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Sección: Estado de Veracruz

Acusan de fraude a exobreros de antigua fábrica “San Lorenzo”; implican a ex Alcalde de Nogales

Presuntamente le rentaban a Telcel terrenos donde se instalaron antenas desde 2015; por lo que recibieron ganancias millonarias

Jorge Reyes Nogales, Ver. 22/01/2018

alcalorpolitico.com

Por incurrir en el presunto delito de fraude, un grupo de exobreros de la antigua fábrica textil “San Lorenzo” fue denunciado ante las instancias ministeriales y en cuyas acciones pudiera recaerle responsabilidad al exalcalde de Nogales, Antonio Bonilla Arraiga.

Los hechos se desprenden de la posible renta ilegal de terrenos ubicados en la colonia El Águila de Nogales, a manos de un grupo disidente de obreros, donde en 2015, se instalaron antenas de la empresa Telcel, argumentando los denunciantes ganancias millonarias.

La denuncia fue promovida por Honorato Ramírez Cruz y Graciano Rivas Espinoza, quienes se dicen ser propietarios de los terrenos de la exfábrica “San Lorenzo” y miembros de la Comisión Liquidadora y de vigilancia del Sindicato de Obreros y Artesanos Progresistas Rafael Moreno, de la antigua fábrica textil.



En su denuncia acusaron a: Juan Linares Carreón, Felipe Méndez Salazar, Humberto Rivas Velázquez, Mario Jiménez Roldán, Raúl Pérez Sánchez, Guillermo García, así como también a la inmobiliaria Kiria y Enexa, como responsables de esta situación.

Precisan que a inicios del año 2016 algunos extrabajadores recibieron cheques por la cantidad de mil pesos, como pago por la instalación de una antena e infraestructura en unos terrenos de la colonia El Águila, que son propiedad de los copropietarios.

Consideran que dicho trámite fue ilegal, debido a que en ningún momento se convocó a una asamblea para determinar el uso y destino de dichos terrenos, en donde una compañía de telefonía celular habría hecho negocios con un grupo reducido de obreros disidentes y en el que además estuvo involucrado en los permisos de instalación el exalcalde de Nogales, Antonio Bonilla Arraiga.



Acusan que los responsables se sustentaron con un poder notarial, el cual no reconoce la Secretaría del Trabajo y por ello iniciaron acción legal en su contra, pues hasta el momento no se determinan los montos económicos que habrían adquirido y que no fueron reportados en su totalidad a los 451 copropietarios.