Ayuntamientos incumplieron disposiciones al momento de aplicar presupuesto

El presunto daño patrimonial por mil 671 millones 385 mil 720.28 pesos cometido por los 212 Ayuntamientos de Veracruz durante el Ejercicio Fiscal 2020 se originó básicamente por irregularidades o incumplimiento a las disposiciones aplicable en la aplicación de los recursos públicos y en la ejecución de la obra pública.

Entre las principales observaciones financieras-presupuestales en los Ayuntamientos destacan anticipos a sueldos y salarios o de obra pública no amortizados y/o recuperados y traspasos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen.

Saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental, nóminas sin requisitos y expedientes unitarios incompletos, baja de bienes sin cumplir disposiciones legales y adquisición de bienes y/o servicios sin evidencia de aplicación o del servicio prestado.



Otras de las irregularidades detectadas son erogaciones sin comprobación y/o sin evidencia de trabajos realizados, donativos sin evidencia de recepción de los beneficiarios, erogaciones con documentos sin requisitos de autenticidad y saldos no ejercidos de recursos de programas y/o fondos federales.

Además, entre las principales observaciones técnicas a la obra pública figuran falta de factibilidad y validación de proyectos de las dependencias normativas, falta o actualización de títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas y carencia de permisos de descarga de aguas residuales.

Así como falta de documentación comprobatoria del gasto, falta de Actas de Entrega Recepción a las instancias correspondientes, recursos aplicados en rubros o regiones no autorizados en la fuente de financiamiento, falta de acreditación de la propiedad del predio donde se realizó la obra, pagos en exceso por costos elevados y falta de compromiso legal.



Las actuales administraciones municipales concluyen su periodo constitucional el próximo 31 de diciembre, sin embargo, las observaciones deberán hacerse del conocimiento a los servidores públicos o personas responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público, a efecto de que presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente.