Dunas de San Isidro, sin definición jurídica; es parte del rezago agrario nacional: SEDATU

El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, definió que se sigue analizando la situación jurídica en las dunas de San Isidro, municipio de Actopan, como parte de los mil 500 asuntos de resoluciones de terrenos nacionales que se traen a nivel nacional.

Detalló que tal cantidad es de un universo de cerca de 40 mil pendientes, por lo que tienen mucho trabajo que realizar.

Entrevistado luego del cierre de las mesas de trabajo con diversas organizaciones campesinas del estado, dijo que las dunas de San Isidro, como muchas otras partes del país, aún no se sabe si son terrenos nacionales o son propiedad social o propiedad privada.

En ese sentido, indicó que en Veracruz podría haber más de 100 asuntos en trámite en este momento de diversos tipos, más los que se recibirán a partir de las mesas de trabajo que se establecieron este miércoles.

A ello, hay que agregarle que en el país existen 445 expedientes de conflictos agrarios pendientes, más 150 resoluciones presidenciales que están en trámite y mil 500 asuntos de resoluciones de terrenos nacionales.

Indicó que en el momento en el que hayan tomado una decisión sobre San Isidro lo harán público.

“Vamos a ver qué dicen los nuevos responsables. Estamos en el análisis de muchos asuntos como ese que son muy importantes. En este estado y en muchas partes donde vamos a definir si son terrenos nacionales, si son propiedad social, si son propiedad privada… Estamos revisando todavía esta caso”, manifestó.

El servidor público dijo no querer adelantar un comentario irresponsable, sin tener la seguridad jurídica sobre el particular.

Óscar Gustavo Cárdenas Monroy aseguró que todos los asuntos territoriales son importantes, pero lo fundamental para que no se conviertan en “focos rojos” es que los atiendan con oportunidad todas las dependencias que tienen que ver.

“Apelamos mucho a la conciencia y por supuesto a la participación con la que deben estar actuando quienes son los demandantes en las partes de los conflictos”, apuntó.

El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recordó que el Congreso de la Unión aprobó este año 500 millones de pesos para resolver este tipo de problemas en todo el país.