Propone Duarte cárcel a quien genere alarma con falsos ataques o explosiones

El gobernador Javier Duarte de Ochoa, envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 373 del Código Penal, para imponer cárcel de uno a cuatro años y multas económicas de 500 a mil días de salarios mínimos, a quien provoque alarma con la intención de perturbar el orden público difundiendo información falsa sobre la existencia de artefactos que puedan causar daño a la salud.

La reforma al referido artículo dice a la letra:

“Al que, con la intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por cualquier medio, la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto; de ataques con armas de fuego, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, a sabiendas de ello, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal aclara que nunca ha sido la intención de los poderes públicos veracruzanos restringir libertades o menoscabar el ejercicio de derechos humanos, sino alcanzar una debida protección de los miembros de la sociedad.

Para conseguir el máximo equilibrio posible entre los valores protegidos por el Derecho, hemos considerado conveniente introducir en el texto del mencionado artículo dos precisiones que coadyuven a evitar su posible aplicación indebida a quienes no pretenden atentar con sus expresiones contra la tranquilidad de los habitantes del Estado.

Esas precisiones consisten en que se demuestre la “intención de perturbar el orden público” y, por otra parte que la divulgación de información falsa se haga a sabiendas de que lo es.

“Pero las opiniones que hemos recogido son diversas; en general coinciden en la necesidad de que se proteja el orden público, la tranquilidad y la seguridad de la población para que no se vea afectada por mensajes engañosos que generen desasosiego e incluso pánico y pongan en riesgo la integridad física y hasta la vida de las personas”.

Amplios sectores de la sociedad consideran adecuada la existencia de un tipo penal que sancione a quienes por distintos medios producen esos nocivos efectos que alteran gravemente la vida colectiva, como recientemente ocurrió en el oriente de la zona metropolitana de la ciudad de México.