AMLO quiere proteger a Assange, mientras México es el país más peligroso para periodistas

Este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que ofrecerá asilo político y buscará que se indulte al periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien es acusado de 18 delitos, entre los que se encuentran los de espionaje, filtración de documentos de defensa nacional y conspiración en Estados Unidos.

El Presidente incluso ofreció realizar las gestiones necesarias para que su Gobierno le brinde protección.

Sin embargo, aunque el Mandatario ofrece proteger al periodista australiano, su administración ha fracasado en la protección a los reporteros mexicanos.



Apenas el pasado 29 de diciembre de 2020, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer el Informe “Balance 2020: Periodistas Asesinados”, en donde señala que en México existe una “barbarie con total impunidad”, pues en 2020 nuestro país consolidó su primer puesto como el país más peligroso para ejercer el periodismo, con 8 homicidios de comunicadores durante el año.

De esa cifra, dos ocurrieron en Veracruz: el asesinato de María Elena Ferral, ocurrido en Papantla el 30 de marzo de 2020; y el homicidio de Julio Valdivia, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado en Tezonapa el día 9 de septiembre del año pasado.

Detrás de México, como países más mortíferos se encuentran Irak, con 6 homicidios; Afganistán, con 5; y la India y Pakistán, con 4.



Assange, periodista buscado por la justicia estadounidense por la filtración de miles de documentos clasificados, ha sido un férreo defensor del derecho a la información y ha señalado que gracias a su filtración de documentos, puso al descubierto los abusos perpetrados por las fuerzas militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak.

Por el contrario, en la misma conferencia de prensa en la que anunció el ofrecimiento de protección a Julian Assange, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al considerarlo un gasto innecesario.

En su opinión, ese trabajo podría ser realizado la Secretaría de la Función Pública (SFP), que depende directamente del Presidente de la República y fue la responsable de absolver a Manuel Bartlett Díaz de cargos de corrupción, pese a no haber declarado 23 casas de lujo ubicadas en el Valle de México.



Es así que, el Presidente de la República busca posicionarse a nivel internacional como defensor de la libertad expresión y el derecho a la información, cuando ha fallado en proteger a los periodistas nacionales y pretende desaparecer al organismo garante del derecho a la información de los ciudadanos.