Disciplina financiera

Ahí están los problemas presentes, crecientes e inocultables.

Uno de ellos: la mala, peor y hasta delictiva forma de administrar, dilapidar y debilitar las finanzas públicas, que se ha convertido en noticia cotidiana en todas partes del mundo; destaca el caso del exagerado y hasta injustificado endeudamiento público de gobiernos nacionales, estatales o locales. Deuda pública que es uno de los reconocidos factores de crisis internacional y las de países que todavía padecen sus efectos. Simple comprobación de que lo prometido es deuda; y también, de que el que la hace no la paga.

Los nuevos gobiernos, más pobres y limitados, forzados a administrar austeridad y reestructurar pasivos y pagos. Lección universal para ser aprendida, su capacidad de respuesta resulta, en muchas formas debilitada, reduciendo la calidad y cantidad de servicios e impulsando la pobreza.
También se sabe, que incrementar el nivel de endeudamiento, con más deuda no es lo mas recomendado.

Consolidar avances, mejorar logros

No es de extrañar ahora que en México el nuevo gobierno empiece a tomar acciones ante el peligro inminente de que la otra delincuencia, la del uso y abuso de los recursos gubernamentales, la del daño patrimonial y los negocios, la de los beneficios personales, familiares o de grupo, permanezca y se fortalezca en gran parte por indiferencia social, complicidad o disimulo de muchos comunicadores y medios de comunicación, así como de la impunidad oficial disponible.

En este contexto, no está por demás reconocer el esfuerzo emprendido para revisar y desechar o mejorar lo existente, así como analizar, discutir y en su caso aprobar y poner en vigor diversas medidas, como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Sistema Nacional de Deuda y otras disposiciones legales; insistiéndose, en todo caso, en mejorar los controles de la deuda pública nacional, que también tiene sus peligros y complicaciones. Temas sobre los que hay que regresar, estar pendientes.

La razón simple y sencilla, conocida y reconocida, es que hay que insistir y repetir que urge resolver, en serio y no sólo en el discurso, los complejos y graves problemas que afectan a México y a los mexicanos, empezando por supuesto por atender y resolver los de la organización y funcionamiento gubernamental en todos sus ámbitos.

Para esto y más, valdría la pena empezar por no olvidar y tener presentes los logros alcanzados y los reconocidos aciertos, resultado de mucho trabajo y de grandes esfuerzos; consolidar y aplicar esas contadas aportaciones políticas convertidas en leyes o instituciones, por y para la sociedad, para evaluar sus limitaciones y alcances, fortalecerlas, transformarles o sustituirlas. Sí, rescatarlas, sostenerlas y valorarlas, porque son ejemplo de acuerdo y consenso constructivo; y porque son casos de pertinencia política y unificación de esfuerzos. En todo caso impedir que se conviertan en letra muerta o en simulación.

Evaluar el desempeño de todo servidor público

Esta vez me refiero concretamente al acierto de las reformas constitucionales del 2008, referentes principalmente a la implantación del presupuesto por resultados, con innovaciones y mejoras en la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación gubernamental con indicadores de desempeño y la armonización contable.

Estas reformas que están aprobadas y pendientes de toda su aplicación son de carácter general y obligatorio para todos y cada uno, para los gobiernos federal y estatal, así como para los poderes legislativo y judicial, los organismos autónomos y los ayuntamientos.

Desafortunadamente, en muchos casos injustificadamente, siguen sin ponerse en práctica o simulándose su aplicación. Resultado, la irresponsabilidad y la criminalidad gubernamental siguen impunes, siguen presentes, de ahí que apoyar su completa y oportuna implementación es, en cierta forma, extender el combate a esa delincuencia dentro de los gobiernos y depurar su funcionamiento, así como mejorar los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.

Se ha señalado que “las cuentas públicas son una de las zonas más opacas de la gestión gubernamental, son laberintos desde donde se asigna, filtra, pierde, o distraen los recursos financieros del país. Buena parte de la corrupción pasa por el manejo discrecional -y creativo- de la contabilidad pública”. (Política Digital, febrero 2010).

Habría que agregar que también pasa por la ineficiencia, negligencia o complicidad de los organismos fiscalizadores y del desinterés ciudadano.

Importante saber que hay reglas y plazos precisos que se deben cumplir para que toda administración pública, en su conjunto y sin excepción, modernice y mejore su transparencia, el acceso a la información y rinda cuentas efectivas y puntuales.

Hay avances al difundir las disposiciones, iniciar trabajos de los nuevos mecanismos pero es inocultable que mucho, demasiado, está pendiente de realizar. Una vez más, ni letra muerta ni simulación.

Hasta hoy, en diversos ámbitos, lo hecho no es ni será suficiente para controlar el uso y destino de los recursos públicos, el patrimonio de la sociedad y las atribuciones institucionales, que son custodiados y administrados por servidores públicos.

La evaluación ciudadana y social de los gobiernos debe ser un hecho cotidiano para exigir que se hagan bien las cosas, que se eviten errores, pérdidas y desperdicios y, desde luego, para no dar espacio ni oportunidad a la ineficiencia y a la delincuencia.

Evaluación no simulación.

Los cuentos y las cuentas

En las reformas constitucionales del 2008 un objetivo central es -ni más ni menos- disponer de buena parte de la contabilidad gubernamental en línea y accesible a todos. Se dice fácil, pero esa es la meta a la que debería aspirar cualquier servidor público involucrado en el diseño, manejo y ejecución de presupuestos. Muchas preguntas son inevitables y necesarias.

Federación, estados y municipios, así como organismos autónomos, ¿han adoptado y puesto en práctica los postulados básicos y el marco conceptual de contabilidad gubernamental?, ¿todos disponen y usan cuentas alineadas, clasificadores armonizados, matrices de conversión y emiten información periódica actualizada, accesible y completa?

Y al respecto, hay que insistir y repetir que la armonización de la contabilidad gubernamental, su inmediata y total difusión y disponibilidad pública para fortalecer la transparencia y el acceso a la información, son vitales para la participación ciudadana y social.

De hecho, debe identificarse como parte de una política de estado que facilita a los servidores públicos estructurar y aplicar mejores políticas gubernamentales y a la vez permitirá a la sociedad conocer mejor la gestión y uso de los recursos y atribuciones en todas las dependencias y oficinas gubernamentales.

Aunque todavía pendiente, la novedad es el acierto de impulsar la participación en la planeación, programación y fiscalización. Se trata no sólo de informar y dar a conocer resultados, bien y a tiempo, sino de fortalecer la retroalimentación del quehacer gubernamental y mejorarlo.

Checa pero no cuadra

A fin de cuentas, urge identificar esos pocos y contados aciertos, frágiles e incompletos, pero verdaderos avances del diálogo y el esfuerzo político responsable. Aciertos los hay, sería un grave error no tomarlos en cuenta, desaprovecharlos y negarlos. Sería tanto como aprobar y alentar la delincuencia gubernamental.

¿Hay buen uso y optimización de los recursos públicos?, ¿el presupuesto refleja objetivos y prioridades sociales?, ¿se gasta en lo que se dice e informa?, ¿en cada dependencia están disponibles indicadores de desempeño y otros para la evaluación efectiva?, ¿se sabe del destino de los endeudamientos públicos?, ¿existen las requeridas obras o proyectos productivos, su costo es razonable, funcionan y están en buen estado?