Auditarán licitaciones para crear Ciudades Judiciales de Veracruz

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) audita los procesos de licitación de las 21 Ciudades Judiciales, cuyo resultado será incluido en un Informe Especial dentro del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la referida cuenta.

Las Ciudades Judiciales, algunas en ejecución y otras en proyecto, estarán en Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río, Tierra Blanca, Álamo-Temapache, Tampico Alto, Naolinco y Las Choapas.

La revisión al Poder Judicial se lleva a cabo mediante dos auditorías, una de Legalidad y otra Técnica-Financiera, con la finalidad de analizar los contratos de licitación para la construcción de las 21 Ciudades Judiciales, a través de Asociaciones Público-Privadas.



Ello, debido a los señalamientos que en su momento hizo un grupo de empresarios constructores e incluso abogados, respecto a irregularidades en la asignación de las obras.

Cabe recordar que la 64 Legislatura de Veracruz, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, autorizó al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Humberto Álvarez Peña, a celebrar, por conducto del Consejo de la Judicatura, uno o más contratos de asociación público-privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 21 Ciudades Judiciales.

Las Ciudades Judiciales consisten en uno o varios edificios destinados a oficinas e instalaciones para operar como centros de impartición de justicia y que, según las necesidades de cada municipio en que se construyan, podrán contar con: juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.



El Decreto aprobado señaló que el Poder Judicial debía sujetarse a las disposiciones legales aplicables y a los límites establecidos a continuación:

El monto total de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de la celebración de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 5 mil millones de pesos, más impuesto al valor agregado, los rendimientos y el mantenimiento (precios a 28 de Septiembre de 2017).

El monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 17 millones de pesos más IVA (a precios de 28 de Septiembre de 2017), mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación).



Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Judicial podrá licitar los contratos de asociación público-privada de manera conjunta o separada, asignando a cada contrato el monto que le corresponda.

El plazo máximo autorizado para cada uno de los contratos de asociación público-privada será de hasta 25 años, contados a partir de la fecha de conclusión de las obras del respectivo contrato.