Migraciones, aprovechadas por grupos delincuenciales; latinos, sus principales víctimas

La movilidad humana ha sido aprovechada por los grupos delincuenciales que tienen a los migrantes latinoamericanos como sus principales víctimas potenciales, sometiéndolos al delito de trata de personas y de tráfico humano en sus distintas modalidades, por lo que urge fomentar la cooperación interinstitucional para salvaguardar la dignidad como piedra angular del Estado.

En el marco de la inauguración del Diálogo Interparlamentario México-Ecuador “Los Retos de la Movilidad Humana en el siglo XXI”, organizado por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, presidida por la diputada panista Adriana González Carrillo.

En las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Martín Alonso Heredia Lizárraga, agregó que “la corrupción y la impunidad presentes en la región, representan uno de los principales retos a superar, ya que este fenómeno altera el orden socioeconómico de un Estado, de tal manera que obliga a los sectores más vulnerables de la población a buscar una mejor calidad de vida en otro país”.

Argumentó que el sometimiento de las redes delincuenciales, desafortunadamente es una realidad que sufren los migrantes latinoamericanos y los connacionales “en su intento desesperado por llegar al país vecino del norte”.

Para la comunidad migrante, comentó, “resulta extremadamente difícil y doloroso separarse de sus comunidades y de su gente, pero lo es aún más cuando enfrentan dificultades económicas y sociales, discriminación y diversas violaciones a sus derechos en ambos lados de la frontera y en cualquiera que sea su destino, mediante la inseguridad y el miedo”.

Por ello, los retos de la movilidad humana en el siglo XXI, mencionó, “obedecen a una serie de factores íntimamente vinculados con el crecimiento poblacional, la presencia de la globalización y la progresiva interdependencia entre los Estados”.

Precisó que no se puede abordar el tema de los retos sin antes tener en consideración la realidad socioeconómica de la región latinoamericana, ya que sólo a través de ese entendimiento “podremos llevar a cabo los avances necesarios que permitan garantizar el derecho humano a la manifestación de la voluntad para tener una vida mejor y superar la adversidad”.



Heredia Lizárraga expresó, “en América Latina, las condiciones de pobreza y desigualdad encuentran sus raíces en problemas como la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y el terrorismo, que constituyen amenazas a la gobernabilidad, la estabilidad y la paz social”.

“Los desafíos que se presentan cada día en el escenario internacional, ponen de manifiesto la urgente necesidad de fomentar mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan garantizar de manera eficiente y total la salvaguarda de los derechos humanos, como piedra angular del Estado de derecho”, mencionó.

Este tipo de encuentros, sostuvo, permiten ampliar y fortalecer la visión de la movilidad humana, con el objetivo de atenderlos de manera más eficaz.



“Tenemos la oportunidad de sumar esfuerzos entre las naciones y buscar soluciones a los retos que se presentan dentro del contexto social, económico y político en este tema; especialmente, en la necesidad de proteger los derechos de las y los migrantes en las rutas hacia Estados Unidos y, en particular, de los menores de edad no acompañados”, acotó.

Obligatorio desplazamiento

Mientras tanto, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Rosana Alvarado Carrión, señaló que en México está el corredor migratorio más grande del mundo, por el obligatorio desplazamiento de los migrantes. Y, básicamente ahí, “radica el inicio de una serie de problemas y dificultades, que hoy no nos pueden hacer desconocer lo que significa el fenómeno migratorio y las respuestas que las leyes tienen que darle a la realidad”.

Enfatizó que la migración exige de una política multilateral que le dé comprensión a un fenómeno que tiene que ser asumido desde el Estado, desde una propuesta integral; porque, dijo, “resultaría insuficiente que sea la propuesta mexicana o ecuatoriana la que llegue a consolidar una política por la migración”.

Refirió que en Ecuador se han dado pasos inmensos pero que aún resultan insuficientes dado el gigantesco tema migratorio y comentó que la Constitución ecuatoriana impide y prohíbe que algún ser humano sea considerado ilegal desde la perspectiva de la movilidad humana.



Además, precisó, se propuso a la Asamblea Nacional del Ecuador una ley de movilidad humana, “lo que significa otro paso para conseguir que esa norma no sea superada por la realidad”.

Cifras no oficiales

Por otro lado, la presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Linda Machuca Moscoso, detalló que este es un proceso complejo y motivado por diversas razones voluntarias y forzadas; durante los últimos años, agregó, el fenómeno migratorio es un tema recurrente en todos los ámbitos.

De acuerdo con Naciones Unidas, en 2014 había en el mundo 232 millones de personas consideradas como migrantes internacionales. De ellos, 1.7 millones eran ecuatorianos; sin embargo, cifras no oficiales ofrecen datos que sobrepasan los 3 millones.

Machuca Moscoso agregó que hay una preocupación regional generalizada por los niños, niñas y adolescentes no acompañados, que viajan con destino hacia Estados Unidos. Según un diagnóstico ecuatoriano del 2011, la mayoría de los menores que migran lo hacen entre los 12 y 17 años, representa el 82 por ciento del total; el 18 por ciento restante, son infantes de menos de 11 años.

Se manifestó para que desde la función parlamentaria se construyan respuestas y se aporten acciones para la protección de las personas en movilidad humana. Consideró que la transversalidad en este tema, constituye una prioridad y propuso pensar con el lente de las personas migrantes, para incorporar sus necesidades en los diferentes cuerpos normativos.

Reconoció el esfuerzo de México por aprobar, en 2011, una ley de mayor protección a los migrantes, así como los acuerdos alcanzados para suprimir el requisito de las visas a los ciudadanos ecuatorianos, pues representa “un acto de reciprocidad política”.