Exhorta Diputado del PRD a gobiernos de Veracruz y DF garantizar seguridad de periodistas

El diputado federal Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó punto de acuerdo por el que se exhortan a los gobiernos del Estado de Veracruz y del Distrito Federal, a garantizar la seguridad e integridad de los periodistas y los defensores de derechos humanos.
 
A más de 100 días del homicidio de Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril, el caso dista mucho de ser esclarecido, afirmó el Legislador.
 
El motivo principal de esta dilación pareciera deberse, en gran parte, a las omisiones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ha realizado en torno a la investigación del crimen.
 
Consternadas por dicha situación y por un posible riesgo en el que la Procuraduría dé “carpetazo” al caso, familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil han declarado que además de que no existe una versión clara por parte de las autoridades del Distrito Federal sobre el multihomicidio.
 
Desahogar pruebas
 
Mientras tanto, agregó, la PGJDF se ha negado a integrar y desahogar pruebas que permitan “agotar las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y la defensora de derechos humanos, Nadia Vera”, quienes habían sido amenazados anteriormente, presuntamente por el Gobierno del estado de Veracruz por sus actividades periodística y activista, respectivamente.
 
Aunado a esto, expresó, “también es importante recordar las filtraciones de prensa que distorsionaron hechos, revictimizaron y generaron mayor confusión en torno al caso”.
 
Al respecto, comentó, “Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera, acusó también a las autoridades de justicia de pretender cerrar el caso sin revisar los mencionados aspectos de filtraciones, ni tampoco la campaña de desprestigio que se emprendieron en medios locales y nacionales contra las víctimas, entre otros elementos”.
 
En este mismo sentido, cabe destacar que el 11 de agosto del año en curso, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, rindió en la entidad que gobierna, una declaración voluntaria ante personal de la PGJDF en calidad de testigo por el multihomicidio de la Narvarte.
 
“En esta declaración dejó en claro que se deslindaba “totalmente” del homicidio y acusó que hubo un linchamiento público en su contra, desatado por las denuncias de hostigamiento que realizaron la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, ya que en un par de entrevistas, Rubén aseguró que escapó de Veracruz por hostigamiento del Gobierno estatal y Nadia responsabilizó al Gobernador veracruzano, por cualquier ataque que fuese ejecutado contra ella”, acotó.
 
De igual forma, apuntó, “otras autoridades fueron llamadas a declarar por la PGJDF, como el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, el general Sergio López Esquer y el actual titular de esa dependencia, Arturo Bermúdez Zurita”.
 
Sin embargo, resaltó el diputado, “la investigación sigue inconclusa y familiares de las víctimas que acompañan el caso, así como organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, señalaron una lista de inconsistencias graves en torno a éste”.
 
Aunque a través de filtraciones a medios de comunicación, dijo, “las autoridades policiales han intentado construir versiones del caso encaminadas a temas como el trabajo sexual, ajuste de cuentas por drogas o incluso el robo, no hay sustentos periciales de esas hipótesis”.
 
Al momento, no se han establecido científicamente, ni con pruebas periciales, el móvil ni secuencia de los hechos. Además, aún se desconoce en qué orden fueron realizadas las ejecuciones. Sin embargo, la revisión al expediente y las pruebas aportadas hasta el momento, revelan que el multihomicidio se trató de una operación orquestada y planeada.
 
Recabar pruebas
 
Recordó, “el 31 de julio, fecha del homicidio, personal pericial de la PGJDF acudió al departamento situado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, para recabar pruebas, pero es hasta dos días después cuando regresan a la escena y encuentran dos computadoras portátiles, dos celulares y bolsas con droga. Seis días después del crimen se interpone la denuncia”.
 
Las huellas dactilares y de zapato encontradas en la escena del crimen no coinciden con dos de los detenidos, asistió.
 
A la fecha no se ha realizado la geolocalización de los celulares de Nadia, Rubén y Mile Virginia que fueron sustraídos. Tampoco se han entregado las sábanas de llamadas de los detenidos durante el traslado al lugar de los hechos, durante el homicidio y después del crimen, ni las de Rubén Espinosa, Nadia Vera, ni Mile Virginia Martín.
 
Anunció los testimonios de los tres implicados: “César Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilio se contradicen entre sí. Además, la madre de uno de los detenidos inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, por una supuesta dilación en la presentación ante la autoridad de su hijo y por evitar que éste contactara a sus familiares. En el caso de otro de ellos, hay una queja por tortura por la que existe una averiguación previa, de igual forma, en el protocolo de Estambul aplicado por peritos de la CDHDF arrojó que esta persona fue sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
 
Se sabe por un dictamen de mecánica de lesiones que cada una de las víctimas fue sometida y torturada, y recibió un disparo en la cabeza, pero se desconoce la secuencia, la cual ayudaría a dar claridad a la investigación.
 
