Admite SCJN Controversia Constitucional de Fiscalía de Veracruz contra Congreso local

El Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó la procedencia y admisión de la Controversia Constitucional promovida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), en contra del Congreso del Estado, por la disminución indebida de la asignación de presupuesto aprobado para el ejercicio 2017.

En consecuencia al resolutivo que dio viabilidad jurídica a la Controversia, la parte demandada contará con un plazo de treinta días hábiles para presentar contestación y exhibir el ejemplar del periódico oficial donde apareció publicado el decreto que ordena la ministración del recurso al organismo autónomo; así como para presentar sus argumentos.

El pasado 11 de enero, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, presentó una Controversia Constitucional en contra del Congreso del Estado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por una disminución del presupuesto asignado para el presente ejercicio fiscal, el cual resultó inferior al propuesto con anterioridad por el jefe del ejecutivo estatal.



El encargado de la procuración de justicia a nivel estatal, presentó el medio de defensa, para combatir y resarcir ordenamientos constitucionales de orden federal y estatal, que combaten la violación a los artículos 116, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la llave, toda vez que el gasto total del Gobierno del Estado previsto para el presente ciclo lectivo por la LXIV Legislatura local, importa la cantidad de $101,988,714,762.00, del cual correspondería designar el 1.5 % para el ejercicio de la FGE en 2017, el cual no fue autorizado para su ministración, originando un diferendo de $420´170,339.43.

En fecha próxima, el TSJN emitirá su resolutivo sobre la probable suspensión y reposición del recurso económico reclamado por la Fiscalía General del Estado.