Aprobada la ley que típica el feminicidio en Veracruz, con penas de 40 a 70 años de prisión

Con el clamor de “ya no más crímenes en contra de las mujeres, la tarde noche de hoy, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una serie de reformas que tipifican el feminicidio como delito, que ahora se castiga de 40 a 70 años de cárcel.

Con un auditorio repleto de mujeres integrantes de diversas organizaciones sociales, civiles y no gubernamentales, los legisladores emitieron 49 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Y es que también se imponen de 5 a 8 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público a la autoridad que, teniendo la obligación de evitar o investigar la comisión del delito de feminicidio o de cualquier otro en contra de las mujeres, mediando el dolo o discriminación de género, no lo hiciere o incurriere en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones que faciliten la comisión del delito.

También comete este delito, quien desobedezca una medida precautoria, o medida u orden de protección dictada por el Ministerio Público o por una autoridad judicial.

Cuando la ley autorice el empleo de medios de apremio, el delito sólo se consumará después de haberse agotado aquéllos.

Se aplicarán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones o resista el cumplimiento de una orden cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal. De emplearse violencia física o moral, la sanción se agravará hasta en un año.

Con las reformas a las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, Veracruz es ahora el séptimo estado de la República en tipificar el feminicidio como delito, después de Morelos, Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero y Guanajuato.

Las reformas establecen que cuando no sea posible la identificación de los cadáveres, el Ministerio Público investigador deberá determinar y supervisar que los restos humanos sean preservados adecuadamente por el lapso de un año, manteniendo la cadena de custodia respectiva; transcurrido este tiempo, se procederá a inhumarlos.

El Ministerio Público investigador deberá asegurarse que el lugar donde sean inhumados los cuerpos permita su exhumación. De manera previa a la inhumación, deberán realizarse moldes dentales y tomarse las muestras necesarias para realizar análisis de ADN. Esta información deberá ser preservada, con el fin de que pueda ser recuperada y reanalizada posteriormente. La información genética obtenida deberá incorporarse a una base de información genética.

Los cambios establecen que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer y exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad.

Además que exista o haya existido una relación laboral, escolar, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad y la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

El feminicidio también se tipificará como tal cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver, o este sea Mutilado.

Así como existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; y el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o la víctima haya sido incomunicada.

Las reformas también incluyen al feminicidio en la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que sean necesarios para la recuperación de la salud física y mental de la víctima.

En el caso del delito de feminicidio, el Juez o el Ministerio Público podrán imponer medidas precautorias como la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside, la obligación de someterse a las medidas reeducativas integrales y gratuitas establecidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia.

Aunado a la obligación de someterse a vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez; presentarse periódicamente ante el juez o el ministerio público; e incluso la colocación de localizadores electrónicos.

Además de la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares; prohibición de convivir o comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa; La separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres y personas menores de edad, o incapaces o delitos sexuales y cuando la víctima u ofendido conviva con el destinatario de la medida.

De acuerdo con las comisiones especiales del Feminicidio, en Veracruz mil 737 niñas y mujeres han sido asesinadas dolosamente en el período de 2000 a 2010.

Según datos del INEGI correspondiente al año 2009, se registraron 101 casos de muerte de niñas y mujeres con presunción de homicidios lo que coloca a nuestro estado en el lugar número 15 en el conjunto de entidades federativas, por tasa de presunción de homicidios de mujeres.

La tendencia fue al aumento de casos, pues en el año 2007 se presentaron 44 casos y en el año 2009 aumentaron a 101 casos. Se trata pues de un problema creciente que en nuestro estado de 1985 a 2009 ha privado de la vida a 1456 mujeres desde la infancia temprana hasta la vejez.

El 5.8 por ciento de las defunciones femeninas con presunción de homicidio corresponden a bebés de menos de cinco años, esto significa que una de cada 17 mujeres privadas de la vida, apenas comenzaba a crecer. Aunque la mayor victimización se produce entre las jovencitas ya que la edad más frecuente en las muertes con presunción de homicidio se ubica entre los 20 y los 24 años. Los legisladores manifestaron con este paso se refleja la preocupación por proteger al género femenino y castiga diversos tipos de violencia en contra del género femenino, porque “mueren más mujeres a causa de la violencia, que de cáncer”.

Este nuevo marco jurídico surgió de las iniciativas que presentaron por separado el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el diputado panista Fernando Yunes Landa, concretamente la del Ejecutivo contempla penalidad de 40 a 70 años de prisión para quienes priven de la vida a una mujer u ejerzan otros tipos de violencia en contra de ellas.

Durante la sesión extraordinaria, diputadas de los grupos legislativos del PRI, PAN, PANAL subieron a la tribuna legislativa, para elogiar la aprobación de esa ley, considerada como un acto de justicia social, “pues el feminicidio además de ser delito, se puede considerar como intolerancia y el que se siga utilizando a la mujeres como objetos.

Al respeto la integrante de la Comisión de justicia del Congreso Local, Olga Lidia Robles Arévalo, dijo que a “estas alturas de acuerdo con la organización mundial de la salud, mueren más mujeres a causa de la violencia, que de cáncer, en este mismo momento en que estoy en esta tribuna, algunas mujeres en el país, están a punto o están siendo asesinadas, en razón de su género”. Dijo que con esta ley, toda mujer veracruzana tendrá derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, su libertad personal, su seguridad y dignidad.

La diputada de Acción Nacional, Rosa Enelva Vera Cruz, aseguró que del 2005 al 2009 se ha incrementado en un 40 por ciento las agresiones de las mujeres, en el caso de Veracruz, dijo que en el 2009 se registraron 101 casos de muerte niñas y mujeres.

Reconoció que se trata de un problema creciente ya que en la última década se han privado de la vida a mil 456 mujeres desde la infancia temprana a la vejez, dijo que Veracruz hoy cuenta con una ley de avanzada para proteger al género femenino.