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Sección: V?a Correo Electr?nico

La medida de una nación

Manuel Mart?nez Morales 29/04/2013

alcalorpolitico.com

Trabajo todos los días –decía una madre desesperada
al funcionario del Ceneval-,
mantengo a mis hijos, y tengo la esperanza de mejorar algún día,
pero de pronto, con una facilidad, ustedes nos pisotean
y terminan con nuestras expectativas…
Yo no veía llorar a mi hijo desde que tenía seis años,
Y ayer lloró como cuando era un niño…
Testimonio de la madre de un “rechazado” –según el examen CENEVAL-
a ingresar a la preparatoria.
Citado por H. Aboites, en 2La Medida de una nación”…





Un joven –hombre o mujer–, egresa de la secundaria o la preparatoria con excelentes calificaciones, lo cual se refleja en un promedio general de 9.8. Sus maestros y compañeros expresan que este joven ha sido muy buen estudiante, dedicado y cumplido con sus deberes escolares. Recibe el certificado de estudios correspondiente que la Secretaría de Educación Pública le extiende. Desea continuar sus estudios –en la prepa o en la universidad– para avanzar en la realización de sus aspiraciones; legítimo derecho que nadie discutiría.

Pero, para inscribirse en la escuela o facultad que desea, se le exige que presente un “examen de selección” consistente en una prueba estandarizada de opción múltiple que pretende medir el grado de “aptitud” que este estudiante tiene para realizar estudios subsecuentes (de prepa o universidad, según el caso). Medición que se traduce crudamente en el número de aciertos obtenidos en dicha prueba. Todos los aspirantes a ingresar a la misma escuela serán ordenados –de mayor a menor calificación– en una lista de acuerdo al puntaje obtenido.

Este tipo de exámenes está diseñado para que la distribución estadística de los puntajes siga una curva normal, con una media igual al 50 por ciento de aciertos, es decir, que en una prueba con 130 reactivos (preguntas) se espera que la mayoría se agrupe alrededor de los 65 aciertos y que más o menos la mitad de los aspirantes obtenga puntajes mayores a 65, y la otra mitad, puntajes menores a esta cifra. Esto es una propiedad de la prueba y poco tiene que ver con las “aptitud” particular de cada individuo.



De este modo, si la escuela tiene cupo, digamos, para 100 estudiantes y presentan el examen 400 aspirantes, entonces serán admitidos los primeros 100 de la lista y el resto (300) quedarán excluidos; todo de acuerdo al puntaje obtenido en el examen de opción múltiple –de dudosa confiabilidad y validez– diseñado, aplicado, calificado y analizado (a muy buen precio) por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Los resultados de este examen, en cierta manera ponen en entredicho la capacidad de la Secretaría de Educación Pública para certificar estudios, ya que si esta dependencia emite un certificado, precisamente está haciendo constar que su poseedor es apto para continuar con el siguiente nivel de estudios. Porque los expertos del CENEVAL no se limitan a proporcionar el listado con los resultados del examen, sino que además adelantan interpretaciones discriminatorias y excluyentes, como el afirmar que aquellos que no tuvieron cupo no son aptos para continuar sus estudios –contradiciendo o descalificando lo asentado en el certificado expedido por la SEP– pero además, lo que es más grave, afirmando que aquellos estudiantes que obtuvieron un número de aciertos menor a cierto número, digamos 30, definitivamente son deficientes, no sólo en cuanto a su capacidad de aprendizaje sino también a posibles deficiencias mentales, recomendado para éstos un tratamiento especial, ya sea en la forma de cursos para mejorar su “capacidad de aprendizaje” o definitivamente recomendando la aplicación de algún tratamiento psicológico. Y, como consecuencia del diseño mismo de la prueba, siempre habrá –a chaleco– un porcentaje de individuos en esta categoría.

Todo ello basado en una prueba de opción múltiple –de dudosa calidad técnica–, que debería provocar risa si no fuera porque afecta dramáticamente la vida de cientos de miles de jóvenes y sus familias. No es raro que, después de la aplicación masiva de estos exámenes, se reporte que algunos jóvenes se suicidan por no haber sido aceptados en el proceso de selección, que con mayor propiedad debiera llamarse de exclusión, pues siempre es mayor el número de los excluidos y estigmatizados que el número de aquellos que son aceptados.



Esta situación es consecuencia de la intención, por parte de los gobiernos neoliberales, desde hace tres décadas, de desmantelar la educación pública en México, socavando los principios fundamentales que la sostienen; a saber, que debe ser gratuita, laica, democrática y científica. Teniendo también como objetivo limitar la matrícula en la educación media superior y superior. A lo que se agrega el intento de socavar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. La llamada Reforma Educativa que Enrique Peña Nieto pretende imponer se ubica en esta misma dirección.

Hay que tener claro que la piedra angular de esta embestida en contra de la educación pública es una concepción distorsionada y perversa del concepto de evaluación. Desde los años 80 comenzó a gestarse el discurso de la “calidad” educativa –sin que hasta la fecha se defina con claridad que se entiende por ésta– y, concomitantemente, se crearon instituciones evaluadoras. Todo ello porque se decía, y se dice, que sin evaluación no podrá alcanzarse la mentada calidad educativa. Nada más cierto, solamente que en el contexto de este discurso se confunde –intencionalmente, digo yo– el concepto de evaluación con el de medición, términos que no son sinónimos.

Como lo sabe todo docente, la evaluación educativa es un proceso continuo en el tiempo, que comprende varias dimensiones y que no se reduce a la simple medición a través de la aplicación de exámenes. El propósito de la evaluación es conocer si hay acercamiento a los objetivos señalados en un programa de estudios y, en caso contrario, tomar las acciones correctivas que se consideren pertinentes. De ninguna manera la evaluación educativa tiene como finalidad premiar o castigar, objetivo que declaradamente persigue la supuesta evaluación que desde el poder nos proponen.



