La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó incorporar el término “violencia política de género” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las féminas que se encuentran en cargos políticos o aspiran a ellos, no sean discriminadas.
La finalidad es que se les permita ejercer sus cargos como funcionarias o legisladoras sin que restrinjan sus derechos o sus propuestas; sin embargo, hay mujeres en cargos públicos que no laboran a la par de los hombres.
Tan sólo en la Cámara de Diputados, las legisladoras que representan al estado de Veracruz, han tenido un trabajo legislativo casi nulo o nulo, desde septiembre de 2012 que iniciaron sus labores, hasta la fecha.
Las congresistas Alma Jeanny Arroyo Ruiz (PRI), Regina Vázquez Saut (PRI) y María Guadalupe Moctezuma Oviedo (PRD) no han ingresado una sola iniciativa como proponentes.
Verónica Carreón Cervantes (PRI), Zita Beatriz Pazzi Maza (PRI) y Araceli Torres Flores (PT), lograron una sola iniciativa en las primeras semanas del primer periodo de sesiones,
las cuales fueron desechadas.
Por otro lado, Yazmin de los Ángeles Copete Zapot (PRD), logró dos iniciativas; sin embargo, fueron desechadas; no obstante, Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) tiene tres iniciativas, dos pendientes y una desechada.
La legisladora más productiva ha sido
Marina Garay Cabada (PRI), quien presentó 4 iniciativas como proponente, de las cuales, 3 están pendientes y una fue aprobada.
Cabe recordar que la Cámara les proporciona un asesor gratuito para que puedan trabajar en sus iniciativas, así como también todas las facilidades informativas para crearlas.
La Comisión de Igualdad de Género definió como violencia política de género a todo aquel acto en contra de la mujer cuando se encuentre en campañas políticas, o tenga cargo de función pública, lo cual impida que realice su trabajo.
Aunque el dictamen aún tiene que ser aprobado por las comisiones de Gobernación y de Justicia advierte que la violencia en cuanto a política de género, afecta negativamente a las mujeres, “pues daña su autoestima, su credibilidad política e inhibe el deseo de otras a incursionar en este ámbito”.
“Es evidente que esta modalidad tiene diferentes formas, pero falta una definición clara en las leyes, con el fin de adoptar las medidas formales para erradicarlo, pues ocasiona la inhibición de la participación de la mujer en el quehacer público”.