Aunque es delito grave, víctimas de extorsión no denuncian por temor: Baizabal Maldonado

A pesar de que la extorsión es un delito tipificado como grave con una sanción superior a los cinco años de cárcel, las víctimas no denuncian por temor, aseveró Antolín Samuel Mauro Baizabal Maldonado, presidente interino del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Las víctimas temen que los extorsionadores pertenezcan a un grupo delictivo y como consecuencia los vayan a levantar, a matar o afectar a algún familiar, “y se inhiben de presentar denuncia”.

Además, otro factor que inhibe presentar denuncia es que tal vez algunos elementos policiacos pudieran estar coludidos con la delincuencia.

“Yo entiendo el riesgo que correría alguien en cuanto hace a ir a denunciar y con la posibilidad de que algún empleado o la misma policía (…) y al rato le dan una tableada”.

Tal vez sí haya la comisión del delito pero no se tiene el registro de que las denuncias por extorsión se hayan incrementado, por lo que recomendó a la población que pudiera haber sufrido una extorsión a armarse de valor para acudir al Ministerio Público.

Aseguró que el Estado sí protege a los ciudadanos a través de sus cuerpos policiacos, pero mientras no haya una denuncia no se podrá hacer nada para combatir ese delito.

“Es cuestión de echarle valor. No sé cuántos policías existen en el estado para proteger a alguna persona particular, pero la cuestión es de echarle valor, pero insisto, mientras no haya denuncia no se puede hacer nada”.

Respecto a la comisión de delitos, expuso que los más comunes son el robo, incumplimiento de pensiones alimenticias y violencia familiar.

En este último delito, reconoció que se debe principalmente a la irresponsabilidad del varón, “generalmente se da en gente pobre, pero el hombre trabaja y en la medidas de sus posibilidades de proporcionar a sus hijos los alimentos, aunque no sea mucho, pero si no dan nada y aunado a ello se lo gasta el licor, es perjudicial para la mujer”.

El magistrado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, añadió en cada Sala con su respectivo magistrado, revisan 60 expedientes mensuales.
“Cada Sala constituyen tres magistrados, suman 180 expedientes… el Código de Procedimientos Penales y la Constitución, los jueces tienen que emitir sentencia de 8 meses a un año”.

Aunque reconoció que existen expedientes que se retrasan más de un año, sobre todo en delitos de despojo o robo, “por cuanto a que hay llamar a testigos, colindantes, se remontan a escrituras y viene el desahogo de pruebas”.