Abogados reprochan cierre de juzgados en Veracruz “sin estudio ni consenso”

Abogados de la zona sur del Estado presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, procediendo en contra de la presidenta Isabel Romero Cruz y de la directora de Administración, Joana Marlen Bautista Flores.

Aseguran que la titular del Poder Judicial del Estado y su subalterna han incurrido en actos u omisiones que perjudican a los ciudadanos, especialmente en lo referente al cierre de 29 juzgados judiciales en la entidad.

En rueda de prensa los abogados Jessica Sagrario Palafox Torres; Fausto Vicente Torres Pérez y Consuelo Valentín Jiménez, aseguraron que con el cierre de los juzgados de violentó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 y dicha medida se autorizó con distintas irregularidades.



“Todo sabemos sin explicación o fundamentación alguna se publicó un decreto en el cual se ordenó la desaparición de 29 juzgados en el estado, sin previo estudio ni consenso de las partes involucradas, en este caso los ciudadanos ni los abogados que a diario van a esas instalaciones judiciales”.

Aseguran que su queja está sustentada con un decreto fechado el 30 de junio, cuando se reporta que en realidad fue el 22 o el 24 de junio que el Consejo de la Judicatura ordenó la desaparición de los juzgados.

“Posteriormente nosotros pudimos advertir, tener conocimiento porque fue de conocimiento público que fue una orden verbal por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y es precisamente parte del contenido de esta queja administrativa porque hay una invasión por parte del Gobernador a las atribuciones propias de la autonomía del Poder Judicial.



“Estaríamos ante una violación flagrante de la Constitución local, estaríamos también hablando de una violación a la constitución federal porque se encuentra claramente reglamentado cuáles son estas atribuciones que le corresponden tanto a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia como en este caso es defender la autonomía, lo que no hizo la presidenta como presidenta del consejo y del Tribunal”.

Aseguraron que con esta queja buscan que se sancione a las personas involucradas particularmente a Bautista Flores, como directora general de Administración.

“En su calidad de directora, ella está obligada a ejercer el presupuesto que le otorgó previamente el Congreso del Estado para las mejoras de los juzgados del estado, para la mejora de la impartición de justicia, sin embargo, una desaparición de 29 juzgados entre regionales, familiares, incluso digitales, no indica que es una mejora, al contrario, es un retroceso, hay una degradación de la impartición de justicia”.



Aseveraron que los juzgados que no desaparecieron están saturados, al absorber los expedientes que no les correspondían.

“En Coatzacoalcos operan en este momento dos juzgados familiares, desaparecen dos y quedan dos; y de los dos que desaparecieron, los expedientes en un aproximado de 4 o 5 mil pasan a los juzgados que quedan; es una saturación, es una exageración de trabajo y eso violenta los derechos humanos de los propios trabajadores”, opinaron.