No se entrevistó a todos los vecinos. En el expediente se señala que nadie escuchó disparos a plena luz del día, a pesar de que la pistola de nueve milímetros no tenía silenciador, y sólo se utilizó almohada con una de las víctimas.
 
Uno de los implicados señaló que su móvil fue por sexoservicio, pero los exámenes periciales contradicen la versión, pues ninguna de las víctimas tenía rastros de semen.
 
Se vincula a una de las víctimas, con una maleta de droga que supuestamente fue a recoger al aeropuerto internacional de la Ciudad México, AICM, sin embargo el AICM señala que no tiene rastros de ella en las instalaciones y en los cateos a las viviendas de los implicados no han aparecido ni la maleta, ni la droga.
 
Continúo, “aunado a estas inconsistencias, la PGJDF se negó a entregar copias del expediente a las familiares de una de las víctimas, así como el plan de la investigación que realiza la dependencia para resolver el crimen. La PGJDF alegó secrecía de la investigación violando así los artículos 20 de la Constitución Mexicana que en su Apartado B concede el derecho a las víctimas a la información del desarrollo de la investigación, y el 82 de la Ley Orgánica de la Procuraduría capitalina, que señala que las familiares de las víctimas pueden pedir copias de la averiguación previa”.
 
Acompañamiento al caso Narvarte
 
Por todo lo descrito, precisó el diputado perredista Omar Ortega, “familiares, organizaciones y periodistas que acompañan el caso temen que aun cuando no den carpetazo, la investigación se quede abierta indefinidamente y no se concluya ni el móvil ni a los autores intelectuales.
 
Frente a esta situación, crearon la Plataforma de Acompañamiento al Caso Narvarte, como una instancia independiente que no generará material técnico, pero que llamará la atención sobre las líneas de investigación inexploradas por la PGJDF para orientar la investigación y exigir al gobierno capitalino resultados con claridad, transparencia, objetividad y certeza jurídica”.
 
En tanto, lamentó que “el Distrito Federal que antes había sido catalogado como un “oasis” para las personas que de diferentes lugares de la República, buscaban refugio por amenazas, ataques u hostigamientos derivados del ejercicio de su profesión, pareciera que ha dejado de serlo”.
 
“Narcomantas y cuerpos colgados de puentes, represión a la libertad de expresión y ataques a personas defensoras de derechos humanos como los actos cometidos recientemente hacia tres personas integrantes del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental en la delegación Iztapalapa, son algunas de las acciones que lo demuestran, las cuales, además, se enmarcan en un clima de impunidad y en una crisis de procuración de justicia en la entidad”, enunció.
 
Ninguno ha sido esclarecido
 
En el tenor de lo expuesto, agregó, “es importante que no olvidemos la situación de crisis de los derechos humanos que se vive en Veracruz”.
 
“El gobernador Javier Duarte debe responder por los crímenes cometidos contra periodistas en la entidad, la cual ha sido catalogada como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo”, indicó.
 
Solamente durante su mandato, dijo, “más de una decena de asesinatos de periodistas han sido cometidos y ninguno ha sido esclarecido”.
 
Resaltó, “los derechos al acceso a la justicia y a la verdad, son derechos humanos que cualquier persona mexicana debería tener garantizados”.
 
Continúo, como la ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas, “el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos del pasado puede ayudar a prevenir los abusos de los derechos humanos en el futuro”.
 
Por ello, es indispensable que el caso del multihomicidio de la Narvarte sea esclarecido pronta y objetivamente.
 
La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a conducir la investigación del multihomicidio de las ciudadanas Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Nadia Vera Pérez y del ciudadano, Rubén Espinosa Becerril, con transparencia y claridad.
 
Así como a no descartar las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa y de defensa de derechos humanos de Nadia Vera; y a garantizar en todo momento, el derecho a las víctimas a la información del desarrollo de la investigación sin dilación alguna.
 
Asimismo, se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a que coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a investigar el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril.
 
Se persuade al gobernador del Estado de Veracruz y al jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la seguridad e integridad de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos en sus respectivas entidades.
 
Por último, la Cámara de Diputados exhorta al jefe de Gobierno, a la secretaría de Gobierno y al procurador de Justicia del Distrito Federal, así como a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a abrir el diálogo, coadyuvar y reconocer a la Plataforma de Acompañamiento del Caso Narvarte, integrada por familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas.