Acteal y Ayotzinapa: cuentas pendientes

En México, el sistema político es considerado de tipo presidencialista debido a que aunque el Presidente comparte la gobernanza con los poderes Judicial y Legislativo, sus facultades (Art. 89 Constitucional) y el pueblo mismo le confieren una superioridad abrumadora sobre aquellos. Aún con esa división tripartita del Poder, es el Ejecutivo quien concentra la mayor parte. Además, una de sus facultades es disponer discrecionalmente de las fuerzas armadas por ser su Comandante Supremo. Y, obviamente, quien tiene las armas, tiene el Poder. Naturalmente, esta relación Ejecutivo-fuerzas ha generado una simbiosis de beneficios mutuos: de ese modo el Presidente asegura su permanencia a cambio de un trato privilegiado, que incluye la IMPUNIDAD a quienes cometen abusos con las armas en las manos. No es gratuito que en cada SEPTIEMBRE la SEDENA y la SEMAR ratifiquen su obediencia al Ejecutivo. Lamentablemente, esa correspondencia se pervirtió al usar a soldados y marinos para eliminar opositores y proteger a criminales y poderosos. La consecuencia de esa pudrición fue el desprestigio de ambas instituciones (Presidencia y militares). Por todo el México pobre, se supo de soldados protectores de narcos, sembradíos de droga y de caciques corruptos. Por esa razón, no debe extrañar que en algunas zonas además de miedo se desprecie al “pueblo uniformado”.

Por ejemplo, hay datos que registran un alto porcentaje de participación de uniformados en las desapariciones forzadas; las cuales, de acuerdo con cifras oficiales, son alrededor de ¡40 mil! En cuanto a asesinatos se refiere, la suma es descomunal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de Peña Nieto reportó 24,022 homicidios dolosos perpetrados en un periodo de 10 meses (2018). Si extrapolamos esta cantidad y la proyectamos a 12 años (2006-2018) nos arroja la barbaridad de ¡345 mil 916! muertes violentas de mexicanos y eso teniendo a la Guardia Nacional cuidando ¡nuestra seguridad! ¿Puede atribuirse tal incompetencia a una institución con mandos entrenados en los E.U. y con un presupuesto jugoso de 186.7 mil millones de pesos? El sentido común nos indica que la SEDENA y SEMAR no son ineficaces al ejecutar lo ordenado. Los registros históricos indican que las fuerzas armadas han sido muy, muy EFICIENTES combatiendo a guerrilleros, estudiantes y campesinos rebeldes y opositores al régimen. Entonces, ¿por qué en lugar de disminuir, la hecatombe aumenta? La única explicación es la ausencia de VOLUNTAD en las cúpulas castrenses y políticas para acabar con la impunidad.



Ahí están las dudas y certezas sobre la participación de uniformados en las masacres más conocidas como Atenco, el 68, ACTEAL, el Charco, Aguas blancas, Tlatlaya, Nochixtlán, APPO, Ocosingo, Ayotzinapa, etcétera. Si la paz es el resultado de la Justicia entendida ésta como “el Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad…”; entonces la vida de los mexicanos no podrá garantizarse en tanto no se obligue a los mandos superiores develar la VERDAD de los sucesos arriba señalados y permitan sean investigados los involucrados. De los casos anteriores, tres son emblemáticos: el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la masacre de 45 indígenas en Acteal Chiapas, y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Gro. Refiriéndonos al primer acontecimiento, es momento de sacar al Ejército de las comunidades zapatistas reconociéndoles a estas sus Derechos legítimos. Respecto a los estudiantes de Ayotzinapa, urge localizarlos y castigar a los responsables de su secuestro. La JUSTICIA NO llegará pactando con la parte ¡¿buena?! de “la mafia del poder”; esa, que de manera cínica obstruye y altera investigaciones con el propósito de cansar a los familiares de los normalistas o de engañarlos ofreciéndoles alguna cabeza expiatoria (Murillo Karam, Tomás Zerón u oficiales). Son los mismos quienes pidieron a los E.U. exonerar a Zedillo demandado en septiembre de 2011 por la masacre cometida en Acteal (1997). Este traidor (accionista de los ferrocarriles que vendió a los gringos) es también responsable por la secuela de muerte, despojo y dolor ocasionados a los zapatistas por la traición de los acuerdos de San Andrés.

Si desde los mandos superiores surgieron las órdenes para ejecutar las INFAMIAS de la traición y

el secuestro masivo mencionados, corresponde al régimen actual saldar esas cuentas pendientes. Para ello será necesario depurar al corrupto sistema judicial mexicano, contar con un partido unido comprometido con las causas sociales y un pueblo politizado, dispuestos ambos a luchar por la VERDAD y la JUSTICIA tanto tiempo negadas.

Acompañemos este 26 de septiembre a los familiares de los normalistas desaparecidos.