Autonomía y nuevo rumbo para la Universidad Veracruzana

Tomando en cuenta que en menos de un año tendrá lugar la designación de un nuevo Rector para la Universidad Veracruzana (UV), es un buen momento para que los miembros de la comunidad universitaria comencemos a discutir y hacer propuestas para dar plena vigencia a la autonomía universitaria, hacer un balance de lo alcanzado en los pasados quince años y adelantar conceptos para impulsar un nuevo rumbo al quehacer universitario que renueve y fortalezca las actividades sustantivas de nuestra máxima casa de estudios.

Considero necesario dar paso a estas acciones independientemente de quien ocupe la rectoría el año próximo pues si bien –de acuerdo a la legislación vigente- el rector acumula una gran dosis de poder, en las condiciones actuales es sólo mediante la participación crítica y comprometida de los integrantes de la comunidad universitaria (académicos y estudiantes, principalmente) que pueden sentarse las bases para que la universidad transite a niveles superiores de desempeño.

Para comenzar, es necesario revisar y modificar la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, para adecuarla al momento presente. Hay que someter a revisión la estructura misma de la institución pues, en su forma actual, no es adecuada ni facilita la implantación de nuevas formas de organizar y orientar las funciones académicas, como ha sido el caso del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) –conocido simplificadamente como Modelo Flexible (MOFLE)- y el Proyecto Aula (PAULA); iniciativas que han topado con señaladas dificultades, muchas de ellas derivadas de la estructura y operación de las diversas instancias que actualmente componen nuestra universidad y que no son adecuadas para la operación de dichos proyectos. Y tomemos en cuenta que hay otras propuestas en espera de ser probadas, como sería el caso de la posible, y plausible, departamentalización de la UV. Lo cual, a su vez, nos conduce a buscar la forma en que verdaderamente se descentralicen las funciones universitarias pues, por sus dimensiones y complejidad (una enorme población estudiantil repartida en cinco regiones en las que se ofrecen incontables programas educativos y de investigación, etcétera) la UV requiere, además de la actual desconcentración, otra forma de organización que favorezca –repito- una real descentralización, lo que haría factible la proyectada departamentalización.

Igualmente, de acuerdo a la legislación universitaria vigente, la designación del rector descansa exclusivamente en la decisión de la Junta de Gobierno, algunos de cuyos miembros, al no ser integrantes de la UV, realmente conocen casi nada de la realidad universitaria concreta, por lo que es de suponer que su elección –en cuanto al mejor candidato- está basada en información muy restringida. En pocas palabras, hace falta plantearnos otras alternativas –democráticas por supuesto- para la elección de rector y preguntarnos por la pertinencia de la existencia misma de la Junta de Gobierno.

Otro tema prioritario y que hay que analizar y discutir colectivamente es el relativo al MEIF, pues éste no es un proyecto académico más, sino que se ha constituido desde hace más de una década en el eje rector de la función sustantiva central de toda universidad: la función educativa. Es decir, la implantación y operación del MEIF –o cualquier otro modelo educativo que se pretendiera implantar- debe ser evaluada sistemática y objetivamente pues afecta la formación de decenas de miles de jóvenes. Lo cual se traduce en un examen profundo de todas las dimensiones asociadas al modelo, como serían: el impacto del MEIF en el desempeño académico de los estudiantes, la viabilidad del mismo en cuanto a la infraestructura disponible; las condiciones materiales –incluyendo la dispersión geográfica de facultades e institutos- necesarias para su adecuada operación; las facilidades –físicas y administrativas- para hacer factible la movilidad estudiantil; la adecuación y suficiencia del personal académico para ajustarse al modelo, lo que incluye, por ejemplo, la preparación y facilidades para la impartición de las tutorías, así como determinar si las condiciones y derechos laborales de los académicos son las apropiadas para el buen funcionamiento del modelo, etcétera.

