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Sección: Estado de Veracruz

Ante desapariciones, Gobierno de Veracruz sólo tiene discursos; podría ser juzgado

- Aunque declaren “crisis humanitaria”, no atienden casos con seriedad: Especialistas

- Impunidad permitida por Estado podría llevarte ante Corte Interamericana de DDHH

- En Veracruz apenas hay una sentencia por delito de desaparición forzada

Ángel Camarillo Xalapa, Ver. 01/09/2020

alcalorpolitico.com



En México y en Veracruz, el Estado no atiende con seriedad las desapariciones de personas y por lo tanto, sólo hay “discursos banales” ante la situación, alertó la consultora y capacitadora en derechos humanos y género, Luisa Freyre.

Al participar en el conversatorio “Desaparición forzada: Crimen del Estado” del programa DefiendeTV, transmitido por TeleClic.tv, la especialista advirtió que aunque el gobernador Cuitláhuac García declaró una crisis humanitaria por desapariciones cuando asumió el cargo, dicha declaratoria nunca se turnó al Poder Legislativo.

"No se ha tomado con seriedad la desaparición forzada y es ocupada para eventos públicos, políticos y de discursos banales que no llevan a nada, si la declaratoria humanitaria en Veracruz hubiera sido con tal seriedad ante el Congreso, con un compromiso a la sociedad veracruzana, se irían resolviendo cada uno de los casos que se han presentado en la entidad".



Detalló que estudios revelan cifras de hasta 70 mil personas desaparecidas en México, advirtiéndose el incumplimiento del Estado con los casos.

Por ello, señaló la probabilidad de juzgar al Estado Mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por delitos de lesa humanidad.

Además, Luisa Freyre advirtió de la existencia de un problema de género por las desapariciones de mujeres y niñas menores de edad, en una proporción más alta en comparación con varones.



“Desde los estudios que se han hecho por organizaciones de la sociedad civil y los datos de Gobernación encontramos que estas víctimas tienen especificidades en cuanto a porcentaje y edades”, dijo.

De este modo, la Secretaría de Gobernación revela que los caso de niñas, niños y adolescentes, un 66 por ciento corresponden a mujeres y un 34 por ciento hombre; mientras en el caso de adultas y adultos jóvenes de entre 20 a 39 años, la proporción se invierte: 79 por ciento hombres y 29 por ciento mujeres.

"Podemos leer que en este grupo de 66 por ciento mujeres y 34 por ciento hombres, están existiendo delitos de trata de personas, tráfico de menores y otros delitos relacionados con violencia sexual y apropiación de los cuerpos de las mujeres", dijo.



Advirtió que en tales desapariciones, el Estado debe iniciar la investigación con perspectiva de género y con un enfoque para privilegiar el interés supremo de niñas, niños y adolescentes.

"Pensar que cada una de estas personas, que se deberá investigar su caso, están involucradas entidades federativas en distintos tiempos y circunstancias".

Debe respaldarse a madres de desaparecidos



En este sentido, Freyre pidió a toda la sociedad sensibilidad ante los movimientos de colectivos de familias de desaparecidas y desparecidos, porque cada concentración y protesta "es un grito de esperanza" para localizar a sus personas ausentes.

"Y aquí se pone a prueba la dignidad de cada una de ellas, donde se apropian de la búsqueda como si fuera su obligación", dijo.

Por su parte, el integrante la asociación civil “Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos”, Alberto Jove, observó que de 2001 a 2019 se han emitido 24 sentencias en el país por desapariciones forzadas, mientras que en el estado de Veracruz sólo existe una pese a la gran cantidad de casos.



"Y algo está pasando porque esta impunidad sigue, esta declaración humanitaria no refleja con estas tendencias y tenemos que instar a las autoridades estatales y federales que cumplan con sus obligaciones y con la Constitución", dijo.

Además, coincidió con Luisa Freyre en la inexistencia de una voluntad por parte de las autoridades para atender el tema.

"Las víctimas exigen sus derechos y demandan que el estado mexicano cumpla con la obligación de investigar, sancionar y reparar el daño provocado por el Estado", dijo el postulante.