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Sección: Vía Correo Electrónico

Envía reflexión sobre lo que es el diálogo y la represión los actos de gobierno en México

De la sociedad se requiere actuación responsable; de la autoridad oficio político para “bajar la temperatura”

22/11/2012

alcalorpolitico.com

CARTA A LA OPINIÓN PÚBLICA

El autoritarismo gubernamental es respuesta reactiva y defensiva en que incurren algunas autoridades estatales, municipales o federales ante reclamos o cuestionamientos de organizaciones o ciudadanos. En ocasiones, es la tentación en que cae aquella autoridad que se siente desafiada por la crítica o la libre manifestación de las ideas. Cuando una sociedad vive un ascenso de sus procesos democráticos, se ponen a prueba las capacidades de diálogo y de negociación de los gobiernos constituidos así como su receptividad para brindar atención a los reclamos sociales.

En contraparte , el antiautoritarismo es la respuesta de organizaciones de ciudadanos cuando al momento de ejercer sus derechos constitucionales de expresión, sobre ellos se ejerce la represión de la fuerza pública.

¿Cuándo el ejercicio de la autoridad merece llamarse “autoritaria” y cuándo no?
Merece ese calificativo cuando a nombre de “preservar orden público” la autoridad de manera sistemática desdeña el diálogo respetuoso de la pluralidad para privilegiar la eficacia y reactividad ante lo que subjetivamente considera actos ilícitos. En tal caso y contrario a lo que piense de sí misma, la autoridad da muestras es de impotencia y de debilidad.

Quizá por eso un profundo conocedor de la mentalidad, ideología y cultura antiautoritaria de los jóvenes de los sesentas como lo fue el ex gobernador Fernando Gutiérrez Barrios, a consta, después del gobierno de Díaz Ordaz y hasta su fallecimiento, llegó a ser paciente negociador institucional, tolerante de grupos extremistas opositores al régimen y, en ocasiones, hasta protector de ex líderes del 68. Tenía la capacidad de darles a todos su lugar y saber persuadir en el afán de evitar o resolver los más difíciles conflictos en aras de la armonía y la estabilidad social y política fundamental para el crecimiento económico.

Con excepciones como la del “hombre leyenda” en la clase política mexicana, es frecuente encontrar perfiles proclives al endurecimiento y a la reacción autoritaria que en primera instancia acude al uso de la fuerza al margen de la ley con lo que convierten en conflicto político lo que no era ni problema. Esto le pasó a GDO en 1968. Sus reacciones no fueron de la inteligencia sino viscerales.

Sin embargo 40 años después es inaceptable que en el México que acepta ya su pluralidad ocurran respuestas autoritarias a manifestaciones estudiantiles,campesinas o magisteriales o de cualquier sector social. También se convierte un problema en conflicto político cuando la autoridad es negligente, no va al encuentro de las situaciones, espera que los afectados se desesperen o en el mejor de los casos los engaña con promesas carentes de sustento o viabilidad jurídica o financiera. En otros casos se cultiva perversamente el conflicto para “vender” habilidades o posiciones de poder.

Constituye una práctica autoritaria cuando se detiene a jóvenes careciéndose de pruebas suficientes que demuestren que al manifestarse incurrieron en actos delictivos.

Las autoridades reactivas a las manifestaciones deberían saber que no es lo mismo poder que autoridad, y que ésta se pierde cuando el poder se ejerce al margen o en contra del estado de derecho no obstante que deben ser los primeros en respetar.

Hoy los mexicanos y los veracruzanos vivimos y somos parte de una pluralidad que llegó para quedarse y de la cual emerge un diálogo y una tolerancia creativa que impulsa y da fuerza a los esfuerzos de renovación de nuestras instituciones tal y como versa un spot de radio alusivo al quehacer del Congreso de la Unión. Miles de mensajes por radio y televisión son transmisores de esperanza de cambio a partir del acuerdo entre todas las fuerzas representadas en el Congreso. Por eso resulta incomprensible e inaceptable que empleados menores se conduzcan como si viviéramos en tiempos de los gobiernos monolíticos y autoritarios.

En este contexto socio político, todos, incluso los jóvenes estudiantes del #soy132 estamos convocados a actuar con civilidad que, entre otras cosas, implica manifestarse sin afectar derechos de terceros.

Y, por parte de la autoridad, exige mostrar templanza e invariable disposición a escuchar y privilegiar el diálogo y el acuerdo con apego a las normas vigentes.

No es predisposición al uso de la fuerza lo que debe prevalecer, ésta debe ser únicamente permisible, en última instancia, cuando se hubieran agotado los instrumentos del diálogo y la negociación y los inconformes persistieran en actos flagrante y evidentemente delictivos y atentatorios de derechos de terceros. Ninguna previsión está demás cuando el descuido de las formas, conlleva costos políticos potenciados gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación.

Sin pruebas evidentes de actos delictivos, e incluso después de ser persuadidos - por aquello de la insuficiencia en el cumplimiento de la obligación del Estado máxima publicitación de las leyes - No procede el uso de la fuerza.

Cuando el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sujetado sus actos a esta manera de gobernar, los frutos han sido notorios como por ejemplo al abatir exitosamente invasiones y encontrar soluciones a familias desesperadas por contar con un lote donde construir su vivienda que entre, paréntesis, es un derecho constitucional.

En cambio cuando una autoridad con poder delegado se aparta de esa política y no hay inteligencia que investigue el trasfondo de la provocación montada por profesionales que no dan la cara, es fácil caer en la tentación de la represión ocasionando en automático el endoso del costo político y potenciado mediáticamente, a la cuenta del único depositario de la voluntad popular, que es el titular del ejecutivo.

Ni en la familia ni en la sociedad cabe el autoritarismo o el abuso del poder ante el ejercicio del derecho de ser y pensar diferente.

La gobernabilidad de una sociedad la hacemos todos y la cultura de la legalidad nos falta a todos; en el caso de la autoridad instituida, esa cultura empieza por gobernarse a sí misma.

Cuando este principio no se acata, se deteriora el estado de derecho, se desgobierna y se pierde parte de la legitimidad ganada con el esfuerzo invertido en obras de beneficio colectivo.

En conclusión, gobernar en una sociedad plural, con desigualdades y de contrastes económicos, no es tarea fácil ni de improvisados ni de autoritarios que tiemblan de ira ante la crítica de quienes se manifiestan y no piensan igual.

Ante una sociedad materializada, es error común suponer que gobernar sólo es satisfacer necesidades materiales. La convivencia civilizada es reto más amplio y de todos; de las autoridades demanda cualidades y virtudes superiores basadas en principios, en la razón y en el derecho, no en el uso y abuso de la fuerza. A la sociedad se demanda la actuación responsable de los ciudadanos que no necesitan ni cometer actos delictivos ni ofender ni faltar al respeto a nadie para plantear sus demandas.

De la autoridad se exige oficio político para “bajar la temperatura”, escuchar e imponer respeto, capacidad para identificar las verdaderas causas de una inconformidad, generalmente encubiertas con otros intereses o proclamas completamente ajenas al caso y saber diferenciar la justa demanda social de otros intereses expertos en el chantaje para la obtención de prebendas en beneficio de lideres corruptos.

Una sociedad es tan grande como la participación responsable de todos sus habitantes y requiere de autoridades sensibles, respetadas, que respetan todas las formas de expresión y someten todos sus actos a derecho.

Xalapa , Veracruz a 21 de Noviembre de 2012

Atentamente

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