Corrupción y finanzas públicas

Realidad mata discurso. Los hechos muestran y demuestran los alcances y limitaciones del quehacer oficial. El problema no se resuelve, simplemente crece y se fortalece.

En México fracasa el combate a la corrupción, informa y sostiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En los últimos 30 años, las políticas públicas de combate a la corrupción, han fallado.

Es más, “a pesar de tener claridad sobre sus causas, no se avanza en sus soluciones ni en la generación de una cultura eficaz de respeto al uso de recursos públicos”. (Universal. 210213)

¿En dónde queda el discurso de no pasa nada y todo va bien?, ¿finanzas públicas, sanas?, ¿“blindadas”?, ¿y la capacidad de atención y prevención?

En todos los ámbitos de gobierno, realidad mata ficción y fantasía. Exhibe conocida distorsión y simulación.

Causas y efectos

Contar con gobiernos caracterizados por un manejo eficiente y decente de sus finanzas públicas requiere de un esfuerzo permanente para conjuntar y aprovechar teoría y práctica, ideas y hechos, objetivos y resultados.

Con frecuencia no se hace, básicamente, porque en la administración pública no se cobra e ingresa correctamente; se mal gastan, desvían o desaparecen recursos gubernamentales y patrimonio público; se mal invierte o injustificadamente se endeuda o sobre endeuda a presentes y futuras generaciones y se hace uso y abuso de atribuciones institucionales, incluso de la no aplicación (total o parcial) de la ley que conduce a la impunidad.

Viaje sin retorno de la ineficiencia a la negligencia, del disimulo a la complicidad y de ahí a la delincuencia.

Para evitarlo y combatirlo, es preciso ejercer, puntual y plenamente, derechos y cumplir obligaciones. Cumplir y hacer cumplir.

Atender y resolver múltiples problemas sociales, así como enfrentar retos y superar desafíos, requiere identificar causas, factores y fuentes de donde proceden, surgen, evolucionan y se complican.

En las tres últimas décadas, para la Auditoría Superior de la Federación, los principales factores que se asocian a la corrupción, son:
1.-La falta de control de la gestión pública.
2.-La carencia de un servicio civil de carrera para servidores públicos.
3.-Y una escasa racionalidad en la aplicación del gasto.

Seguramente, un análisis más amplio agregaría, entre otras: La limitada capacidad de respuesta de seguimiento, evaluación y control para evitar, enfrentar, corregir y remediar en tiempo real, no después, cuando pérdidas y daños son irreparables o muy costosos.

La poca o nula efectividad de “desdentados”, decorativos y caros órganos de fiscalización y control, que poco o nada encuentran, persiguen y consignan, la falta de uniformidad, confiabilidad y actualización permanente de información, estadísticas y registros frente a la presencia de distorsiones, incluso delictivas como la “contabilidad creativa” que oculta, minimiza o no refleja la situación real.

La poca o nula transparencia y acceso a la información pública a la sociedad en temas, asuntos y situaciones de importancia e interés colectivo. Situación que limita o impide la participación ciudadana.

La desarmonización legislativa, tanto internacional como intranacional entre y dentro de los diversos ordenes de gobierno (federal, estatal. municipal, poderes y organismos autónomos). Es frecuente encontrar lagunas y hasta océanos jurídicos, así como desfases, innecesarias repeticiones o exageraciones de lo que no es importante y, en particular, demasiadas facilidades para eludir, simular o de plano no cumplir, ni hacer cumplir leyes y normas que obliguen a administrar con eficiencia y honestidad los recursos gubernamentales, el patrimonio público y el ejercicio de las atribuciones institucionales correspondientes.

Las finanzas públicas están en el centro y a evaluación permanente: recesión o recuperación, atraso o prosperidad, crisis o avance.

En todo caso, es altamente recomendable la lectura, análisis, reflexión y discusión pública del Informe de revisión de la Cuenta Pública 2011 de la ASF y otros de sus trabajos, por cierto, disponibles y accesibles a todo público, sin trucos, demoras y pretextos.

Resulta preocupante comprobar que, en cada vez más casos en todos los órdenes de gobierno, en unos más que en otros, no hay voluntad política ni esfuerzo institucional sistemático, suficiente y permanente para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción. Ahí están los hechos.

Ante el clamor y el reclamo generalizado de los mexicanos contra la delincuencia gubernamental a todos niveles, el combate a la corrupción anunciado por el gobierno del presidente Peña Nieto, no puede detenerse ni debe desatenderse. Es vital la congruencia entre decir y hacer.

Teoría y práctica

Los gobiernos evolucionan y en muchas formas crecen el monto y la disposición de las finanzas públicas; como pocas veces en el pasado, los pueblos de hoy, de todas las latitudes, están en posibilidades de atender y resolver o atenuar viejos y nuevos problemas, así como inconformidades y reclamos ancestrales y actuales.

Particularmente en México, por excedentes petroleros y efectos del crecimiento económico propio, en las últimas décadas los distintos ámbitos de gobierno han estado en posibilidades de ofrecer más servicios públicos básicos para mejorar subsistencia y mejores condiciones de vida para la población. Incluso para fortalecer el combate a la pobreza en algunas de sus formas. Luego entonces. ¿Por qué no lo hacen?

El problema es que, como siempre, se hace el esfuerzo, se crece y acumula, pero la disposición de lo logrado se convierte en apropiación de unos cuantos. El grueso de la población obtiene poco o nada, para continuar la interminable espera, de una justicia y un desarrollo social pospuestos.

Hecho notorio y recurrente: la teoría se estrella con la fuerza de los resultados y la presencia de los hechos. La ficción de la retórica, el discurso y el boletín oficial no corresponden a la realidad. Vieja Historia experimentada pero no asimilada ni aprendida.

El caso es que hoy, ante la persistencia y recurrencia de las crisis y sus efectos, bien se sabe que los grandes y acostumbrados sacrificios de los pueblos no son inevitables. No hay destino obligado. No es forzoso sostener, soportar o padecer gobiernos de impuestos en aumento, austeridad prolongada, gastos sin control, recortes, obligados o no, e injustificadas deudas crecientes.

Tampoco gobiernos incapaces de ofrecer suficiente cantidad y calidad de servicios públicos básicos para la población, los cuales siempre están más que dispuestos a concesionar o privatizar, para obtener ventajas o beneficios propios, familiares o de grupo; lo mismo que están más que listos a subastar, rematar o vender lo que no es suyo, el patrimonio público de presentes y futuras generaciones.

Si ineficiencia e irresponsabilidad, opacidad y discrecionalidad en los gobiernos, son condenables y hasta castigables, con más razón, disimulo, complicidad y delincuencia.