Agremiados del Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio del Instituto Veracruzano de la Vivienda (SETSIV) aseguran que la administración del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, heredará conflictos a la gobernadora electa, Rocío Nahle.
El problema, que continúa escalando dentro del organismo, involucra incumplimientos en la entrega de terrenos pagados por los propios trabajadores, acoso laboral y abuso de poder, según señalan los empleados.
Jacobo Alejandro Castillo, secretario general del sindicato, junto a otros trabajadores, señalaron al gerente general de INVIVIENDA, Hazael Flores Castro, por no cumplir con la entrega de terrenos ya pagados en su mayoría por 71 empleados para la construcción de viviendas.
Según los testimonios de los afectados, los terrenos, ubicados cerca del Parque Natura, fueron reclasificados como Área Natural Protegida, impidiendo su desarrollo habitacional: "Pagamos por esos lotes y ahora nos dicen que ya no pueden usarse para viviendas. Nunca nos respetaron las tierras que ya liquidamos", comentó Castillo.
Además, acusó a Flores Castro de bloquear la asignación de nuevas plazas y bases laborales, lo cual afecta a los trabajadores jubilados y renunciantes, una facultad establecida en el contrato colectivo. Actualmente el sindicato ha solicitado una permuta para obtener terrenos viables donde construir sus viviendas, pero las gestiones han sido bloqueadas por Flores Castro y su equipo.
“Ellos tienen polígonos para poder realizar una permuta; hicimos un recorrido con INVIVIENDA frente al Nido del Halcón, por Arco Sur y otro por el C4, pero se han negado”, mencionaron.
Favorecen a otro sindicato
Además del problema de los terrenos, los trabajadores denunciaron un ambiente de acoso laboral y sexual promovido por Flores Castro. Empleados señalan que se han fabricado actas administrativas con el fin de despedir a quienes no cumplen con las directrices impuestas por el gerente.
Asimismo, acusan al directivo de obligarlos a participar en eventos de la organización política "Unidos Todos", encabezada por Eleazar Guerrero Pérez, primo del gobernador.
El líder sindical subrayó que, durante la administración de Flores Castro, muchos trabajadores han sido forzados a jubilarse y al menos 20 empleados han renunciado debido a la presión laboral.
"Nos obligan a asistir a eventos políticos y, si nos negamos, nos niegan permisos o inventan pretextos para despedirnos", denunciaron.
Trabajadores están hartos
Uno de los empleados afectados narró que el polígono asignado para sus viviendas fue convertido en un área protegida por decisión del Ayuntamiento en 2021. "Nos dicen que no hay vuelta atrás, que es casi imposible cambiar el uso de suelo en el Congreso. Es tiempo perdido y dinero que hemos invertido en un proyecto que nunca se concretará", expresó un trabajador afectado.
Otro trabajador señaló: "El lote costaba alrededor de 57 mil pesos, pero hoy no se compra nada con esa cantidad. Nos quieren devolver el dinero, pero con un valor que ya no sirve para adquirir nada".
Además, explicaron que, desde enero de 2023, cuando se concluyó el pago de los lotes, no se les ha devuelto el dinero, a pesar de que el cambio de uso de suelo fue realizado en noviembre de 2021.
Difunden boletín
El 26 de septiembre, los trabajadores emitieron un boletín donde exponen públicamente los abusos cometidos por Hazael Flores Castro y su equipo.
En el documento piden la intervención de la gobernadora electa Rocío Nahle para detener lo que describen como "malos tratos emocionales y psicológicos". El boletín acusa también a Victoria Arriola García, subgerenta de Recursos Humanos, y otros directivos del organismo de participar en actos de acoso.
“Nos obligan a participar en actos políticos de 'Unidos Todos', y si nos negamos, perdemos nuestro empleo. Nos han forzado a pagar por eventos, pintar bardas y asistir a mítines, bajo la amenaza de despido”, se lee en el comunicado.