Por deudas, empresarios deben proceder legalmente contra funcionarios: CANACINTRA

Los empresarios deben proceder legalmente en contra de los funcionarios y exfuncionarios estatales que requirieron sus servicios para posteriormente no reconocer las deudas que generaron con integrantes de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con el consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Carlos Abreu Domínguez, se tiene que actuar por esta vía ya que todo indica que el gobierno se quiere desentender de los pasivos que aún no se registran ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

Explicó que, a la fecha, las cámaras empresariales de Xalapa y la región registran pasivos del gobierno equivalentes a mil 500 millones de pesos en la SEFIPLAN; aunque también calculan que hay una deuda no reconocida que podría duplicar esa cantidad, ascendiendo a 3 mil millones de pesos repartidos en varias dependencias.



Además, acusó que la SEFIPLAN, a cargo de Antonio Gómez Pelegrín, sigue incumpliendo con el calendario de pagos de los mil 500 millones de pesos, bajo el argumento de que sólo tienen para pagar los pendientes administrativos con los trabajadores del Estado.

Por esta razón, subrayó que es necesario que se presenten denuncias penales para poder hacer el cobro correspondiente, pues si no se valida la deuda es probable que no se pueda cobrar en la próxima administración.

“Nuestros líderes empresariales y consejeros vigentes deben llegar a un acuerdo con sus consejos directivos para que fijen una postura de hacer responsables a los que se han endeudado con los empresarios y no les han pagado”, declaró Abreu Domínguez.



Por último, criticó que personajes como el extitular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón, reciban una diputación plurinominal cuando como funcionarios generaron observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) e incluso dejaron varios pagos pendientes a los constructores veracruzanos.

Refirió que es un hecho que casi todas las dependencias del Estado tienen deudas con empresarios locales, de ahí que se debe de garantizar el pago de los servicios prestados antes de que finalice el sexenio.