¡Elecciones 2018!

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el modelo de Sistema Político-Electoral comienza con el artículo 39 que, en su letra, dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

En el texto predomina la voz “pueblo”, lo cual es digno de notar: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, expresión que alude al titular del poder soberano, ya que, en efecto, nuestra Ley fundamental dispone: “Todo poder público dimana del pueblo”, aserto estrechamente relacionada con la aseveración de que la democracia es el gobierno del pueblo y por el pueblo. Dicho precepto, según algunos, ya es una realidad en México con la existencia de la llamada <<democracia electoral>>.

La Carta Magna ordena también que el poder público se instituya para beneficio del pueblo, lo que se relaciona con el juicio democrático que alude a un gobierno que debe ser para el pueblo y lo cual dista mucho del campo real. Esto ha llegado a tal extremo que el significado usual del vocablo “pueblo” se reduce para denotar a la gente común y humilde de una población. Por último, el mandato constitucional más ignorado y hasta increíble: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.



El discurso político de plano se suprime la palabra “pueblo” o la sustituye por el término “nación” y, generalmente, esto se origina en que el pueblo se considera una abstracción. Pero, el pueblo unido es una realidad muy concreta y no es una abstracción (se le ha visto manifestarse en las calles para gritar que no será vencido). El pueblo es la comunidad (común/unidad) integrada por muchas familias y linajes, fundadas en la descendencia, lengua, cultura e historia. A partir de aquí se pueden hacer muchos matices y quizás hoy convenga emplear el plural: pueblos. Pero, su existencia es indudable.

El discurso jurídico tiene otro punto de partida —si se aprecia la inteligencia— y este punto de arranque es la interpretación de las leyes. Se ostentaba el cargo de funcionario electoral y en alguna gira de trabajo encontramos un campesino que leía con avidez el Código Electoral para el Estado de Veracruz. Al encuentro siguió la curiosidad y nos acercamos al hombre de campo, el cual algo sabía acerca del saber conocer, ya que pensaba en la ley electoral “a libro abierto”. Esto permitió percatarnos de que su libro estaba subrayado, señal de que había sido leído con cuidado. Iniciamos una charla y en breve tiempo estábamos recibiendo observaciones valiosas sobre tal ordenamiento jurídico.

Aquel día aprendimos que el ciudadano que intenta aplicar una ley a una situación suya concreta efectúa una comprensión peculiar de la misma, que es comprensión jurídica (aunque se sirva del sentido común), pero que no se confunde con la comprensión que de ella tuvo el legislador ni con la que tiene el intérprete doctrinal de la misma. “La singularidad de su comprensión —como afirma Antonio Osuna Fernández-Largo— se manifiesta en que para él es un saber-a-qué-atenerse respecto a un derecho promulgado para toda la sociedad y para un número indefinido de situaciones”.



Las observaciones del campesino aquel sobre la ley electoral estaban henchidas de incredulidad, pues ¿Cómo podría conocer él si las leyes electorales eran adecuadas o no al modelo constitucional? Solamente existe un camino, la aproximación al boceto constitucional original del sistema político-electoral mexicano. Sabemos de la enorme dificultad de esta empresa, ya que, el sistema político-electoral original es modificado en la Constitución Política del país con harta frecuencia, lo cual, según una añeja idea, puede resultar funesto incluso para una disciplina jurídica, como es el caso del derecho electoral.

Puesto que el legislador, es el productor de las leyes, es el creador del texto constituido con fuerza directiva; por lo tanto, está descartado como intérprete y, consecuentemente, también queda descartada la denominada “interpretación auténtica”. “La hermenéutica —apunta Antonio Osuna Fernández-Largo— es una teoría construida sobre un concepto amplio de interpretación y no empieza diferenciando la interpretación judicial de la doctrinal o de la del cumplidor de la norma, mientras que muchas teorías de la interpretación elaboradas por juristas se centran unilateralmente en la interpretación judicial, por creerla paradigma y esencia de la actividad interpretadora”.

El hecho narrado nos puso de cara a uno de los aspectos más nobles de la misión de la abogacía, especialmente de la judicatura: traducir el lenguaje técnico-jurídico al lenguaje de la gente sencilla. Pero, no siempre ocurre así y una importante versión de la ciencia jurídica ha pretendido secuestrar la interpretación del ambiente de la racionalidad jurídica y para ello inventó la doctrina de los métodos y reglas inflexibles de interpretación como vías únicas para acceder a una interpretación correcta.



En este año 2018 aspiramos a que algunos comentarios sean informativos, que otros sean interpretativos, que otros más sean convincentes y, lo más difícil, que en conjunto resulten inductivos. Pero, esto último conviene decirlo con simpleza, en este año queremos inducir a la acción ciudadana para que cada quien ejerza su derecho al sufragio, nada más y nada menos. Cada integrante del cuerpo electoral decidirá el sentido de su voto. No se asumirá el rol de un observador electoral. Pero, el ciudadano común y humilde necesita saber que los jueces electorales no van a adoptar una decisión sesgada para después intentar sostenerla con supuestos argumentos…

Reflexión.- Incursionamos por primera vez al ambiente electoral en los tiempos del Instituto Federal Electoral [IFE], cuando todavía se escuchaban los ecos de aquella consigna democrática: ¡Los ciudadanos tomarán las elecciones en sus manos! Los tiempos del Instituto Nacional Electoral [INE] son distintos. Todo el esfuerzo está encaminado a poner las elecciones en manos de los ilustrados, aunque algunos entre ellos sean buenos ciudadanos.

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