Anulan sentencia contra expolicías de Papantla por desaparición de jóvenes

La declaratoria de culpabilidad y sentencia de 30 años contra expolicías municipales de Papantla por el caso de desaparición forzada de tres jóvenes en 2016, ha quedado sin efecto y tendrá que reponerse su audiencia de sentencia.

La Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolvió, a través del Toca Penal 84/2018, la reposición del proceso en contra de los 8 expolicías acusados del Delito de Desaparición Forzada, esto luego del recurso de apelación que presentó la defensa.

Esto ocurre un día después de que el alcalde de Papantla, Mariano Romero González, acompañado del gobernador Cuitláhuac García, atendiera una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ofreciera una disculpa pública a las familias de Alberto Uriel Pérez Cruz, de 19 años y Luis Humberto Morales Santiago, de 18 años.



Los jóvenes fueron detenidos arbitrariamente el 19 de marzo de 2016 y desaparecieron junto a Alan Ticante Olmedo, de 24 años, por cuyo caso no hay ningún culpable aprehendido.

De acuerdo con el resolutivo emitido por la Quinta Sala, se contaminaron algunas pruebas presentadas en las audiencias de la etapa intermedia, por tal motivo se solicitó la revisión del caso, ordenando la reposición del proceso judicial desde dicho momento procesal.

Hasta el momento, la Unidad Integral de Procuración de Justicia no ha sido notificada de dicho resolutivo, pero se presume que la defensa buscará hacer válido un juicio abreviado y los expolicías pasen menos tiempo en la cárcel, tomando en cuenta el tiempo que ya llevan recluidos.

Se ofreció disculpa sin atender recomendaciones

Justo ayer martes, familiares de tres jóvenes desaparecidos reprocharon al gobernador Cuitláhuac García, al Ayuntamiento y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se ofrezca una disculpa pública sin dar cumplimiento a las recomendaciones por este caso.



Durante el evento de disculpa que ofreció el alcalde Romero González, las familias advirtieron que a tres años del caso no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, no han recibido la reparación del daño, no tienen apoyo psicológico, los retrasos de la Fiscalía continúan y quedan pendientes por procesar a los involucrados por delincuencia organizada.

“A tres años y medio de la desaparición de nuestros hijos y a más de dos años de haberse formulado la recomendación por violaciones graves a derechos humanos (...), el seguimiento y cumplimiento de dicha recomendación (ha sido) deficiente e insuficiente para proteger, reparar y sancionar las graves violaciones que la motivaron”, dijo Blanca Ninfa Cruz Nájera, en representación de las víctimas.

Exhibieron que no se ha completado la reparación del daño, no han recibido compensación o indemnización, pues con el apoyo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas apenas se hace el estudio para acceder a estos recursos.

Asimismo, criticaron que la Fiscalía General del Estado “no ha sido capaz de ofrecer ni verdad ni justicia”, advirtiendo que no existe constancia de que los funcionarios que incurrieron en irregularidades en la integración del caso hayan sido sancionados.

Ahora, se informa que la sentencia contra los expolicías detenidos cayó y podrían pasar menor tiempo en prisión.