Proponer que el MEIF sea evaluado sistemática y objetivamente quiere decir que se formule un plan de evaluación por parte de un equipo de expertos que tome en cuenta las diversas dimensiones a evaluar y que incluya –como parte del análisis- las opiniones y el sentir de los sujetos directamente involucrados: estudiantes y académicos. Lo que quiero decir es que la evaluación del modelo educativo –en las condiciones presentes de la UV- no puede desprenderse de las deliberaciones de un Foro, sino que más bien son los resultados de la evaluación, conducida por expertos, los que deben someterse a una extensa discusión, que bien puede incluir la discusión en foros abiertos, pero como paso inicial los resultados deben ser dados a conocer públicamente para que así pueda abrirse la discusión a partir de contar con toda la información pertinente.

Además del análisis de estos puntos centrales, habría que discutir y buscar propuestas para modificar otros aspectos de la vida universitaria -y que de una u otra manera impactan en el quehacer universitario-; por ejemplo, el programa de productividad pues en su forma actual no alienta en toda su dimensión una elevación cualitativa de la productividad académica, sino que simplemente motiva a los académicos a realizar un mayor número de actividades, por no mencionar las múltiples quejas sobre las arbitrarias formas de calificar la susodicha productividad. Un buen programa de productividad, como demuestra la experiencia en otras universidades públicas, contribuye efectivamente a incrementar sustancialmente la calidad de la docencia y la investigación.

Finalmente quisiera mencionar otro tema que, a primera vista, parece secundario pero que no lo es: el deterioro creciente en el servicio médico proporcionado al personal académico. Este servicio médico es una excelente prestación con la que contamos todos los académicos pero que –según entiendo- debido a las carencias presupuestarias de la UV se ha decidido hacer ahorros en este rubro que a muchos puede parecerles algo secundario. La verdad es que (y esto afecta más a quienes dependemos en forma permanente del servicio médico para mantener nuestra salud y bienestar, condiciones indispensables para llevar a cabo apropiadamente nuestro trabajo) un buen número de médicos especialistas de primer nivel ha dejado de prestar sus servicios por falta de pago oportuno. También puede mencionarse que en el 95 por ciento de los casos los medicamentos no son surtidos adecuadamente por la farmacia debido a que: (1) hay medicamentos que la universidad ya no costea ( aún cuando sean esenciales en un tratamiento); (2) no hay en existencia, para lo cual se expide un vale para que quien sabe cuando sea surtido (Soy testigo que esto no me ocurre solamente a mí, sino a casi todos los otros compañeros que están en fila); (3) el medicamento recetado por el médico es sustituido por otro de laboratorios que no tienen asegurada la calidad de la fórmula pero que son más baratos. Según me comentó un prestigiado investigador en farmacología estos laboratorios (¿patito?) no garantizan la bioabsorción ni la biodisponibilidad del fármaco.

Los empleados de la farmacia nos indican que esta es la política marcada por la propia UV, supongo que para hacer ahorros ¿a costa de nuestra salud? Lo cual me lleva al escandaloso asunto del equipo de baloncesto Halcones, pues ¿Cómo es posible que se escatimen unos pesos para atender nuestra salud y se derrochen recursos para mantener un equipo deportivo de aparador, de espectáculo solamente, que no reditúa en absolutamente nada a las funciones sustantivas de la UV?

Según datos conocidos, el servicio médico tiene un costo anual (que incluye todas las regiones) de 120 millones de pesos, en tanto que el mantenimiento de los Halcones para la temporada 2012-2013 tendrá un costo de 56 millones de pesos que sirven para cubrir salarios a los jugadores que van de 220 mil a 260 mil pesos mensuales. El servicio médico excluye de su “cuadro básico” un medicamento para el control del glaucoma que tiene un costo de 500 pesos y otro para el control de la hipertensión que tiene un costo similar. Creo que 50 millones de pesos contribuirían a mejorar sustancialmente el servicio médico.

Lo señalado nos hace ver la necesidad de someter también a discusión la forma en que se decide el ejercicio del presupuesto universitario, que requiere no sólo de transparencia sino de mecanismos (normados en una nueva legislación universitaria) que permitan la asignación eficiente de recursos teniendo como prioridad las funciones sustantivas de la universidad (la salud de los académicos es una condición necesaria para ello).

En fin, hay muchos aspectos del quehacer universitario que hay que someter a revisión y reforma; proceso que depende, obviamente, de la voluntad de la propia comunidad universitaria en primer término, tomando como base la autonomía universitaria, y de ahí hacer el intento por darle un rumbo renovado a nuestra valiosa y querida universidad.