Acusan que funcionarios de Contraloría extorsionaron a burócratas

Se inició una investigación ante los señalamientos de extorsiones de parte de funcionarios de la Contraloría General del Estado, que habrían exigido dádivas de 250 mil pesos o incluso automóviles, para que burócratas con procesos administrativos abiertos evadieran responsabilidades en el cierre de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Así lo confirmó el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Sergio Vázquez Jiménez, quien refirió que se procederá legalmente de confirmarse este asunto.

Recordó que empleados del Gobierno del Estado, quienes pidieron anonimato, acusaron estar siendo coaccionados para evadir los procesos administrativos que hay en su contra por supuestas irregularidades, a cambio de sobornos.

Cabe señalar que fueron cuatro funcionarios quienes denunciaron tales actos de corrupción y dijeron que hasta un automóvil último modelo les pidieron a cambio de no ser inhabilitados.

“Son denuncias que ya se presentaron, en el caso de la Contraloría el titular (Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera) informó que ya abrieron un proceso de investigación y estamos esperando los resultados”, informó Vázquez Jiménez.

Añadió que también presentaron una denuncia ante la Contraloría Interna del Congreso del Estado, derivada de las solventaciones que avalaron los diputados de la pasada LXIV Legislatura a entes municipales y estatales en la Cuenta Pública 2017.

“También estamos esperando resultados; está en el terreno de quienes deben actuar. Desde el punto de vista ciudadano la obligación que tenemos es de señalarlo y dimos el paso adicional, que fue presentar la denuncia”.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana dijo que debe haber resultados en la actual administración o en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

“En el caso de las solventaciones, son 327 millones de pesos que solventaron los diputados de la Comisión de Vigilancia, entre comillas. Pedimos que esto también se investigue”, insistió.

Finalmente, coincidió con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) que, mediante un comunicado, se deslindó de la solventación hecha por los legisladores, puesto que su trabajo concluye al presentar el informe de resultados a la fiscalización de las cuentas públicas.

“Es cierto, la Ley así lo maneja; todo lo que se hizo posterior a ello está en el terreno de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la pasada Legislatura”, argumentó.