Alcalde de Actopan no teme intervención a Tesorería; rechaza revocación de mandato

El acalde de Actopan se pronunció a favor de la intervención de la Tesorería, pero en contra de la revocación de mandato. “Es un abuso de autoridad, expresó.

Además, agradeció la solidaridad de sus compañeros panistas de Veracruz y del país.

Aunque consideró que es un “exceso”, el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, se pronunció a favor de la decisión que tomó la LXV Legislatura del Estado para intervenir la Tesorería de Actopan.



“Porque esto confirmará que hemos tenido tesoreros corruptos que violentaron la Ley”.

Sin embargo, se pronunció en contra de la revocación del mandato y separación del cargo, porque ya se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se aclaren todas las dudas que existen en el manejo de las finanzas y la administración pública.

“Agradezco la solidaridad de mis compañeros panistas de Veracruz y de todo el país. Las muestras de respaldo que he recibido son invaluables. Reconozco la valentía de los diputados de mi partido que públicamente en tribuna señalaron y se opusieron a esta infamia”, destacó.



Dijo que si el Congreso decidió intervenir la Tesorería “estoy de acuerdo, porque eso confirmará que hemos actuado con apego a la ley y con transparencia y que las denuncias penales que hemos presentado en contra de los tesoreros Pedro Benítez Domínguez y María Nelly Alarcón Gil, están fundadas y cuentan con todos los elementos para demostrar que cometieron delitos en contra del patrimonio municipal”.

José Paulino Domínguez Sánchez se pronunció en contra de la revocación del mandato promovida por el Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, por ser un abuso de autoridad y por estar fuera del margen de la legalidad.

“Con esta acción, el Fiscal demuestra que es un ignorante de la ley”, al comparecer en persona ante el Congreso del Estado, junto con la Síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas para manifestar “que los suscritos nos hemos puesto a disposición de la Fiscal General del Estado, a efecto de declarar, y aportar pruebas respecto de cualquier denuncia en nuestra contra”.



Esto, indican, “deja sin efecto la determinación de las Comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales de la sexagésima quinta legislatura en su sesión de fecha 22 de enero de 2020 resuelven el pedimento formulado por el encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues en dicha resolución, en el acuerdo segundo, determinan la procedencia del pedimento del ministerio público, por considerar satisface los requisitos de procedibilidad”.

“Toda vez que como se ha los suscritos nos hemos puesto a disposición respecto a las denuncias en nuestra contra por lo que dejaría sin efecto el pedimento solicitado por el Fiscal anticorrupción. En ese orden de ideas deben de dejar insubsistente la determinación citada, a fin de no violentar la garantía de audiencia y el principio al debido proceso que los suscritos tenemos derecho”, indican.

Con estos fundamentos legales, los ediles piden que “se abstenga de continuar dicho procedimientos en razón de que los suscritos nos hemos puesto voluntariamente a disposición de la Fiscal General a fin de declarar, y aportar pruebas, una vez que nos sea informado respecto de qué denuncias existan en nuestra contra”.



A su vez, piden a los Magistrados que integran el Tribunal Electoral de Veracruz, una solicitud de efectivo apercibimiento para la Protección de sus derechos político electorales, dentro del expediente TEV-JDC-3/2020.

A la Encargada de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns le piden respetuosamente, “nos informe cuales son las denuncias que existen en nuestra contra”.

“Nos ponemos a disposición a efecto de declarar, y aportar pruebas, una vez que nos sea informado respecto de qué denuncias existan en nuestra contra, a efecto de no violentar el principio a una adecuada defensa lo establecido en el artículo 17 de la constitución Política Mexicana establece que ‘Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.



Añaden que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

“Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales’, es decir, que las autoridades deben siempre velar que a las personas que sean parte de un procedimiento y/o juicio deben de velar por administrar justicia pronta, de igual manera protegiendo el debido proceso, en virtud de que si este es acobijado por los lineamientos jurídicos que estipulen las leyes de la materia, no se violentaría ningún derechos humano y/o principio jurídico consagrado en la Constitución Federal”.

Por lo antes expuesto y fundado insisten en que se les informe “cuáles son las denuncias que existen en nuestra contra” “a efecto de no violentar nuestra garantía de audiencia, nos tenga a disposición a efecto de declarar, y aportar pruebas respecto de cualquier denuncia en nuestra contra”, concluyen.