Atiende CEDH queja de panistas por cerco de SSP en Fiscalía

La queja de diputados locales del Partido Acción Nacional por abuso de la fuerza pública, que se interpuso el 3 de septiembre del año pasado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando cerca de mil elementos policiacos impidieron el acceso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, se encuentra en trámite y en la Visitaduría, por lo que pronto habrá de presentarse la propuesta de proyecto de recomendación.

La Presidenta de ese organismo, Namiko Matzumoto Benítez, dijo que el plazo es de seis meses para emitir una recomendación, por lo que el término no se ha rebasado.

Durante la comparecencia de la Presidente de la CEDH, la legisladora del PAN, Monserrat Ortega Ruiz recordó que la queja es en contra del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez; del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; y del Seguridad Pública, Hugo Maldonado, misma que fue ratificada y a casi 5 meses se desconoce el avance de la misma.



Cabe recordar que un grupo de diputados locales de Acción Nacional intentaron ingresar a las instalaciones de la FGE luego de que la Diputación Permanente del Congreso del Estado separara del cargo al titular de ese órgano autónomo, Jorge Winckler Ortiz, sin embargo un grupo de aproximadamente mil elementos policiacos lo impidieron.

Al respecto, Matzumoto Benítez, respondió que la integración de las quejas es de naturaleza confidencial, por lo que no daría información detalla, pero sí de manera general.

Expuso que fue notificada de los hechos y de inmediato instruyó a que acudieran visitadores de la CEDH para verificar lo que estaba ocurriendo y en la medida de lo posible intervenir para que se vulnerarán los derechos humanos, por lo que levantaron actas circunstanciadas de lo que presenciaron.



“Puedo adelantar, como es del conocimiento de todo mundo, la Fiscalía General del Estado es un edificio público, que salvo por razones de imperiosa necesidad, se justificaría que no se permitiera la entrada, no solo a alguien que ostenta un cargo público, de representación popular o no, sino a cualquier ciudadano; con esto no estoy prejuzgando sobre el fondo del asunto, estoy hablando de algo que es absolutamente notorio”.

Insistió que impedir el acceso a cualquier persona a un edificio público solo puede justificarse bajo razones de extrema necesidad imperiosa que tengan como finalidad evitar que se genere un daño de imposible de reparación.

Añadió que respecto a la queja se están desahogando todos los procesos, por lo que está en trámite y turnada a Visitaduría para iniciar el proyecto de recomendación.



“Estamos dentro del término que establece la Ley para emitir una recomendación