2 grupos de Fuerzas Especiales de la SSP habrían desaparecido a 202 civiles

Arturo “N”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública; el exdirector general de la Fuerza Civil, Roberto “N” y el exdirector general de Prevención y Readaptación Social, Óscar “N”, fueron trasladados del penal a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, la mañana de este jueves.

Dichos exfuncionarios serán imputados del delito de desaparición forzada, durante el gobierno de Javier Duarte.

Además, otros 13 elementos y exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron desplazados de la cárcel a los juzgados, para la audiencia en la que se les relacionará con delitos de lesa humanidad.



Trascendió que en total había 22 órdenes de aprehensión en contra de varios funcionarios y exfuncionarios, sin embargo, hasta el momento la Fiscalía de Veracruz sólo habría podido cumplimentar 16 mediante un operativo denominado "Tiro de Gracia", enfocado en capturar a los exmandos de seguridad durante el gobierno de Javier Duarte.

Versiones extraoficiales sostienen que durante la audiencia se revelará la existencia de dos grupos al interior de la SSP de fuerzas especiales, que se dedicaron a la desaparición de personas e inicialmente estarían relacionados con al menos 15 desapariciones forzadas.

Dicha unidad la integraban policías de élite que plagiaban a sus víctimas cubiertos del rostro, equipados con armamento militar y que se desplazaban en patrullas de la SSP para interrogarlas y obtener información incluso dentro del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), de El Lencero, para después desaparecerlas.



Asimismo, se pudo confirmar que se obtuvieron otras órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Operaciones, José Manuel “N”; del exdelegado de Seguridad Pública y excomandante de la Fuerza de Reacción, Manuel Alejandro “N”.

También el exdelegado de la Secretaría y ex Director de la Policía Ministerial de Tamaulipas, Roberto Carlos “N”; un total de 22 elementos operativos de la dependencia, todos por su probable participación en la desaparición de personas.

De esta manera, se trata del primer caso a nivel nacional que llega ante un Juez bajo la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada, ya que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas les imputa haber formado parte de una estructura organizada encabezada por Arturo Bermúdez.



Según la información que ha trascendido, se implementó una política sistemática consistente en detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente a personas, misma que fue ejecutada en contra de miembros de la población civil; por lo que se consideran delitos de lesa humanidad.

Asimismo, se señala que Arturo Bermúdez, en su calidad de secretario de Seguridad Pública, organizó el actuar del aparato de poder a su disposición, para ejecutar y encubrir desapariciones forzadas de personas.

La Fiscalía integró la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCX/011/2017 y derivado de las indagatorias, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas documentó 124 expedientes relacionados con la desaparición de 202 ciudadanos a lo largo del Estado.



Dentro de ese contexto, se inscriben los casos de las 15 personas anteriormente mencionadas, quienes fueron privadas de su libertad entre los meses de abril y octubre del año 2013, sin que a la fecha se tenga noticia de su paradero.

Modus operandi

Las privaciones de la libertad de las 15 víctimas fueron ejecutadas sistemáticamente a través de un modus operandi establecido, con objetivos definidos, con coordinación entre diversas áreas dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.



Asimismo, fueron reportadas a través de Tarjetas Informativas y Partes de Novedades, a distintos superiores jerárquicos dentro de la estructura de poder que encabezaba Bermúdez Zurita.

Para la ejecución de las desapariciones forzadas de personas que se acreditaron dentro del expediente, intervinieron dos agrupamientos:

El primero de ellos, la Fuerza de Reacción de la División de Policía Estatal, que fue creada durante el periodo de Bermúdez como titular de la SSP.



"El agrupamiento Fuerza de Reacción tuvo como objetivo e instrucción detectar, detener y obtener información de personas que fueran sospechosas de participar con la delincuencia organizada. La obtención de información, se llevaba a cabo mediando tortura e incluso en algunos casos, el abuso sexual", indica el expediente.

Una vez que el agrupamiento Fuerza de Reacción obtenía información, no ponía a disposición de las autoridades competentes a los detenidos, sino que reportaba a sus superiores, quienes en cumplimiento de la política ilegal, en los 15 casos que se acreditan, dieron la instrucción de entregar a los detenidos a la Fuerza Especial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al mando de Roberto “N”.

Este segundo grupo recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia de Policía Estatal, ubicada en el Lencero, actualmente el CEIS, donde las torturaba, obtenían información y después las personas desaparecían.



Lo anterior, con la presunta anuencia de Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, que fue capturado este 6 de febrero en Playa del Carmen, Quintana Roo; así como José Nabor Nava Holguín, quien fue subsecretario y secretario de la SSP relevando en el cargo a Bermúdez Zurita, de ahí que ya fue girada una orden de aprehensión en su contra, misma que se desconoce si ya se cumplimentó.

Se manifiestan familiares de detenidos afuera de Juzgados

Luego del traslado de los imputados, familiares se manifestaron afuera de los Juzgados de Pacho Viejo, asegurando que fueron detenidos con engaños y violando sus derechos humanos; por lo que ya interpusieron varias quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



Los inconformes reiteraron que se está violando el debido proceso y que esta acción de la Fiscalía se trata de un acto con tintes políticos, por el proceso electoral que está en curso.