Ricardo García Guzmán llegó muy filoso a la Contraloría General del Estado que ya había ocupado el sexenio antepasado con el ex gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004).

A principios de enero de este año, por ejemplo, ordenó la destitución inmediata de un funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) que fue expuesto en el noticiero matutino del Canal de las Estrellas de Televisa por utilizar en un día inhábil un supuesto vehículo oficial para llevar a su familia a un famoso zoológico de Puebla.
 
Pero según versiones de otros funcionarios de la SIOP, el despido de este empleado habría sido injusto porque el vehículo que usó era de su propiedad aunque él, por su cuenta, había decidido rotularlo con el nombre de la secretaría de despacho en la que laboraba, lo que equivocadamente hizo suponer que estaba haciendo mal uso de un recurso oficial.
 

Ahora García Guzmán anda con la espada desenvainada para que todos los miembros del gabinete estatal cumplan cabalmente con el Decálogo de Austeridad anunciado por el gobernador Javier Duarte; el ex alcalde y ex diputado local por Pánuco ya advirtió a los funcionarios que quien no lo acate se expondrá a sanciones que podrían llegar hasta el cese.
 
Sin embargo, el titular de la Contraloría General del Estado estaría obligado a seguir otros casos que últimamente han trascendido también a la opinión pública y que, por oficio, requerirían de su atención y de la misma determinación.
 
Por ejemplo, ya son varios líderes empresariales de la industria de la construcción que públicamente se han quejado de los “malos tratos” y de los presuntos “moches” que a través de un pariente político cercano les estaría exigiendo el director del Instituto de Espacios Educativos, Pedro Montalvo Gómez, para darles contratos de obra en dicha dependencia estatal.
 

El primero en denunciar a Montalvo ante los medios de comunicación fue Rafael Núñez Landa, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, A.C. (ACEVAC), pero este martes 24 los diez directivos de la Asociación Institucional Veracruzana de Ingenieros Civiles, A.C., que preside el ingeniero Víctor Hugo Leal Domínguez, publicaron un desplegado en el Diario de Xalapa precisamente para exigir al gobernador Duarte de Ochoa y al secretario de Educación de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, que tomen medidas enérgicas ya que “como Asociación nos inconformamos con los condicionamientos para acceder a algún contrato que nos hace un tal Ernesto Ramírez, quien opera desde una oficina contigua al Director de Espacios Educativos de Veracruz, además de una salvedad: que el mencionado no aparece en nómina.”
 
También cuestionan que Montalvo Gómez “no se ha profesionalizado, lo que provoca tener un trato incorrecto hacia los profesionales de la construcción.” Y es que el funcionario sólo cursó hasta el cuarto semestre la carrera de Ingeniero Industrial Mecánico.
 
Quienes dieron seguimiento al polémico desempeño de Montalvo como director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz al inicio de esta administración seguramente no les sorprende los señalamientos que ahora han vuelto a hacer los constructores en su contra, pues durante su paso como titular de la CAEV igualmente fue acusado de cobrar “moches” a los contratistas a través de su cuñado y de haber incrustado en la nómina de diferentes organismos municipales operadores del agua a otros parientes cercanos.
 

Montalvo fue rescatado por el gobernador Duarte a finales de diciembre del año pasado, luego del sorpresivo despido de la ex panista Xóchitl Tress Rodríguez.
 
Este conflicto del ex diputado federal priista de Zongolica con los constructores ha venido a reactivar los altibajos de la relación del gobierno del estado con la clase empresarial, cuyo peor momento ocurrió a mediados de enero de este año, cuando un grupo de líderes de diversas cámaras de la iniciativa privada fueron sacados por elementos de seguridad de la Secretaría de Finanzas y Planeación no obstante que habían sido citados por el entonces titular de las Sefiplan, Mauricio Audirac, para tratar lo referente al pago de los adeudos que en algunos casos datan del sexenio anterior.
 
Por si fuera poco, este martes 24, el presidente de la Coparmex Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, se quejó de que el actual titular de la CAEV, Francisco Valencia, y otros secretarios de despacho, entre ellos la de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín, quien acaba de retornar de Japón, no reciben a los socios de esta cámara empresarial.
 

“Tenemos tres meses y no nos han recibido”, se quejó Jiménez Silva, quien adujo que a los socios de la Coparmex les interesa saber las obras y adquisiciones en las que podrían participar. “Te enteras de los presupuestos que va a haber por año y realmente lo que va a comprar el gobierno. Si nosotros no tenemos esa información, ¿cómo la vamos a pasar a nuestros afiliados?”, señaló tras exponer que el gobierno de Veracruz no es el único cliente que tienen, pues de lo contrario no hubieran sobrevivido; sin embargo exigió que la obra sea para los constructores veracruzanos y no para empresas foráneas.
 
¿En estos casos el contralor García Guzmán hará sentir también su filosa mano? La lógica diría que sí. Aunque…