Activistas, académicos y periodistas demandan derogar reforma sobre ultrajes a la autoridad

Integrantes de 5 agrupaciones civiles y 22 académicos urgieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a los diputados locales de oposición a interponer una Controversia Constitucional en contra de la reforma al Código Penal de Veracruz, que agrava el delito de ultrajes a la autoridad, para evitar que se cometan abusos contra los ciudadanos.

Al Congreso del Estado solicitaron que derogue el decreto de reforma por contravenir estándares nacionales e internacionales, impactando negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos y propiciando la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Manifestaron que la referida reforma fue ampliamente analizada por académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y llegaron a la conclusión que la redacción resulta vaga e imprecisa, carente de toda técnica legislativa, significando una criminalización de conductas que bien podrían concurrir en otros tipos penales existentes, ocasionando una interpretación indebida y arbitraria tanto por los operadores de investigación como por autoridades judiciales.



Incluso, advirtieron que la citada norma también representa un peligro para los periodistas, en virtud de que, por una entrevista, si algún servidor público considera que “se le causó daño psicológico y que hasta el sueño se le fue” por el cuestionamiento de un reportero, será suficiente para fincar el delito de ultrajes a la autoridad.

También piden al Legislativo “cumplir con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al legislar en lo presente y futuro cualquier tipo penal con la finalidad de que se describa de forma clara, sin vaguedades o imprecisiones que no permitan la arbitrariedad o interpretación en su aplicación por los operadores del Sistema de Justicia Penal”.



En ese sentido, consideraron que no es correcto decir que el delito de ultrajes a la autoridad es una acción para proteger a los policías, pues lo que requieren los elementos de los cuerpos policiacos es capacitación para que realicen su labor.

Además, las instituciones de Seguridad Pública se rigen bajo directrices nacionales que marca el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Publica e incluso, a partir del año 2019, se tiene un marco constitucional nacional en materia de Guardia Nacional.

Los académicos también piden que se permita y genere un diálogo respetuoso y abierto, a través de un modelo de Parlamento Abierto, en el que se escuchen las opiniones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la Academia y Ciudadanía.



Y en su momento, ser considerados coadyuvantes para desarrollar acciones conjuntas con las autoridades que correspondan respecto de esta reforma, incluido el ejercicio de acciones de inconstitucionalidad o en los trabajos para la eventual derogación de los dispositivos legales antes referidos.

Entre las agrupaciones que exigen la derogación de la reforma al Código Penal figuran “Article19 Oficina Regional para México y Centroamérica”, “Colectivo Akelarre A.C”, “Colectivo Mandrágora”, “Equifonía”, “Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC” y el grupo de trabajo “Gestión Social, Derechos Humanos y Ciudadanía” integrado por académicos de Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.