido en alguna conducta grave que empañe mi prestigio y que continué ejerciendo mis funciones…” Además puntualiza que “la apariencia del buen derecho y el interés social no se estudia de manera detallada en cuanto al acto reclamado como negativo, porque se rehúsa la ratificación”, y que “no se pondera que este nuevo acto proviene de un amparo ejecutoriado que tendría que determinar la autoridad amparadora”, por lo que no procede su destitución “hasta que esto se determine en definitiva”.