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Sección: Estado de Veracruz

Afrenta a la autonomía de la Universidad Veracruzana:  ¿Iniciativa ingenua, premeditada o de Estado?

La “iniciativa de ley para la UV” en la que insiste un diputado local de Veracruz es presuntuosa, impertinente y muestra desdeño por su autonomía, dado que no es del conocimiento de la comunidad universitaria

Dr. Víctor A. Arredondo 13/12/2018

alcalorpolitico.com

  • La democracia se fortalece en la medida en que los tres poderes de la Unión y los organismos autónomos, por garantía constitucional, consolidan y respetan sus funciones y atribuciones en el marco de la ley
  • La política democrática cumple con su alta misión: el bien común, cuando la relación entre poderes y organismos autónomos se basa en la colaboración respetuosa, encaminada hacia los grandes fines de la Nación
  • Por ello, la “iniciativa de ley para la UV” en la que insiste un diputado local de Veracruz es presuntuosa, impertinente y muestra desdeño por su autonomía, dado que no es del conocimiento de la comunidad universitaria

Hablando a nombre de la comunidad universitaria y expresando la necesidad de que ésta participe colectivamente en la definición de su rumbo futuro, un diputado local justifica, por cierto de manera irrespetuosa, la necesidad de modificar la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios de Veracruz. Sus expresiones no sólo denotan desconocimiento sobre las distintas modalidades, niveles, criterios y tiempos que rigen la participación de los universitarios en prácticamente todas las universidades autónomas del país, sino que pretende irrumpir en un campo altamente especializado, el de la legislación universitaria, que ha sido forjado en México por destacados expertos jurídicos a lo largo de más de ochenta años de autonomía universitaria y que en los últimos veinte ha sido objeto de innovaciones consideradas como referentes en Latinoamérica.



Un número significativo de universidades autónomas del país lograron trascender la crítica pública, en ocasiones bien sustentada, de operar como sistemas sociales cerrados. Las nuevas disposiciones normativas para abrir sus puertas a la participación social en sus estructuras de concertación y planeación universitaria; las evaluaciones externas; la rendición de cuentas; las auditorias; la certificación externa de sus procesos y resultados; la colaboración intersectorial concertada; las alianzas estratégicas con el sector público, privado, social y no gubernamental; la búsqueda de fuentes de financiamiento alternas al subsidio; los proyectos de responsabilidad social dirigidos tanto a los sectores más vulnerables como a los de mayor dinamismo socio-económico; y un mayor énfasis en el liderazgo académico altamente calificado como esencia del gobierno universitario son sólo algunos ejemplos de los avances normativos logrados en el sistema nacional de educación superior.

Dicho lo anterior, todos sabemos la distancia que existe entre la norma, esto es el deber ser, y lo que realmente sucede en el quehacer de nuestras instituciones. Nuestra inclinación nacional por cambiar las normas para mejorar nuestro desempeño y, en consecuencia, nuestra realidad, se queda corta porque no ponemos el mismo acento en un hecho fundamental: que todos debemos actuar conforme a ellas. No funcionan nuestros sistemas de evaluación, seguimiento, incentivos y consecuencias asociadas a la actuación responsable o irresponsable ni a la entrega de resultados diferenciados. Nos resistimos a ello, y mientras eso suceda, ninguna nueva ley, ningún órgano de gobierno logrará el milagro mexicano.

En el terreno universitario, como en cualquier otro, sucede lo mismo. A final de cuentas, el desempeño institucional depende del esfuerzo colectivo y del liderazgo compartido. En cada posición deben estar las (los) mejores líderes; que sepan convocar y organizar la fortaleza individual de cada equipo de trabajo para definir el rumbo colectivo y lograr las metas comprometidas.



Un comentario adicional: quienes conocen la historia de la educación superior en México, saben que las universidades públicas son las mejores aliadas para alcanzar metas sociales de largo alcance. Suman fuerza y acción en los programas gubernamentales, del sector privado, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y las redes internacionales. La coordinación concertada es herramienta clave en dicho propósito.

Los casos de confrontación universitaria ante el poder público se han presentado en entidades federativas como Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Nayarit, Oaxaca, Guerrero,

Veracruz y, de manera emblemática en la capital del país, cuando se agrede su autonomía, cuando se actúa autoritariamente y sin respeto a su naturaleza y funciones.

La pregunta obvia sería ¿qué hay de fondo en la insistencia de someter a la comisión correspondiente de la legislatura estatal una “iniciativa de ley” que la comunidad universitaria desconoce y a la que no se ha consultado? ¿Es una mera ocurrencia de un diputado despistado?, ¿es una acción premeditada para producir revueltas en la UV y en la sociedad?, ¿es una acción que cuenta con el visto bueno de una fracción significativa del Poder Legislativo?.

Los representantes populares del poder legislativo de nuestro estado tienen, en esta etapa, la palabra.