Aprueban amnistía para indígenas y menores de edad, no reincidentes

Este miércoles, el Congreso local aprobó la Ley de Amnistía que fue enviada por el Ejecutivo estatal misma que beneficia a presos indígenas procesados y sentenciados por delitos menores y que observado buena conducta y que no son reincidentes; así como a las personas que al momento de cometer una conducta supuestamente considerada como delito, eran menores de 18 años.

De acuerdo a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social serán más de 80 presos indígenas recluidos en 13 penales, de los 22 que existen en la entidad, lo que alcanzarán los beneficios de la Ley de Amnistía una vez que entre en vigor.

De acuerdo al dictamen, la amnistía será en favor de todas aquellas personas que al entrar en vigencia este ordenamiento se haya ejercitado acción penal en su contra o hayan sido sentenciadas por la comisión de delitos considerados como no graves en el Código Penal.

Dicho ordenamiento legal –que entrará en vigor una vez publicado en la Gaceta Oficial del estado- también beneficiará a aquellas personas que al momento de cometer una conducta supuestamente considerada como delito, eran menores de 18 años.

Para hacerse acreedor a los beneficios de esta Ley, en principio los reos deberán ser indígenas identificados directamente con su etnia, aún cuando no sean monolingües, así como ser persona en pobreza extrema.

Los indígenas beneficiarios deberán demostrado haber adquirido o demostrado poseer hábitos de trabajo durante su internamiento, observado buena conducta y no se haya fugado o pretendido fugarse de su centro de reclusión. La Ley de Amnistía detalla que además los que sean acogidos no deberán ser reincidentes ni revelar peligrosidad social, ello a criterio de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

En contraparte, deja muy claro que la amnistía no comprende la devolución o el levantamiento de embargo, secuestro o decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito.

Al respecto, el Subprocurador de Asuntos Indígenas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Rubén Darío Mendiola, informó que son al menos 80 reos indígenas los que serán beneficiados con este nuevo ordenamiento legal.

Explicó que los 80 indígenas se encuentran distribuidos en alguno de los 23 penales veracruzanos por delitos menores como robo, lesiones o falta de pago pensión alimenticia.

El funcionario estatal recordó que actualmente la población penitenciaria indígena es de aproximadamente 600 personas que están sentenciadas o bajo proceso, de los cuales –según los primeros estudios- 80 podrían acogerse a dicha iniciativa de ley.