PRI y deuda pública: ¿los que la hacen la pagan?

Ni modo, por muchos años, por décadas el tema de la deuda pública financiera está y estará presente en el debate nacional, e incluso en el internacional, en donde sin duda alguna ya está claramente identificada, como una de las fuentes de las crisis y el empobrecimiento de muchos países.

Tema tan ineludible como inocultable, por más que muchos de sus responsables, causantes y beneficiarios la intentan negar, minimizar o distorsionar. Ahí están las limitadas y debilitadas administraciones y generaciones siguientes,

cargando con el bulto, sus costos y sus consecuencias.

Asunto obligado, no sólo por sus indiscutibles razones económicas y financieras, que condicionan y limitan la disponibilidad de recursos públicos, frente a las crecientes y parcialmente atendidas necesidades sociales que, dicho sea de paso, constituyen otro creciente pasivo, el de la deuda social, constituido por innumerables rezagos y pendientes a pobres, miserables, hambrientos, sedientos y, desde luego, a jóvenes rechazados de la educación y el empleo. Deudas y más deudas.

Forzoso también, por la irresponsabilidad, incapacidad y, en muchos casos, forma delictiva de su atención y manejo, así como por la incompetencia, superficialidad y desatención, de las innumerables y desastrosas consecuencias en la vida de miles de millones de personas.



La cuestión del endeudamiento financiero gubernamental, también está y estará obligadamente presente en el debate público, la comunicación social y, en consecuencia, en la agenda política y social en todos sus niveles, simplemente porque trasciende y trascenderá a otros ámbitos importantes, más bien fundamentales de la sociedad y el buen gobierno.

Cuando hablo de que ya afectó y está en otros importantes ámbitos, me refiero por ahora, a los de la administración y procuración de justicia; y, desde luego, al del seguimiento, control y fiscalización de las actividades gubernamentales, que en el país están dando mucho que desear por lo costoso de su mantenimiento y los pocos, malos o nulos resultados.



En efecto, véase y compruébese la magnitud de la atención nacional y de otros países, en cómo se maneja y manejará el caso de Tabasco.

Se diría que la expectativa

general, entre otras, se centra en la pregunta de si se fortalecerá o deteriorará,

la credibilidad y confianza ciudadana y social en las instituciones responsables de atender estos asuntos. Habrá, ¿avance o retroceso? ¿Será más de lo mismo?

Es de esperarse que, dependiendo de la atención que se dé,

se tendrán las consecuencias respectivas, que harán que aumenten esas otras deudas viejas y nuevas, pero también presentes, principalmente: la deuda social, que amplía el número de pobres, miserables, hambrientos y rechazados; la deuda de impartición de justicia real y oportuna frente a una delincuencia creciente; y la deuda de fiscalización y rendición de cuentas efectiva, no de disimulo o complicidad para aumentar la impunidad.

¿Impunidad o justicia?

Si un desesperado, miserable o hambriento roba en un supermercado comida o ropa, por algunos cientos o miles de pesos, es altamente probable que termine en la cárcel. A menos que, regrese o compre lo que se pretendía llevar; incluso, en algunos casos, hasta se le obliga a pagar una multa, que resulta muy alta comparada con sus bajos o nulos ingresos.



En cambio, ¿qué sucede?, si el presunto o delincuente, asaltante o sustractor en grande, es un representante electo, convertido en gobernante federal, estatal o municipal, o incluso un integrante del poder legislativo, judicial o de cualquier órgano autónomo ¿Qué pasa si el responsable es, un supuesto servidor público, funcionario o trabajador del gobierno?

Salvo excepciones, no pasa nada, aunque el daño sea de gran tamaño, de miles o cientos de millones de pesos que, al final, nadie sabe donde quedaron, excepto los beneficiados.



Y concreta, directa y claramente.

¿Qué sucede si se trata de deuda pública financiera, total o parcialmente injustificada?

Es inocultable el hecho de que preocupa sobremanera, que cuantiosos recursos públicos presentes y futuros, simplemente desaparecen, se desvían, son saqueados y hasta apropiados por algunos de los que la ley señala como sus custodios y responsables de su buena y eficaz administración.



¿Dónde están las obras públicas o las inversiones productivas, que se supone financió el descomunal e injustificado endeudamiento?

Dichos, declaraciones y revelaciones

“Si el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo la hizo, la tiene que pagar, opinó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz”. (AGENCIAS.160613).



Convertida momentáneamente en centro de las “revelaciones” políticas, en la sede de los posicionamientos mediáticos, en el ocasional espacio de confesiones públicas y señalamientos, efímeros o superficiales, en contra de la corrupción, de la que por fin ineludiblemente, se ha tenido que acusar a un presunto.

La ciudad de Tijuana ha sido, cuando menos por unos días, el centro de atención, según los propios autores, de importantes declaraciones, deslindes y posicionamientos de distinguidos priístas; para otros, simplemente ha sido sede obligada, de la feria de ocurrencias, disparates y, sobre todo, del húmedo y a veces asfixiante arte de escupir para arriba. Y como dijo un ciego, ver para creer. Que sea el lector quien juzgue lo que ahí se dijo y difundió a nivel nacional e internacional. He aquí algunos ejemplos, pequeñas pruebas de lo externado: “Si Granier la hizo, la tiene que pagar”

“El PRI no solapará a delincuentes, aluden gobernadores a Granier”.

Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, dijo que el PRI no dejará pasar un hecho delictivo de ninguno de sus gobernadores. “El que la debe la paga y en realidad es que el PRI no va a solapar a nadie, si hay acciones que puedan encuadrar un delito y se compruebe, tienen que responder”.

Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, comentó que…”Esto es lo que quería ver México, un PRI justo, un Estado justo, un gobierno justo. Hoy Granier está en arraigo por el PRI, entonces quiere decir que el PRI está haciendo la función que la gente quiere, más justicia. A él y a todos se les debe aplicar la ley”.



Francisco Olvera, gobernador de Hidalgo…“Si es culpable tendrá que responder ante la ley, pero también esperemos un trato justo por parte de las autoridades”.

Llama en particular la atención, lo expresado por el coordinador de los diputados priístas, Manlio Fabio Beltrones, quien afirmo que:

“Necesitamos endurecer la rendición de cuentas, sobre todo de gobernadores y alcaldes. Muy pronto, en el periodo extraordinario, dispondremos una reforma constitucional en materia de endeudamiento, que endurece los requisitos y formas de rendición de cuentas para evitar desviación, corrupción e impunidad” (La Jornada.160613).



UV rechazados y beneficiados

Los rechazados se acumulan. Como está previsto, el mercado se mantiene y crece.

¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica, que una institución pública, cree y sostenga condiciones para la compra venta de guías, materiales y servicios de orientación y asesoría, así como la imposición y ampliación de exámenes por concesión?



Ya se sabe. Una vez más, resulta que siempre sí, que se amplía el ingreso.

1,846 razones, por lo pronto, comprueban que sí se puede sacar peras al olmo de la ineficiencia, o la conveniencia de mantenerse en más de lo mismo. Si se puede y da para mucho, para muchísimo más.

¿Lástima o lastima? ¿Qué hay del TUCP?