5 trabajadores de la UPV continúan lucha para que se respeten sus derechos laborales

Desde hace más de una década, 5 trabajadores administrativos de la Universidad Pedagógica Veracruzana se encuentran en la indefensión, derivado de que las autoridades educativas no acceden a regularizarlos laboralmente; denunció Valentín Córdoba Reyes, uno de los afectados.

“Por 11 años la Secretaría ha litigado contra nosotros y por 8 años ha incurrido de manera flagrante y reiterada en la violación de nuestros derechos humanos, llegando al grado de cinismo de decirnos que contra la administración anterior no van a proceder”.

Calificó como absurdo que a pesar de que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y al frente de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez se nieguen a regularizar su situación, en la Secretaría de Educación simulan que atienden la demanda de 5 trabajadores que exigen el pago del laudo laboral, así como el acceso a los derechos laborales negados desde hace más de 5 años.



En conferencia de prensa, que ofrecieron en las escalinatas de conocido café en la Capital del Estado, exigen soluciones de fondo, pero sobre todo que se regularice a plenitud como lo requiere el laudo.

Valentín Córdoba Reyes informó que fueron despedidos en 2006 y reinstalados en 2009, sin embargo, desde esa fecha la Secretaría insiste en no cumplir con el laudo.

“No es tanto el monto, sino que no nos reconocen seguridad social, derechos ni prestaciones. Lo único que está ofreciendo es médico y medicinas, pero con cargo a nuestro salario y nuestro salario está congelado desde 2005”, dijo.



Criticó el doble discurso del gobierno de Yunes Linares, quien por un lado asevera que tiene un compromiso con la legalidad y por otro se abstiene de instruir a Enrique Pérez, titular de la SEV, para que cumpla la recomendación emitida a su favor por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Hasta el momento sólo hemos recibido presiones por parte de la SEV para que aceptemos transigir en torno a un tema que no tiene transacción, por tratarse de nuestros derechos humanos, pues se trata de otorgar seguridad social y que se cubran las aportaciones atrasadas”, finalizó.