Más de 8 mil indígenas, presos en el país tras enfrentar procedimientos legales irregulares

Actualmente, más de ocho mil indígenas se encuentran privados de su libertad, tras enfrentar procesos irregulares y violaciones a sus derechos humanos. “El Estado no asegura un proceso adecuado de acceso a la justicia, al carecer de suficientes intérpretes y defensores, aunado a que el documento de su declaración inicial no está escrito en su lengua original”, afirmó el diputado federal, Germán Ernesto Ralis Cumplido.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la mayoría de los indígenas presos provienen de comunidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México.

Preocupado por esta injusticia, el legislador de Movimiento Ciudadano, Ralis Cumplido, impulsa una iniciativa para que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante su proceso, se realice en la lengua que hable el imputado.



La reforma propuesta al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 113, señala que en caso de no cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, los documentos carecerán de validez.

Destacó que en los reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores, por firmar sin saber qué decía el documento de su declaración inicial y no contar con una defensa adecuada.

A pesar de que nuestro país cuenta con diversas normas en materia de derechos indígenas, en la procuración de justicia falta mucho por hacer. “De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, cuando en la práctica sabemos que es un tema pendiente”, afirmó.



Sinónimo de discriminación
En la República Mexicana se hablan 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); sin embargo, “ser indígena muchas veces es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización”, acotó.

“A pesar de que la Constitución, en su artículo 17, establece el derecho de toda persona a la administración e impartición de justicia por medio de tribunales, en la práctica, las deficiencias son enormes para la población en general y aumentan aún más para los indígenas”.

Todo lo anterior, explicó, es debido a que son víctimas de discriminación, abuso, vejaciones, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios llenos de irregularidades, sentencias severas en proporción al delito e ignorancia por parte de los prestadores de servicio, respecto a los usos y costumbres de la comunidad.



Ello, aunado a que los encargados de impartir justicia carecen de una preparación adecuada y les falta sensibilidad que garantice a los indígenas un proceso justo.

Aseguro que esta situación genera que muchos se encuentren privados de su libertad, criminalizados desde el momento de su detención; tal es el caso de Pedro Gatica, quien estuvo 11 años en prisión preventiva, y los hermanos Sebastián y Marcial Zúñiga, quienes, al igual que su padre, permanecieron 10 años presos, acusados de un delito que no cometieron.