Andrade propone realizar a diputados, exámenes toxicológicos dos veces por año

El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Andrade Sánchez, propuso un anteproyecto de punto de acuerdo para realizar exámenes toxicológicos, dos veces al año, a los diputados locales y a los mandos medios de la estructura del Poder Legislativo.

La propuesta no sólo involucra a los diputados, sino también a los titulares de las Secretarías, de Servicios Legislativos, de Fiscalización y de Servicios Administrativos y Financieros; así como Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de departamento y Jefes de oficina.

“El presente acuerdo tiene por objeto que los diputados y servidores públicos de mando superior del Congreso del Estado, se sujeten a examen médico o de laboratorio de carácter toxicológicos, necesario para asegurar que su desempeño público no se vea afectado o influenciado por el consumo de fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la ley”.

En caso de aprobarse el anteproyecto, la Secretaría General del Congreso del Estado instrumentará un programa para cumplir de manera ordenada y garantice que los exámenes toxicológicos que se practiquen se efectúen a través de laboratorios y profesionales con reconocimiento nacional o internacional.

En caso de que algún servidor público diera positivo en los resultados de laboratorio, podría ser separado temporal o definitivamente del cargo por necesidades del servicio o pérdida de la confianza.

Los resultados de los exámenes practicados podrán ser consultados públicamente.

“A solicitud del interesado, el Congreso podrá requerir a las instituciones de Salud del Gobierno del Estado, que otorguen las facilidades a los servidores públicos que resultaran positivos en dichos exámenes a fin de que sean atendidos mediante programas de rehabilitación”.

Los exámenes toxicológicos se deberán realizar dos veces al año por persona, distribuidos de manera proporcional, o las veces que sea preciso conforme a las indicaciones de orden técnico y científico aplicables, atendiendo a las necesidades del servicio público y a la prestación del mismo.

Para efectos del acuerdo no se considerarán los medicamentos o fármacos que se administren por prescripción de profesionales de la medicina o de profesiones afines.

En la exposición de motivos, Andrade Sánchez, señaló que el consumo de sustancias prohibidas y sus consecuencias constituye uno de los principales problemas de salud pública, por lo que el Poder Legislativo no puede permanecer ajeno.

Será la Junta de Coordinación Política la que analice la propuesta y elabore el dictamen correspondiente.