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Sección: Estado de Veracruz

Destituirían a presidenta de Congreso y titular de SEGOB si reforma no se publica

La diputada Ana Ledezma señaló que un juez federal ordenó promulgar la modificación al artículo 33

Jos? Topete Xalapa, Ver. 29/09/2016

alcalorpolitico.com

De acuerdo con la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Ana Cristina Ledezma López, si la presidenta de la Mesa Directiva, Octavia Ortega Arteaga, o el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, no cumplen con la publicación de la reforma al artículo 33 que ordenó un juez federal, dichos funcionarios podrían ser destituidos.

Al respecto, la legisladora del PAN subrayó que ambos políticos fueron emplazados para que en tres días se cumpla con la promulgación del Decreto 879 y sólo cuentan con tres días hábiles a partir de recibir la notificación de la autoridad federal.

De lo contrario se podría ordenar la remoción del cargo en contra de Ríos Alvarado y Ortega Arteaga, quienes son los responsables legales de cumplir con esa determinación judicial.



Ledezma López explicó que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, promovió un amparo contra la omisión de publicar la reforma constitucional al artículo 33 de la Constitución, cuyo artículo cuarto transitorio prevé que el gobernador electo presente el Plan Veracruzano de Desarrollo 4 meses después de recibir su constancia de mayoría.

Lo anterior, ya que la reforma cumplió con todos los trámites legislativos el 9 de junio de 2016, cuando se hizo la declaratoria de constitucionalidad con el aval de los 121 cabildos.

Al tramitarse el amparo, el juez concedió una medida precautoria para que el Congreso y el Gobernador publiquen la disposición y los emplaza a un periodo que deberán acatar una vez que sean notificados, no obstante, dentro del Gobierno estatal dicha acción compete a la SEGOB.



"Dan tres días para acatar el resolutivo (...); hay que esperar a que se notifique el Congreso para ver lo que está pidiendo el juez”, observó Ledezma López.

Recordó que, de acuerdo con la orden del juez federal, tanto el funcionario estatal como la legisladora del PRI también podrían ser acreedores a una multa de 100 a 1000 días de salario mínimo y si persiste la resistencia en publicar el acuerdo se les retiraría del cargo.