Servidores públicos podrán ser responsabilizados por inacción en delitos a periodistas

El Senado discutirá y, en su caso, dictaminará en comisiones la adición de una cláusula al Código Penal Federal para incluir a los servidores públicos en eventuales responsabilidades de delitos contra periodistas o instalaciones de medios de comunicación.

“A quien cometa un hecho que la ley señale como delito contra periodistas, personas o instalaciones que afecte, limite o menoscabe el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, además de la pena que corresponda al delito cometido, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días de multa: se aumentará hasta en una mitad la pena señalada cuando el delito sea cometido por un servidor público en funciones o cuando la víctima sea mujer y concurran razones de género”, detalla el texto.

Estas adiciones son parte de nuevas leyes secundarias previstas en artículo 73 constitucional, la cuales especificarán las obligaciones y principios por los que las autoridades federales tendrán la facultad para ejercer la atracción.



Las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, tienen listo el dictamen que delimitará con precisión los casos en que la federación atraerá estos delitos y también establecerá las nuevas facultades del Ministerio Público y de la Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de República (PGR).

De aprobarse la reforma, el MP podrá atraer casos cuando haya indicios que permitan presumir que en la agresión participó algún servidor público o la autoridad competente de conocer y perseguir el delito no haya actuado con debida diligencia o haya sido incapaz de seguir el delito.

Las reformas contemplan modificar diversos artículos del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de las leyes orgánicas de la PGR y del Poder Judicial de la Federación. En último caso, se prevé la creación de fiscalías estatales.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil, dijo que las reformas buscan que el MP no pueda evadir la responsabilidad de atraer e investigar un caso cuando implique violaciones a las libertades informativas o de expresión.

Aseguró que hay disposición de las bancadas para impulsar el proyecto.

Recordó que la reforma constitucional no federalizó la materia, sólo le dio la facultad de atracción, en consecuencia, los delitos que le corresponde investigar a la federación son aquellos que se comentan por servidores públicos de ese orden, lo que es el límite fundamental de la facultad legislativa. “El resto está reservado para los estados, porque hay que mantener un equilibrio natural entre las facultades del Estado y las entidades”.



El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado, Marco Antonio Blásquez (PT), adelantó que existe el compromiso para que la iniciativa incluya la propuesta para que la SSP se encargue de los análisis de riegos de las instalaciones de los medios informativos.

El senador por Baja California —quien se ha desempeñado como periodista— explicó que la iniciativa propone incorporar tres incisos a la Ley Federal de Sistema de Seguridad Pública, con el propósito de que refuerce los análisis de riesgo.

“Las reformas que se discuten en la Comisión de Justicia del Senado al artículo 73 constitucional, elementalmente ven por la persona, por el defensor y el periodista, y la iniciativa de la comisión especial, a través de una arquitectura defensiva e inteligente, busca que se proteja la instalación periodística”.



Explicó que se trata de que la SSP proteja a las instalaciones con la misma lógica como lo hace con las instalaciones petroleras o nucleares, en la que existen protocolos muy bien definidos y efectivos.

Con este análisis de riesgos, que lo harían especialistas en seguridad, se evitarían lamentables casos el sucedido en las instalaciones de El Siglo de Torreón, que tuvo agresiones consecutivas a pesar de que se pusieron patrullas preventivas, pero sin un análisis riguroso, no pudieron proteger al periódico.