Aumentaron en CEDH recomendaciones por violaciones graves de derechos: Namiko

La Comisión Estatal de Derechos Humanos observa un incremento en el número de recomendaciones contra violaciones graves a derechos humanos; admitió la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez, en entrevista con Roberto Mercado en DefiendeTV, transmitido por TeleClic.

Sostuvo que en 2016, la Comisión emitió 8 recomendaciones por violaciones graves; sin embargo, en 2017 la cifra creció a 20 recomendaciones y en el actual 2018, se giraron 9 recomendaciones por delitos graves.

Tales recomendaciones de la CEDH refieren a agravios contra el derecho a la vida, desaparición, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y tres recomendaciones mixtas por desaparición forzada y ejecución extrajudicial.



En esta tres últimas, en específico, Namiko Matzumoto aclaró que se enviaron a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado.

Al abordar el tema de las desapariciones forzadas de personas, Namiko Matzumoto enfatizó en el hecho de que tal delito representa una violación pluriofensiva a los derechos, dado que no sólo incluye la sustracción o la privación ilegal de la libertad, sino una ejecución extrajudicial y un agravio al derecho a la vida.

"Usualmente una desaparición forzada termina en una ejecución extrajudicial (...), se atenta contra la integridad personal y las personas pasivas de esta conducta delictiva usualmente son torturadas, con lo cual se afecta la integridad personal y los derechos de la personalidad jurídica, porque la sustraes totalmente del ámbito de protección de la norma", abundó.



En el caso de recomendaciones por desapariciones (no forzadas), Namiko Matzumoto aclaró que la recomendación se dirige a la FGE por existir una posible dilación en la carpeta de investigación, por omisiones en los servidores públicos o por no desahogarse todas las diligencias contempladas en el proceso.

"Tiene que ver con omisiones en el cumplimiento de su obligación de investigar de manera diligente", abundó.

Al preguntársele el por qué surgen las violaciones graves, Namiko Matzumoto hizo énfasis en dos puntos esenciales incluidos en las recomendaciones; el primero: recomendar sanciones correctivas a los servidores públicos involucrados en tales omisiones y el segundo, la capacitación en derechos humanos de los servidores públicos.



"Hemos tenido un impacto significativo de cierta manera y hemos capacitado a miles de servidores públicos en materia de derechos humanos y las obligaciones específicas que tienen", añadió.

Observó que el problema más grave es la impunidad de tales delitos, sin ninguna relación con la aceptación de las recomendaciones.

"Nosotros tenemos un porcentaje altísimo de aceptación de recomendaciones, al día de hoy sólo tenemos dos autoridades que han rechazado las recomendaciones", dijo.



Y sobre este último caso, resolverá la Comisión Nacional de Derechos Humanos y enfatizó que tales recomendaciones se refieren a ayuntamientos.

"Hay una disposición de parte de las autoridades no sólo de aceptar la recomendación, sino de actuar en consecuencia de haber aceptado la recomendación", expresó.

Incluso, la propia Namiko Matzumoto aseguró que le ha correspondido impartir los cursos en materia de derechos humanos a los policías de Seguridad Pública en casos de uso excesivo de la fuerza.



"La Policía estatal tiene un protocolo para el uso de la fuerza; sin embargo, la ausencia de un protocolo no implica que no puedas hacer uso de otro tipo de herramientas que están ya ahí, que están desarrolladas por organismos especializados nacionales e internacionales", expresó la defensora.

Dicho rubro de los agravios a las garantías individuales merece un análisis desde lo cualitativo por encima de lo cuantitativo, y sobre todo, el impacto contra los derechos arriba descritos.

"Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya se ha establecido que existe un conjunto de normas inderogables, imperativas, de forzoso cumplimiento y respeto cumplimiento de las autoridades y entre éstas está el derecho a no ser desaparecido forzadamente, a no ser discriminado, la prohibición absoluta de la tortura, tratos crueles y degradantes, el derecho a la vida, etcétera", explicó.



Recalcó que la CEDH actúa mediante queja o bien por oficio, esto último, de acuerdo a la información aportada en medios de comunicación y de la cual, el organismo da monitoreo y seguimiento.

TAMBIEN INCURRE SS EN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Namiko Matzumoto Benítez admitió que también emitió recomendaciones a los Servicios de Salud de Veracruz, con dos recomendaciones a dicha dependencia.



"En algunos casos se han dejado secuelas importantes que se deben atender" enfatizó la abogada.

Un punto importante es el hecho de que se ha exhortado a las autoridades de no revictimizar a las víctimas; en el entendido que justicia retardada es justicia denegada.

"Les decimos: si ya aceptaron la recomendación y tienen la disposición de acatar los puntos recomendatorios, tampoco es correcto que se tarden 80 mil años en cumplir los puntos recomendatorios", sostuvo.



En estos casos de la SS, las recomendaciones versan sobre negligencias médicas y falta de equipo.

"En un caso muy particular fue por la falta de personal médico y no contaba con el equipo para dar seguimiento de la evolución de trabajo de parto", insistió.

Y aunque en muchos casos las dependencias aceptan la recomendación, Matzumoto indicó que no siempre se cumplen todos los puntos recomendatorios y ante tales situaciones, las víctimas pueden impugnar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



Al citar el ejemplo de los Servicios de Salud, la dependencia aceptó la recomendación mas no ejecutó todos los puntos recomendatorios, quedando pendiente la indemnización, específicamente en el caso de Tlaquilpa.

COMISION DE VÍCTIMAS, SIN RECURSOS

Al abordar el tema de la Comisión de Víctimas, Matzumoto Benítez coincidió con el hecho de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito carece de recursos.



Y es que tanto la Comisión de Víctimas Federal como la Local, prevén un "fondo de ayuda y reparación" para costear atención adicional a las víctimas.

"Y no lo tiene porque el Congreso del Estado no lo ha asignado en el presupuesto de egresos, el Congreso fijó un presupuesto para la Comisión de Víctimas, pero lo ocupan para gastos operativos", dijo e hizo la diferencia de entre dos partidas: el gasto operativo y el fondo de ayuda y reparación", insistió.

Defendió que el trabajo de la Comisión está presente y el hecho que insista una CEDH no implica que no vayan a existir violaciones a los derechos humanos, por lo que exhortó a la población a hacer valer sus derechos.



Aunque aclaró que la CEDH no investiga delitos, pero actúa en caso de existir omisiones de parte de la Fiscalía General del Estado y con un protocolo vigente en el caso de todos los delitos, en especial, de los feminicidios.

"No investigamos delitos, conocemos de acciones y omisiones de servidores públicos que se traduzcan en vulneración de derechos humanos y no tenemos competencia en materia jurisdiccional, ni facultad de conocer asuntos labores, electorales y agrarios", enfatizó.