La imperiosa reforma política

Ciegos, sordos, insensibles. Enajenados en sus propios intereses y formas de asegurar su dominio sobre las instituciones, con sus atribuciones y recursos públicos. Los beneficiarios de la cultura de la tranza; los partidarios de la política sin valores ni principios; los anacrónicos y los modernizados, practicantes dogmaticos de la simulación, el escapismo y el onanismo partidista; los sacerdotes y los creyentes del ritual del servilismo, la desmesura y el elogio injustificado. Todos estos y muchos más se preparan para enfrentar y si es posible negar, limitar y sabotear lo que por todas partes se denuncia y reclama: las imperiosas reformas para cambiar lo que se debe cambiar.

De entre todas ellas, destaca la referente a los partidos políticos y a la democracia en general. Imposible ignorar principios y derechos, logros y avances; inútil y contraproducente negar pendientes, desconocer limitaciones, así como ocultar y minimizar errores y fracasos.

Las repercusiones y nuevas condiciones, el tiempo real de nuestra democracia, es momento oportuno para reiniciar el esfuerzo, empezando por identificar y abordar, los diversos temas relacionados con la atención y respeto a los derechos humanos; el actualizado y correcto funcionamiento de los partidos políticos, así como de las instituciones electorales y de participación ciudadana. La inclusión, fortalecimiento y practica de temas como la revocación, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y otros; la responsabilidad social y la objetividad de los medios de comunicación; y, desde luego, la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y evaluación de los electos y sus gobiernos. Pero sobre todo, en lo representativo, el reforzamiento de la pluralidad responsable de partidos; y el establecimiento de la mayoría absoluta y la segunda vuelta.

Además, si es una prioridad nacional combatir y erradicar permanentemente la delincuencia; si el principio de convivencia civilizada y pacífica es cumplir y hacer cumplir la ley a todos sin excepción, entonces no hay justificación ni pretexto para permitir y alentar la delincuencia electoral, en cualquiera de sus formas y por quienes sean los supuestos responsables. Preciso imponer el Estado de Derecho y no dar margen a la negligencia, la omisión, la complicidad y la impunidad. Si la delincuencia se convierte en uso y costumbre en los procesos electorales, entonces iremos de mal en peor, directos a un Estado fallido.

De ahí que no debe extrañar, el uso más frecuente de los recursos que establece la ley para defender derechos, impugnar decisiones, denunciar conductas y acciones e inconformarse frente injusticias y abusos. Parte del gran problema de la delincuencia creciente es que no se usan y activan, para lo poco o mucho que sirvan, tanto las leyes como las instituciones obligadas, capacitadas y creadas para hacerlo. En la cultura de la legalidad, defender un derecho es una obligación. Así que debe alentarse y apoyar a quienes deciden hacerlo.

Si la norma no existe, es insuficiente y la disponible, no hay voluntad ni capacidad para aplicarla; si se hace como que se hace, la simulación y el disimulo se convierten en hábito, rutina y sistema, entonces crece la delincuencia y se apodera, parcial o totalmente de los procesos electorales. Sin credibilidad y confianza, se incrementan las dificultades, problemas e inconformidades sociales y se incrementan también las posibilidades de inestabilidad y violencia. Estamos a tiempo de corregir y mejorar la política.

Urge reformar, actualizar y cambiar múltiples aspectos de las estructuras de la democracia y en particular las de los partidos políticos; así como consolidar y fortalecer lo que funcione. Hay que hacerlo, propositiva y constructivamente, con sentido objetivo, pero sobre todo, con el ejercicio responsable y respetuoso de la crítica y autocritica que las libertades de asociación y de expresión garantizan. Bien como simples ciudadanos, o como simpatizantes y militantes. Desde la amplitud infinita del universo civil, hasta el de los definidos espacios partidistas.

Es tiempo de fortalecer el ejercicio intenso de la política, pero de la política de la buena: incluyente, representativa y participativa; de principios y valores; constructiva y propositiva; de compromisos sociales y garantías individuales.

Para ello, hay que empezar por escuchar con atención y apreciar el esfuerzo, el aguante de los mexicanos, sus fortalezas y capacidades; aprender de sus múltiples formas de organización y participación; entender sus diversas y peculiares formas de expresión; y, desde luego, atender con oportunidad y efectividad sus necesidades y reclamos, para interpretar y representar, con autenticidad sus demandas y aspiraciones y, sobre todo, enfrentar y resolver verdaderamente sus problemas. Sin engaños, distorsiones o simulaciones.

La Democracia no se reduce a las elecciones; aunque empieza y se renueva en la urna, requiere de la participación individual y colectiva constantes, como forma de legitimación y aceptación permanente. Democracia sin participación es sumisión.

Derecho a elegir, pero también a destituir, derecho de representar y también a revocar. Representación y participación, legales y legítimas. Referéndum, plebiscito y consulta pública permanente. Una mayor participación sólo se logra con más y mejor comunicación. Estemos abiertos y dispuestos, a valorar toda contribución que fortalezca el Estado de Derecho.

La transparencia, el acceso a la información y la puntual rendición de cuentas no son, no pueden ser ocurrencias o actos de enajenante subordinación, de anticipada aprobación e inocultable simulación.

La reflexión, el diálogo y el debate, deben considerar, establecer y cumplir obligaciones y compromisos, como el de evaluar sistemáticamente los actos, el desempeño y los resultados de gobierno, para crecer en la fortaleza y presencia de los logros y avances que pueden mantenernos unidos; así como, para recuperar la credibilidad y confianza, perdida o en duda, de aquellos sectores de la población, que simplemente no creen en la política, ni en los políticos.

El reto, por lo tanto, es mejorar las leyes e instituciones que permiten y facilitan al ciudadano y a la sociedad incorporarse y participar en el esfuerzo colectivo.

La promoción y práctica de la política de la buena, incluye además y al mismo tiempo, fortalecer la democracia en toda la extensión de la palabra: desde el ciudadano en la sociedad, hasta el militante y simpatizante en el partido. Democracia representativa y participativa.

Hay que insistir en lo que siempre debemos tener presente, para nunca olvidar o relegar: que puede haber política y democracia sin partidos, pero nunca sin ciudadanos. La partidocracia de las franquicias electorales y los intereses personales y de grupo, no es una solución, más bien ya es un serio problema que impide el ejercicio de libertades y derechos humanos. Volver al origen, revalorar la causa. La persona, el ser humano principio y fin de la política.