Nombran a Emilio Álvarez-Icaza como secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El mexicano Emilio Álvarez-Icaza, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), fue elegido hoy nuevo secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El nombre del elegido se remitirá al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y se propondrá su designación por un periodo de cuatro años en reemplazo del argentino Santiago Canton, que tras once años en el cargo lo dejó el pasado 30 de junio, informó la CIDH en un comunicado.

"La selección de Emilio Álvarez-Icaza fue el resultado de un proceso amplio, abierto, transparente y participativo" , destacó la CIDH, organismo autónomo dependiente de la OEA que vela por el respeto de los derechos humanos en el continente.

Álvarez-Icaza es profesor en la Universidad NacionalAutónoma de México (UNAM), miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y articulista de esta casa editorial.

El mexicano competía por el cargo con dos peruanos, una estadounidense y un guatemalteco.

Los cinco finalistas fueron elegidos el pasado 1 de julio, de entre 111 candidatos. La CIDH abrió un plazo de un mes para recibir observaciones y comentarios sobre ellos, y fueron entrevistados hoy en Washington por los siete comisionados de la organización.

La CIDH indicó que "valora que, durante este proceso, los Estados miembros y los órganos políticos de la OEA; así como los sectores de la sociedad civil, hayan respetado el principio de autonomía e independencia de la Comisión Interamericana para la adopción de esta decisión".

Una vez nombrado Álvarez-Icaza deberá afrontar un proceso que empezó el pasado enero, cuando los Estados miembros de la OEA aprobaron una serie de recomendaciones no vinculantes para reformar la CIDH.

Algunas organizaciones civiles y el propio Canton han denunciado que esas recomendaciones son un intento de limitar la autonomía del organismo por parte de Gobiernos como los de Ecuador o Venezuela, sobre los que la Comisión ha emitido informes que han considerado polémicos o han rechazado.