Exhortan diputados del PAN a investigar si familiares de Yunes Landa están en nómina del IPAX

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, exhortó al fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a iniciar las acciones correspondientes para deslindar responsabilidades e investigar si los familiares del candidato a la gubernatura del PRI, Héctor Yunes Landa, u otros particulares se encuentran en la nómina del Instituto de Policía Auxiliar y Patrimonial (IPAX) indebidamente.

Igualmente pidieron la intervención de la FGE para esclarecer el posible uso ilegal de armas de fuego por parte de César Yunes Landa, Rafael Yunes Landa y César Yunes Faisal, debido a que este Instituto no puede autorizar el uso de armas a particulares.

Así, los diputados locales del PAN pidieron que las autoridades y funcionarios que en su momento se prestaron a esta posible simulación, sean investigados, ya que pueden estar cometiendo el delito de abuso de autoridad.



Argumentaron que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, los particulares inscritos en la nómina del IPAX se habrían prestado a simular un empleo y los funcionarios responsables a entregar un cargo o comisión públicos a particulares.

Todo ello a sabiendas de que no se prestaría el servicio para el que se les nombró, por lo que, para los diputados del PAN, en voz de la legisladora Ana Cristina Ledezma López, lo que trascendió en varios medios de comunicación tiene que ser investigado.

“Todo posible tráfico de influencias o acto de corrupción debe de ser investigado y sancionado”, observó la Legisladora albiazul a través en su exhorto al finalizar la sesión de la Diputación Permanente este jueves.



Recordó que el día 14 de marzo de 2016, por los medios de comunicación tuvieron conocimiento de que estos tres particulares poseen armas de fuego que pueden portar gracias a la Licencia que ampara la portación de armas de fuego del IPAX.

Refirió que ayer miércoles, estos particulares señalados enviaron un comunicado a quien reveló la información (Mussio Cárdenas), en donde fijan su postura respecto de los hechos señalados, justificando que cumplen los requisitos, que no son aviadores porque no tienen la necesidad de cobrar en ninguna institución pública, que los permisos de portación de armas los poseen desde hace más de 25 años.

En este punto, mencionaron que solicitaron al IPAX la renovación de los permisos para portar armas, determinando a sus autoridades el procedimiento que se siguió, incluyendo la toma de fotografías, las cuales fueron publicadas por el columnista.



Sin embargo, Ledezma López resaltó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos indica que la posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas y también dispone que no se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley, ni de aquellas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

“Para portar armas se requiere la licencia respectiva. En el caso de las instituciones policiales, podrán contar con licencia en los casos, condiciones y requisitos que establecen la Ley, pero serán exclusivas para sus elementos”, agregó la también Secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local.

Detalló que las licencias para la portación de armas pueden ser de dos clases: las particulares, que deberán revalidarse cada dos años y, las oficiales, que tendrán validez mientras se desempeñe el cargo o empleo que las motivó.



De acuerdo con Ledezma López, en este último caso las licencias oficiales pueden ser colectivas o individuales y la ley dispone que las licencias colectivas podrán expedirse a las instituciones policiales y se sujetarán a ciertos lineamientos:

a) Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o local que resulten aplicables.

b) La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional la expedición de licencia colectiva a las instituciones policiales, mismas que sólo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías (SEGOB y SEDENA) cualquier cambio en su plantilla laboral”, citó.



En ese sentido, exhibió que el IPAX es un Organismo Público Descentralizado, con la misión de proporcionar servicios de seguridad, protección e integridad física y patrimonial a empresas, industrias, instituciones bancarias, comercios, particulares e instituciones gubernamentales.

“La licencia colectiva con que cuenta el IPAX es exclusiva para permitir la portación de armas de fuego de las personas que integran su organización operativa y están en su nómina. Hoy se tiene conocimiento que, a particulares, de manera aparentemente simulada e ilegal, se les ha otorgado licencia para la portación de armas de fuego, sustentada en la licencia colectiva del IPAX”, sostuvo.

Indicó que por esta razón, de acreditarse por la FGE la expedición irregular de licencias, se estaría hablando de un acto ilegal según los propios dichos de los involucrados, quienes dijeron que no integran la organización de la Policía Auxiliar ni cobran un sueldo en la misma.



“El uso de las armas concedidas al amparo de una licencia colectiva es responsabilidad de la institución que goza de ésta, porque debe supervisarlas, por lo que no es un asunto menor que particulares puedan portar armas al amparo de estas licencias; la situación que prevalece en el Estado en materia de seguridad pública nos obliga a llamar la atención de este asunto, de reiterar a través de este exhorto nuestra preocupación no por este caso en particular, sino por conocer cuántos casos hay en este supuesto”, sentenció la Legisladora.