Por ejemplo, durante un ciclo escolar evaluamos a nuestros alumnos en la interacción cotidiana, dando cuenta de su participación en clase, la entrega y revisión de tareas, aplicando exámenes parciales y –si el grupo no es demasiado grande–, tratando de conocer la problemática individual de cada estudiante. Posiblemente al final del curso se aplique un examen final, cuya calificación formará parte de la evaluación. Pero lo que nos interesa, como docentes, es la retroalimentación que día a día la evaluación continua nos proporciona. Lo mismo puede decirse de la evaluación correctamente dirigida en el caso de la evaluación de profesores o instituciones.

La evaluación auténtica –ya sea a nivel del aula, la escuela o el sistema en su totalidad– sigue este patrón y persigue el propósito antedicho.

Entonces hay un engaño cuando se quiere hacer creer al ciudadano que la aplicación de un examen (la prueba ENLACE, los exámenes CENEVAL, etcétera) constituye una evaluación de la cual, según los gestores de esta política, se desprenderán decisiones cruciales sobre escuelas, estudiantes y maestros.



Esta confusión da origen a un sinnúmero de arbitrariedades pues, para comenzar, existe evidencia de que los dichos exámenes (Ceneval, Carrera Magisterial, Prueba Enlace) ni siquiera satisfacen los requerimientos técnicos mínimos que –según la teoría psicométrica– deben tener, como son su confiabilidad y validez.

Por ejemplo, según estudios realizados por el propio CENEVAL, sus exámenes tienden a ser discriminatorios por género, nivel socioeconómico y origen étnico.

Un estudio realizado con base en los resultados del examen único para el ingreso a la educación media superior (preparatoria) en la ciudad de México, aplicado desde hace casi dos décadas, muestra que el examen favorece a estudiantes provenientes de hogares con más altos ingresos.



En el cuadro anexo se presenta la relación entre el ingreso mensual familiar y el puntaje promedio obtenido en el Examen Nacional para el Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) del CENEVAL. Los datos son del propio CENEVAL, citados en el libro del investigador de la UAM, Hugo Aboites:La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder y resistencia” (1982-2012).UAM-CLACSO-ITACA. 2012.

Como puede apreciarse, a mayor ingreso familiar mensual corresponde un mayor puntaje en el examen de selección. En otras palabras, estudiantes que provienen de hogares con bajos ingresos tienen una baja probabilidad de ser aceptado en la escuela preparatoria a la que quiere ingresar. Lo cual es consecuencia de la forma en que el examen ha sido diseñado, pues se ha tomado como población base para la calibración del examen a aquella que corresponde a lo que llamamos clase media alta. Así que esta prueba está sesgada en términos del nivel socioeconómico, favorece a aquellos estudiantes que provienen de familias con mayores ingresos.

Igualmente estos exámenes discriminan a las mujeres. Con referencia al examen único para el ingreso a la educación media superior en la ciudad de México, se tiene que para los hombres el promedio de aciertos en el examen fue de 80, en tanto que para las mujeres fue de 78. Hay que considerar que la diferencia de un solo punto puede significar el ser aceptado o rechazado para ingresar a determinada escuela.



Otros estudios realizados por el propio CENEVAL en sus exámenes descubren estos y otros sesgos. Lo que sorprende es que, conociendo esta situación, quienes diseñan, aplican y analizan estas pruebas no hagan nada por corregirla, existiendo los métodos apropiados para ello. Pero, en opinión de quien esto escribe, lo que sucede es que estos exámenes tienen precisamente el propósito de clasificar y excluir a la mayoría de los jóvenes demandantes de un lugar para realizar sus estudios en los niveles medio superior y superior, puesto que desde hace tres décadas ese ha sido el objetivo –dictado por organismos como el Banco Mundial y la OCDE, al servicio del capital corporativo transnacional– que guía el empeño neoliberal por privatizar la educación en México.

Para nadie es un secreto –afirma Aboites en su libro– que el sistema educativo mexicano, aun sin exámenes estandarizados, es socialmente discriminatorio, y que los hijos de muchos integrantes de clases populares urbanas y rurales, incluyendo comunidades indígenas, encuentran grandes dificultades para concluir siquiera los estudios básicos. Pero con este tipo de exámenes y criterios sesgados, esas tendencias se agravan más.

Además de que detrás de esto existe un espíritu elitista contrario a lo que establece la Constitución: educación para todos. Pues la “cultura

de la evaluación” –continúa Aboites- establece una ética donde la exclusión se justifica (‘entonces para que evaluar, si se admite a todos’, respondía molesto el director del IPN a los reclamos de los rechazados que exigían admisión para todos los solicitantes) y establece los mecanismos mediante los cuáles esta ética puede ponerse en práctica: educación sólo para los “mejores” –según el CENEVAL.

En síntesis, estamos ante un enfrentamiento entre dos grandes culturas y maneras de ver la educación; la mercantil impulsada por organismos internacionales, gobiernos y grandes empresas, y la del derecho a la educación, que viene de lo profundo de las sociedades latinoamericanas herederas de las luchas por la tierra, los derechos laborales y la educación.

Estos y muchos otros temas relacionados con la evaluación educativa son tratados extensamente, y con el rigor analítico resultante de un investigación de largo alcance, en el libro de Hugo Aboites antes citado. Si tiene usted interés en el tema, lo invito a la presentación del libro, que tendrá lugar el miércoles 1 de mayo, en el marco de la FILU, a las 16:30 horas, en la Galería de Artes Plásticas.