Escuelas al cien, el gran negocio con la educación

Para quienes aún creen que la Educación Pública seguirá siendo gratuita plasmamos en esta colaboración algunos razonamientos fundamentados en datos oficiales disponibles y en el análisis de los mismos.

Primero veamos qué dice la norma sobre el asunto. En las leyes principales respectivas queda claramente establecido que la educación que el Estado imparta será GRATUITA. El texto correspondiente en el artículo 3º Constitucional F-IV dice: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita” y el Art. 6º de la Ley General de Educación (LGE) expresa: “La educación que imparta el Estado será gratuita”; es decir, se confirma en las Leyes fundamentales respectivas que el servicio que la niñez reciba, en este rubro no tendrá costo económico alguno.

Y como dudando de sí mismo, el Estado, en el artículo 6º (LGE) prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo. Yendo aún más lejos, para hacer efectiva esa gratuidad y ¿desalentar? a los directores a cometer ese ilícito, se reformó el Código Penal Federal, tipificando tal conducta como falta y en consecuencia es penalizada en el su Artículo 215 Bis hasta con multas de uno a 300 días de salario mínimo vigente en DF.



Hasta aquí, cualquier lector medianamente lego en el asunto, se convencería que los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), de acuerdo a la propaganda oficial difundida profusamente en los medios masivos de comunicación y en su portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), MIENTEN al afirmar que la Educación Pública se privatiza. Antes de emitir un juicio sobre a quién asiste la razón, indaguemos un poco más contestando los siguientes cuestionamientos:

¿Por qué no hay ninguna autoridad educativa (AE) sancionada por cobrar cuotas “voluntarias” en las escuelas? Si usted, como millones de familias mexicanas lo saben, padece cada año escolar el cobro por casi todo: credenciales, copias, reactivos de laboratorio, guías escolares, pago de internet, agua, teléfono, conferencias, luz, materiales didácticos, de limpieza y para talleres, pintura, computadoras, cañones y un largo etcétera cuya longitud depende de la creatividad de la AE o de la sociedad de padres de familia chantajeada moralmente (sentimentalmente) con el argumento de que tales cobros se hacen por el “bien” de sus hijos. La siguiente pregunta, deducida de lo anterior sería:

¿Por qué esa conducta se tipifica como falta y no como delito grave, siendo que con ella se comete despojo, robo, fraude y violación a la Constitución (Art. 1º y 3º), principalmente?



Todos sabemos que existe una permisividad en los planteles para allegarse recursos, pero siempre afirman que son voluntarias. La razón de que así sea es que, de esa manera, el Estado aligera la carga presupuestal educativa con el objetivo de irse desatendiendo de esa obligación Constitucional en los hechos. Si no fuera así, el legislador hubiera previsto sanciones de cárcel y no multas de 70 pesos. La respuesta a la pregunta que continúa demuestra esta afirmación:

¿Por qué uno de los mayores recortes presupuestales (2016) se dio en la Educación Pública y específicamente en el programa de Escuela dignas?

En el año de 2015 se destinaron 305 000 mdp (4.3) % del PIB (producto interno bruto) cifra que disminuyó, en el actual, a 302 000 mdp (3.8 %) al dejar de ser prioritaria la educación básica para el gobierno del cambio. Más interesante resulta saber dónde se ejercieron los recortes. Estos se aplicaron en los programas que generaban empleos a la ciudadanía y beneficios al alumnado; tales como el de escuela digna que desaparece y es sustituido por el programa Escuelas al Cien.



El programa de Escuelas Dignas tenía los objetivos de acuerdo al Manual de Operaciones (DOF: 31/08/2015) "mejorar las condiciones actuales de la infraestructura física del nivel básico y en su caso, de la media superior y superior del país; dicho Programa contempla tres etapas en su desarrollo: el diagnóstico actualizado; la ejecución de acciones y la certificación de gasto de inversión, bienes muebles e inmuebles”. Naturalmente, funcionó de acuerdo al propósito oculto del Gobierno y cumplió en un solo año sus objetivos reales: convencer a la población de que la educación continuaría siendo gratuita e infamar al magisterio nacional.

Al sistema puede juzgársele de perverso y hasta de cínico, pero no de ignorante y tonto. Los poderes saben exactamente lo que hacen y hacia donde van. Reconocen que sus reales intenciones no pueden hacerlas visibles y explícitas debido a que serían insostenibles frente a un pueblo siempre agraviado e ignorado por quienes debieran servirle. Esta es una de las razones por las que Gobierno Federal publicita hasta el hartazgo que la educación pública no se privatiza (y en esto tiene razón) y que ésta seguirá siendo gratuita (esto es falso).

Esta postura intencionalmente esquizofrénica (alejada de la realidad) tiene metas muy definidas: todo está previsto para que el destino del presupuesto federal más lo que se pueda extraer a los padres de familia, sean los bolsillos de los grandes empresarios. Más adelante, en otra colaboración, se demostrará estas dos afirmación con datos oficiales. Como adelanto le dejamos de tarea para que consulten que significa “Escuelas al CIEN”.